Las fiestas del Corpus, especialmente en ciudades como Granada y Sevilla vuelven a poner de manifiesto la vulneración del principio de neutralidad y aconfesionalidad del Estado, ya que en ellas se celebran desfiles procesionales católicos con presencia de autoridades, funcionarios y personal militar.
La celebración de estas procesiones religiosas forma parte de la libre expresión de las creencias de una parte de la ciudadanía, el problema es cuando autoridades públicas y personal de las instituciones del Estado forman parte de estos cortejos en calidad de representantes públicos, rompiendo con ello la imprescindible neutralidad en materia religiosa que debe presidir la actuación de las instituciones públicas y de sus representantes. Estas personas, si así lo desean pueden participar como cualquier otro ciudadano en dichos actos, pero a título personal y no como representantes institucionales.
A nuestro modo de ver un correcto y adecuado entendimiento de la separación efectiva entre el Estado y las confesiones religiosas debe manifestarse también en los usos y costumbres sociales y que dicho principio se aplique a aquellas manifestaciones religiosas que por más que provengan de determinadas tradiciones nada tienen que ver con las funciones institucionales de los poderes públicos en una sociedad democrática.
Que los cargos públicos, y en concreto la Corporación Municipal con el Alcalde al frente, o representantes de otras instituciones del Estado, participen en calidad de tales, formando parte del cortejo procesional transmite una identificación del poder civil con la religión católica, que podría asociarse a otros momentos de nuestra historia, pero que en ningún caso se corresponde con la imagen de un estado aconfesional ni por supuesto respeta el ordenamiento constitucional español.
Por otro lado, que formen parte de la procesión o la acompañen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, o distintas compañías del Ejército, (si bien este año no rendirán honores a la custodia en aplicación de la entrada en vigor el pasado 23 de mayo del reciente Reglamento de Honores Militares), todos los cuales tienen establecida constitucionalmente las funciones de garantizar la seguridad pública o la defensa, no deja de ser una escenificación arcaica de supeditación de los poderes del Estado a una cierta autoridad religiosa, en este caso católica, pero sería válida para cualquier otra.
Y supone una utilización obscena de unas instituciones públicas, como el Ejército o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que nos representan a todos los ciudadanos, sin distinción de creencias o convicciones.
Las obligaciones institucionales y representativas de los poderes públicos o las del Ejercito y las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, nada tienen que ver con su participación en determinadas liturgias o con servir al lucimiento de determinados desfiles procesionales de la jerarquía católica, herencias sin duda de un pasado donde el Estado se proclamaba oficialmente católico, pero que nada tiene que ver con el mandato de nuestra Constitución que consagra en su articulado el principio de que “ninguna religión tendrá carácter estatal”.
Andalucía Laica hace un llamamiento a las distintas instituciones públicas y a sus máximos representantes, al igual que a los responsables de las fuerzas armadas y de seguridad, instándoles a no formar parte del cortejo procesional del Corpus, que es lo que corresponde al papel de unas instituciones democráticas respetuosas con la diversidad de creencias y convicciones de una sociedad plural, y con el principio de neutralidad del Estado en materia religiosa consagrado en nuestra Constitución.
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