El Gobierno de Juan Manuel Moreno alega que no hacen falta nuevas plazas de 0 a 3 años sino subvencionar el precio en las existentes, por lo que retrasa al curso 2025/26 su compromiso de gratuidad para poder afrontarlo con presupuesto propio
El Gobierno andaluz renuncia a fondos europeos para hacer 12.000 nuevas plazas gratuitas en guarderías públicas, para de esta manera mantener la enorme red de centros privados existente en Andalucía. Y no hablamos de una cantidad menor, sino nada menos que de 119 millones de euros provenientes de los Next Generation, que va a devolver tras intentar sin éxito alcanzar con el Ejecutivo central (que diseñó las bases de la convocatoria) un acuerdo para modificar las reglas del juego y no destinar este dinero a crear nuevas plazas. Su objetivo era aprovechar estas partidas para subvencionar la matrícula en estas guarderías concertadas y que así más niños andaluces puedan ingresar gratis en las mismas.
La situación puede resultar chocante, pero no es sencilla. La red educativa en este nivel no obligatorio está compuesta en sus dos terceras partes por centros privados fundados básicamente por pequeñas empresas, que se verían abocadas al cierre y en las que trabajan unas 16.000 personas (casi todas mujeres). El sistema fue creado con el PSOE en el gobierno para afrontar un escenario con escasa oferta pública, por lo que se optó por subvencionar la matrícula a las familias y así aumentar la escolarización. El efecto colateral fue que se renunció a un sistema de centros públicos.
Así las cosas, el Gobierno de Juan Manuel Moreno recibió 123 millones de euros hace más de dos años vía Ministerio de Educación, partida a la que inicialmente renunció –fue la única comunidad autónoma que desechó lo que le correspondía– para no alterar el ecosistema andaluz de guarderías. La marejada política que provocó esta decisión en 2021 le llevó a dar marcha atrás, a la vez que intentaba negociar que los fondos se pudieran destinar a aumentar las bonificaciones a las familias para pagar la plaza en el centro privado.
Convocatoria no adaptada a la “realidad andaluza”
El Ejecutivo central ha estado siempre en contra de esta opción, por lo que al final el dinero se destinó a dos convocatorias para financiar nuevas guarderías impulsadas por los ayuntamientos. La propuesta no tuvo especial éxito y sólo se asignaron cuatro millones de euros con esta iniciativa, por lo que ahora se tienen que devolver los 119 millones restantes, una decisión que se ha formalizado en el Consejo de Gobierno de este martes.
Así lo ha anunciado el portavoz andaluz, Juan Ramón Fernández-Pacheco, que ha reconocido que se reintegran estos fondos europeos porque “no nos han permitido destinarlos a la gratuidad de las plazas del primer ciclo de Infantil”. “No entendemos cómo el Gobierno español no ha querido adaptar estos fondos a la realidad andaluza, como sí ha hecho con otras comunidades autónomas”, ha reprochado, al tiempo que ha calificado de “razonable” la petición.
A la vez, ha mantenido el “compromiso” del Ejecutivo de Moreno de “avanzar” en la gratuidad “progresiva” en este nivel educativo. Eso sí, este objetivo se retrasa al curso 2025/26 para así poder afrontarlo con presupuesto propio, aunque sin renunciar a obtener fondos extraordinarios. Haber dado el paso con los Next Generation habría derivado en “la desaparición del sector” de escuelas infantiles de Andalucía, ha insistido.
No hacen falta plazas nuevas
La Junta de Andalucía esgrime que no hacen falta más plazas porque ya sobran: el sistema cuenta con unas 120.000 y quedan sin ocupar unas 20.000 en la actualidad. Estos 100.000 alumnos escolarizados en el primer ciclo de Infantil suponen alrededor del 56% de los niños andaluces de entre 0 y 3 años, repartidos en casi 2.200 guarderías creadas en muchos de los casos por pequeñas empresas.
El Gobierno andaluz calcula que desde 2019 (cuando accedió Juan Manuel Moreno a la Presidencia) ha destinado 67 millones de euros a fomentar la entrada de los pequeños en las escuelas infantiles. En la actualidad, el 53% de las plazas en estos centros privados están bonificadas al cien por cien con dinero público, con lo que son gratuitas para las familias.
El resto reciben ayudas en función de su nivel de renta, siempre y cuando no opten por una guardería pública, que es gratuita. El problema es que alrededor del 66% de los centros son privados, aunque el Gobierno andaluz sostiene que aumentando las bonificaciones se incrementará la escolarización hasta elevarla a niveles cercanos al 90%.
Incremento del precio del comedor
La decisión de renunciar a la ayuda europea se ha adoptado previamente en la Mesa del Primer Ciclo de Educación Infantil con el respaldo de las principales asociaciones del sector, todas privadas: Acade, ACES, Aeiou Escuelas Infantiles Unidas, Coordinadora CEI Andalucía, CECE Andalucía y Escuelas Católicas de Andalucía. La decisión ha contado también con el respaldo de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), así como de los sindicatos FSIE y USO. Por su parte, CCOO ha tildado de “inaudito” que se devuelvan estos 119 millones de euros, y en la misma línea se expresa UGT, que en un comunicado conjunto lamenta la “ineficacia a la hora de administrar” una partida que “bien usada hubiera paliado parte de los problemas de financiación que viene sufriendo el sector”.
No fue la única decisión adoptada por el Consejo de Gobierno en relación con esta etapa educativa, ya que también se acordaba la incremento del precio del servicio de comedor en estos centros que imparten el primer ciclo de Infantil. La medida se aplicará para el próximo curso 2024/25 hasta alcanzar los 92 euros al mes por alumno, lo que supone un aumento del 14,74%. La subida la asume la propia Junta de Andalucía, que no la repercutirá en las familias y para ello aumentará las bonificaciones actuales.
