Una comisión mixta de la Junta y los Obispos es el foro legal para lograr acuerdos
La Junta podría reclamar a la Iglesia una gestión compartida de la Mezquita-Catedral de Córdoba mañana mismo si quisiera. El Ejecutivo autonómico tiene en su poder el mecanismo legal que lo permite y no es otro que la comisión mixta entre la Junta y los Obispos de la Iglesia Católica de Andalucía para el Patrimonio Cultural. Este organismo fue constituido en abril de 1986 por orden de la Consejería de Cultura y a él se remiten tanto el Gobierno central, a través de una respuesta parlamentaria, como el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, en su último informe.
El diputado nacional del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, criticó el pasado miércoles que en la respuesta que le ha dado el Gobierno central a varias de sus preguntas “no se cuestiona la legalidad de la inmatriculación, ni el registro de la titularidad de la Mezquita-Catedral a nombre de la Iglesia”. Sin embargo, según señaló Hurtado a Europa Press, “el Gobierno también apunta a la posibilidad de cogestión del monumento y se remite al órgano creado mediante orden de 2 de abril de 1986, la comisión mixta Junta de Andalucía-Obispos de la Iglesia Católica”.
Por su parte, el informe del Defensor del Pueblo señala el mismo marco común de diálogo: la comisión mixta Junta-Obispos. Este órgano fue creado para desarrollar las previsiones contenidas en un acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales suscrito entre el Estado y la Santa Sede en 1979. La citada comisión está integrada por representantes de la Administración y del Obispado y entre sus competencias está la de “proponer las condiciones de uso y disfrute por los ciudadanos de los monumentos, museos y archivos de la Iglesia católica”.
La Mezquita de Córdoba, que fue consagrada catedral católica en 1239, está gestionada por el Cabildo de manera unilateral. La Iglesia inmatriculó esta joya del arte andalusí en 2006 en el Registro de la Propiedad. Pero ya antes había tomado las riendas en lo referente a la información del templo que ofrece a los visitantes. Poco a poco han ido surgiendo críticas por cómo el Cabildo supedita el origen islámico del monumento omeya en favor de una lectura eminentemente católica. Además, la divulgación histórica y patrimonial queda relegada a una función evangelizadora más propia de una catequesis. Por eso, una iniciativa ciudadana, la Plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos, defiende desde hace más de un año la titularidad y gestión pública del inmueble, sin negar el culto católico.
Ante esta demanda, la Junta ha defendido que la titularidad de la Mezquita sea pública pero se ha mostrado más tímida con el tema de la gestión. La presidenta en funciones, Susana Díaz, ha insistido en que le gustaría que la dirección del monumento “siguiese como hasta ahora, pero sin barbaridades”. Ese “pero” de la jefa del Ejecutivo regional hace referencia a la materia turística. Es decir, a cómo la Iglesia está excluyendo la palabra mezquita en sus explicaciones. Díaz aboga por encontrar un espacio de diálogo entre la Iglesia y las instituciones públicas. Y ahora, el Gobierno central y el Defensor del Pueblo le señalan un posible marco común: la comisión mixta Junta-Obispos.
El informe del Defensor dice: “Teniendo en cuenta la naturaleza del inmueble en cuestión, el uso religioso que se le viene dando a una parte del mismo, el enorme valor histórico-cultural que tiene y que los principales motivos de conflicto afectan al uso y al disfrute del mismo por parte de la ciudadanía, se entiende especialmente aconsejable que la cuestión sea abordada por la referida comisión mixta al objeto de que en su seno se localicen soluciones de consenso que permitan garantizar el equilibrio de los distintos intereses en juego”.
Y de manera muy similar lo entiende el Gobierno central. En la respuesta parlamentaria remitida al diputado Antonio Hurtado, que consultó sobre una posible gestión compartida de la Mezquita. El Ejecutivo afirma que “el ordenamiento jurídico de la comunidad autónoma de Andalucía prevé esa circunstancia, cuestión distinta es que no haya desarrollado o no se hayan puesto en marcha las instituciones creadas a tal efecto”. En otras palabras: la Junta podría reclamar a la Iglesia una gestión conjunta de la Mezquita-Catedral de Córdoba y así lo prevé la ley. Además, Maeztu se refiere al Estatuto de Autonomía para decir que la Junta, en el seno de la comisión mixta, debería “favorecer la plena garantía del derecho al disfrute de este bien patrimonial haciéndolo compatible con su utilización con fines litúrgicos por parte de la Iglesia católica; requiriendo además la puesta en valor de sus elementos históricos y artísticos para garantizar el derecho de acceso a la cultura y al disfrute de los bienes patrimoniales y artísticos de Andalucía recogido en el artículo 33 del Estatuto”.
Para quienes venimos denunciando la pasividad de las diferentes Administraciones ante el tema de las inmatriculaciones, y en concreto de la Mezquita de Córdoba, como paradigma del privilegio eclesiástico, esta propuesta no es la solución, aunque ni siquiera el PSOE ha sido capaz de utilizarla para tener un cierto control.
Europa Laica apuesta por una Mezquita de Córdoba como Patrimonio Mundial, de titularidad pública, de gestión pública y de uso exclusivamente civil. Y la anulación de dicho privilegio y de todas las inmatriculaciones realizadas por la iglesia.
FIRMA NO A LAS INMATRICULACIONES. POR UNA MEZQUITA PÚBLICA Y DE USO EXCLUSIVAMENTE CIVIL
