La ONG exigió el inmediato cese de los derribos, a las que calificó como una forma de “castigo extrajudicial” por parte del nacionalismo hindú gobernante
Amnistía Internacional (AI) reclamó a las autoridades del gobierno del Bharatiya Janata Party (BJP), que lidera el primero ministro Narendra Modi, la inmediata detención de las demoliciones de viviendas, empresas y lugares de culto de la comunidad musulmana en varias provincias de India, comunidad minoritaria a nivel nacional, pero con fuerte arraigo en varias regiones.
Lo hizo tras publicar un informe titulado “La injusticia de las topadoras en la India”, texto en el que documenta la demolición de al menos 128 propiedades entre abril y junio de 2022, situación que dejó no menos de 617 personas sin hogar o sin sus medios de vida.
El informe califica las demoliciones como “actos punitivos” y una forma de “castigo extrajudicial”, al tiempo que mediante un comunicado emitido desde su sede en Londres exigió al gobierno una “compensación adecuada” para todos los afectados.
El documento denuncia que las demoliciones se registraron en las provincias de Assam, Gujarat, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh y Delhi como “castigo” tras episodios de violencia religiosa o protestas de musulmanes contra “políticas gubernamentales discriminatorias”, en el marco de la “retórica antimusulmana” de BJP, que gobierna en cuatro de las cinco provincias.
«La demolición ilegal de propiedades musulmanas por parte de las autoridades indias, promocionada como ‘justicia de excavadora’ por los líderes políticos y los medios de comunicación, es cruel y atroz. Están destruyendo familias, y deben detenerse de inmediato», afirmó Agnes Callamard, secretaria general de AI.
“Las autoridades socavaron repetidamente el Estado de derecho, destruyendo hogares, negocios o lugares de culto, mediante campañas selectivas de odio, acoso, violencia y el uso de excavadoras como armas. Estos abusos contra los Derechos Humanos deben abordarse urgentemente”, añadió Callamard.
El mes pasado, casas y propiedades musulmanas fueron demolidas por excavadoras en el centro financiero de Mumbai, después que estallara la violencia comunitaria tras la inauguración del templo Ram por Modi en la ciudad de Ayodhya, en el norte de Uttar Pradesh, templo hindú que fue construido en el lugar donde estuvo la mezquita Babri del siglo XVI hasta 1992, cuando las turbas hindúes la incendiaron.
El año pasado, más de 300 propiedades musulmanas fueron demolidas tras la violencia comunitaria en las afueras de Nueva Delhi, la capital india, y en 2021 una mezquita de 100 años de antigüedad fue demolida en el distrito de Barabanki de Uttar Pradesh; mientras que en 2023 otra mezquita, en este caso del siglo XVI, fue arrasada en la ciudad de Prayagraj, también en Uttar Pradesh, en el marco de un proyecto de ampliación de carreteras.
Los analistas locales señalan que las topadoras llegaron a simbolizar la opresión de los musulmanes en la India, particularmente después que Yogi Adityanath, el primer ministro de Uttar Pradesh, conocido por su intolerancia hacia la minoría musulmana, iniciara la política de destruir propiedades de aquellos acusados de crímenes para impartir justicia instantánea.
Los observadores destacan, además, que desde que Modi asumió en 2014, los ataques contra los musulmanes y sus medios de vida aumentaron, con decenas de musulmanes linchados por acusaciones de contrabando de vacas, y que los líderes del BJP celebran ampliamente las demoliciones, al punto que las excavadoras aparecieron en las campañas electorales de los candidatos del partido gobernante.
Miembros de la sociedad civil, activistas y políticos de la oposición afirman que la destrucción de edificios es una forma deliberada de violencia selectiva contra comunidades minoritarias, como los musulmanes.
AI señala en su informe que las demoliciones se llevaron a cabo sin seguir el debido proceso. “Los ocupantes de los edificios no fueron advertidos ni se les dio tiempo suficiente para abandonar sus propiedades y rescatar sus pertenencias”, dice el documento.
La situación llegó a los tribunales. “También surge la cuestión de si los edificios que pertenecen a una comunidad en particular están siendo derribados bajo el pretexto de un problema de orden público y si el Estado está llevando a cabo un ejercicio de limpieza étnica”, advirtió el Tribunal Superior de Punjab y Haryana, luego de una demolición en Nuh, en las afueras de Nueva Delhi.
