Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – El viernes las fuerzas policiales guatemaltecas capturaron al periodista José Rubén Zamora, presidente y fundador del diario guatemalteco “El Periódico” y de inmediato las heridas constantes a la libertad de expresión se reabrieron en todos los países del istmo. La operación activó una vez más las alarmas en Centroamérica donde la prensa sigue bajo ataque.
– Las muertes de periodistas no se han detenido en Honduras este 2022 y las leyes penales siguen contemplando normas para castigar con cárcel los delitos contra el honor.
– En El Salvador la prensa vive bajo la amenaza constante del autoritarismo presidencial.
– La democrática Costa Rica ha mostrado signos de un debilitamiento de la libertad de expresión con alergias a los críticos.
– Cárcel, intimidación, seguimiento, amenazas, confiscaciones, son entre otros, los mecanismos usados por el gobierno de Nicaragua, donde más de 120 periodistas se han visto obligados a salir del país en exilio político.
– Guatemala puso bajo arresto al periodista José Rubén Zamora cabeza del diario El Periódico y crítico del gobierno en una acción que ha movido a organizaciones defensoras de la libertad de expresión a nivel global.
Las oficinas del diario también fueron allanadas. El Periódico ha mantenido investigaciones periodísticas constantes y ha desentrañado casos de corrupción y de abusos públicos que implican a las más altas esferas del poder en ese país, desde el mandatario Alejandro Giammattei hasta la fiscal general, Consuelo Porras.
Todos los mecanismos de protección de la libertad de expresión en el continente y fuera de él se activaron de inmediato, pero la sensación en Centroamérica fue aún más profunda porque aquí, los periodistas saben que los pueblos del istmo centroamericano son tan frágiles y parecidos en sus inconsistentes democracias que los males son símiles entre todos los estados.
Así la corrupción, el narcotráfico, los abusos públicos, las migraciones cada vez mayores y las frágiles economías y los ensayos dictatoriales les sumergen en una especie de onda expansiva que replica los males de un pueblo en el resto de los países de la franja más angosta de las Américas. Y en el caso de la libertad de expresión su resguardo está cada vez más amenazado.
Esta nueva y preocupante señal que, con la detención, en una prisión provisional en una cárcel militar al norte de Ciudad de Guatemala, guarda el periodista José Rubén Zamora envía la administración de Alejandro Giammattei en Guatemala, ha generado zozobra entre la prensa y las organizaciones civiles.
Al periodista, indicó un portavoz de la Fiscalía, se le acusa de lavado de dinero, conspiración y tráfico de influencias. Se le culpa de blanqueo de capitales y la fuente fiscal dice que eso no está relacionado con su trabajo como periodista.
Zamora ha denunciado por más de dos décadas y de forma constante los nexos del poder en Guatemala con el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción pública. Él se ha declarado en huelga de hambre mientras las presiones internacionales por el respeto al debido proceso y a la libertad de expresión no se apagan.
Guatemala, incómodo con la prensa
Guatemala es un país en donde la libertad de expresión no solo no presenta buena salud, la Asociación de Prensa de Guatemala, ha denunciado que el gobierno del presidente Alejandro Giammattei, además de ser intolerante a la crítica, ha comenzado una serie de ataques y censuras contra los periodistas, siendo los medios comunitarios vulnerados en sus derechos constantemente.
Asimismo, medios digitales independientes como No Ficción, han denunciado ser objeto de hackeos en sus redes sociales tras publicaciones vinculadas a presunta corrupción gubernamental. Un observatorio de medios de prensa ha registrado más de una veintena de denuncias por abusos por parte de las fuerzas del orden, así como más de 300 ataques contra el sector de la prensa y la comunicación.
Los principales ataques contra la prensa en Guatemala se relacionan con campañas de difamación y limitaciones del gobierno para acceder a información de interés público, entre otros mecanismos, destacan los medios guatemaltecos y entes defensores de la libertad de expresión.
Costa Rica y su preocupante panorama
Costa Rica, una de las democracias más consolidadas del istmo, parece sumarse a las preocupantes inquietudes sobre el virus del autoritarismo que amenaza la libertad de expresión en Centroamérica, una región sacudida por la corrupción y el afán de los gobiernos de poner un yerro a la prensa.
La sociedad y los medios de comunicación de ese país centroamericano se han sorprendido ante lo que estiman ataques del presidente, Rodrigo Chaves, al grupo Nación, que edita el principal y más influyente medio de comunicación social, el diario La Nación, tras el retiro del permiso de funcionamiento al Parque Viva, un centro de eventos del Grupo Nación.
El Ministerio de Salud retiró el permiso de funcionamiento al Parque Viva por el embotellamiento de vehículos que provocan en las calles aledañas los eventos masivos y que afectan el traslado de unidades de bomberos, ambulancias y Policía. El mandatario Chaves insistió en que se trata de un cierre temporal que será revisado cuando la administración del Parque Viva presente un plan que resuelva el problema vial.
De acuerdo con el diario La Nación, cuatro informes emitidos por instituciones públicas, para justificar el cierre del Parque Viva, tienen fecha posterior a la fecha en que el Ministerio de Salud ordenó la clausura del recinto. Así consta en los propios documentos, en su poder, señaló el medio que denunció que informes presidenciales les indicaron que el mandatario llevaba en su agenda “atacar” a ese medio de comunicación.
El diario publicó trabajos periodísticos en torno al presidente y las presuntas denuncias de acoso sexual que le valieron haber sido despedido de un organismo internacional de financiamiento, previo a ser nombrado ministro de Hacienda en ese país.
Las organizaciones de mujeres encabezaron protestas en contra del actual gobernante y señalaron que el Tribunal Administrativo de ese organismo internacional indicó que de 2008 al 2013 se involucró en un patrón de comportamiento inapropiado no deseado. Los medios costarricenses, entre ellos La Nación difundieron amplias investigaciones al respecto.
No obstante, el presidente Chaves descarta que sus posiciones sean vengativas y ante las alertas dadas por organismos internacionales de libertad de expresión y prominentes figuras públicas costarricenses por los ataques al diario La Nación, ha dicho que es un fiel defensor de la libertad de expresión y que ésta goza de “buena salud” en ese país centroamericano.
«La libertad de prensa en Costa Rica goza de buena salud. Tiene un Gobierno que la va a defender a toda costa. ¿Hay algún medio cerrado? ¿Algún periodista detenido? ¿Alguna rotativa parada? Obviamente no», expresó Chaves.
«No pueden creer estos señores feudales autocoronados que un Gobierno del pueblo tenga la osadía, la falta de respeto, de querer ponerlos a operar conforme a la ley que rige para los mortales de a pie. En Costa Rica nadie tiene corona, mucho menos mientras yo, Rodrigo Chaves, sea presidente», declaró. Chaves insistió en que la situación con el Grupo Nación no se trata de un riesgo a la libertad de prensa y que con su discurso quiso «matar las mentiras».
Nicaragua, incesante represión
De esta forma, las relaciones entre la prensa y el poder en Costa Rica se han vuelto tensas y complejas, y organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha alertado al respecto. Costa Rica, asegura, pasa por momentos complicados ya que el diario La Nación denunció que la prensa sufre un ataque sistemático orquestado por el gobierno de Rodrigo Chaves, el cual incluye una campaña de deslegitimación y preocupantes signos de violencia. Los periodistas costarricenses rechazan cualquier tipo de censura, control mediático o violencia contra los trabajadores de prensa.
«Nos preocupa que podamos estar frente a una retaliación indirecta. Nuestra experiencia nos indica que muchas veces la libertad de prensa es atacada en forma indirecta para ‘disciplinar’ a un medio, ya sea a través de auditorías fiscales o discriminándoles con la publicidad oficial, entre otras formas de censura indirecta», dijo el presidente de la SIP, el hondureño Jorge Canahuati.
En tanto, en Nicaragua las represiones del régimen del presidente Daniel Ortega continúan en contra de los periodistas que informan de los abusos y corrupción gubernamental. Intimidación, seguimiento, amenazas, confiscaciones, son entre otros, los mecanismos usados por el gobierno, donde más de 120 periodistas se han visto obligados a salir del país en exilio político.
Un informe presentado a inicios de año por el Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua, nunca más”, reveló que unos 120 periodistas han solicitado refugio en Costa Rica, Estados Unidos, España y otros destinos. Asimismo, las autoridades mantienen ocupadas importantes instalaciones físicas de medios de comunicación como 100% noticias, Confidencial y el diario La Prensa, este último, el de mayor data histórica en ese país.
Periodistas y ejecutivos de medios de comunicación han sido encarcelados y este jueves 21, el influyente diario estadounidense The Washington Post se sumó a la campaña por la liberación de los presos políticos y periodistas: Jaime Arellano, Pedro Joaquín Chamorro, Juan Lorenzo Holmann, Miguel Mendoza, Cristiana Chamorro, y Miguel Mora. La campaña, denominada “La libertad de prensa está bajo ataque en Nicaragua”, es acompañada por diversas instancias civiles e internacionales defensoras de la libertad de expresión.
La censura de Bukele
La represión del gobierno de Ortega abarca no solo a opositores políticos y empresarios, también universidades, oenegés, jóvenes, mujeres, activistas humanitarios y líderes religiosos, a tal grado que se vio forzado a expulsar a la congregación de monjas misioneras de la madre Teresa de Calcuta, quienes tuvieron que hacer una migración forzosa a Costa Rica.
El Salvador, es el otro país en donde la prensa está viviendo el autoritarismo del presidente Nayib Bukele, que ha emitido leyes restrictivas a la libertad de expresión y al menos una veintena de periodistas ha tenido también que irse al exilio por amenazas e intimidaciones del bukelismo.
De acuerdo con la organización internacional Reporteros sin Fronteras (RSF), El Salvador retrocedió 30 posiciones en la clasificación de libertad de expresión en 2022, la mayor caída que ha tenido en los últimos años, en medio de denuncias de programas de espionaje a periodistas, opositores y medios de comunicación.
La organización internacional achaca esta caída al permanente acoso desde el Gobierno de Nayib Bukele a los medios de información independientes que contrastan la información y no se quedan con el discurso oficialista.
“Desde su llegada al poder en 2019, el presidente Nayib Bukele juega al peligroso juego de multiplicar los ataques y amenazas contra los periodistas críticos con su administración, creando así la imagen de una prensa enemiga del pueblo”, dice el reporte.
Honduras sigue bajo riesgo
Finalmente, Honduras sigue siendo un país de alto riesgo para el periodismo, las muertes contra los periodistas no cesan, al menos cuatro se registran en lo que va de 2022, y las leyes que criminalizan la libertad de expresión siguen vigentes.
Reporteros sin Fronteras indicó en su reporte de 2022 que Honduras camina rumbo al infierno en materia de libertad de expresión por tener todos los ciclos que amenazan la misma: amenazas, intimidaciones, querellas, juicios, leyes restrictivas, atentados y asesinatos.
Con el inicio de un nuevo gobierno, se logró la derogación de una de las leyes restrictivas a la libertad de expresión como es la Ley de Secretos que impedía acceso a información pública para investigaciones en materia de corrupción, pero sigue vigente en el Código Penal una normativa que ofrece multas y penas carcelarias a los periodistas.
Asimismo, ha trascendido el interés de sectores del poder en promover una ley para regular los medios de comunicación, en tanto la ausencia de una política de comunicación por parte del gobierno, vuelven tensas en determinadas coyunturas las relaciones con la prensa.
Mientras tanto, este mes de julio, líderes de diferentes organizaciones gremiales, defensoras de derechos humanos y de la libertad de expresión, han denunciado constantemente la desprotección de periodistas, comunicadores y trabajadores del sector, ante amenazas a sus vidas, una circunstancia cada vez más común y en la que se encuentran frente a un Mecanismo de Protección que pocas veces les da respuesta.
Los defensores denuncian que el Mecanismo de Protección, creado mediante la Ley de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, atraviesa las peores horas desde su creación. Ellos mismos han tenido que acudir ante el Comisionado de Derechos Humanos a pedir protección, tras formular públicamente el debilitamiento del mecanismo.
