El diputado socialista Álvaro Cuesta calificó hoy de "marcha atrás" el nuevo modelo de financiación de la Iglesia Católica por el Estado de 2006, y defendió la necesidad de la asignatura de Educación para la Ciudadanía como instrumento para cohesionar la sociedad y avanzar en la libertad y la pluralidad.
El también presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados resaltó asimismo, durante la conferencia inaugural de un seminario sobre "Políticas públicas y diversidad religiosa", la importancia de aprobar una reforma de la actual ley de Libertad Religiosa porque, dijo, "existe una nueva realidad social que impone una nueva ley de convicción desde la igualdad".
El seminario, que se abrió hoy en la sede de la Empresa Municipal de Aguas de Sevilla (EMAESA) y se clausurará el próximo viernes, está organizado por la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), dentro de su Plan de Formación Continua, y la Dirección General de Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia, con la colaboración del Ayuntamiento sevillano.
La reforma de la Ley de Libertad Religiosa, señaló Cuesta, está inspirada en el principio de laicidad positiva y responde a la voluntad de los ciudadanos a través de sus representantes legítimos en el Parlamento.
La laicidad, agregó, es "inherente al concepto de ciudadanía", al estatuto de derechos y obligaciones del ciudadano con el nexo de la igualdad, base del pacto por la convivencia y la paz pública, y supone una actitud positiva hacia el concepto de libertad religiosa, de conciencia y de creencias, desde la neutralidad y la cooperación del Estado con las confesiones en un plano de igualdad.
El diputado recordó que han pasado 17 años desde la firma de los Acuerdos con las confesiones minoritarias, que pusieron fin a cinco siglos de intolerancia religiosa en un proceso que se inició con la aprobación de la Constitución.
Y añadió que al principio de libertad religiosa hay que unir el concepto de igualdad y de no discriminación para "estar a altura de nuestro tiempo y del marco de la Unión Europea".
Para el presidente de la Comisión de Justicia, la reforma del modelo de financiación para la Iglesia Católica aprobado en 2006 y ratificado por España y la Santa Sede mediante un Canje de Notas, es "regresivo" y debió aprobarse directamente por el Parlamento y no indirectamente, como se hizo, dentro del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2007.
"En el 2006, explicó, se rompe el carácter de transitoriedad por el cual la Iglesia católica debía ir hacia su autofinanciación" y se firman con "carácter indefinido -si bien es verdad que lo indefinido no significa eterno y puede cambiarse-, y se vuelve al sistema 'dotacional' del franquismo".
Con ello, agregó, "se le ha metido un gol importante al Estado, lo que merece una reflexión y una voluntad de cambio", porque lo que se está financiando por esta vía es la retribución de salarios de obispos y sacerdotes, alguna universidad pontificia y tareas pastorales de la Conferencia Episcopal, y no las actividades asistenciales "de las Hermanas de la Caridad que no están en los presupuestos del cardenal Rouco".
No obstante, Alvaro Cuesta considera que la reforma de la Ley de Libertad Religiosa puede llevarse a cabo sin denunciar los Acuerdos Iglesia católica-Estado, porque "debe trabajarse en la reforma sin elementos de ruptura".
Y precisó que su opinión personal es que la denuncia de estos Acuerdos no es primordial en esta legislatura, "pero que la evolución lógica de las cosas en España, llevará a esa superación normativa que tiene que lograrse desde el diálogo en los años futuros".
