Josefa Martí Turrión, más conocida como Pepita, tiene 83 años. Vive en Mislata, y tras décadas viviendo en una casa propiedad de la Fundación Francisco Balvastre, ligada a la Iglesia Católica, la querían desahuciar. Se trataba de la sexta vez que la anciana vivía esta situación. Pero gracias a su lucha y a la de colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Europa Laica, ni ella ni su familia volverán a correr ese riesgo.
La fundación eclesiástica ha firmado con Josefa Martí este martes un contrato de alquiler social vitalicio a cambio de que entregue las llaves de los bajos del inmueble. La condición de vitalicio blinda a la anciana de que la historia se repita en caso de su fallecimiento o de su marido: su hijo heredaría el piso. Y en caso de que este también perdiera la vida, el uso recaería en manos de su hija.
Tanto desde la PAH de València como la de Mislata, y otros colectivos que han participado en esta lucha por evitar el desahucio de Pepita, se ha agradecido el trabajo de organizaciones como Europa Laica o Cáritas y la participación en este proceso del alcalde de la población, el socialista Carlos Fernández Bielsa. Pero han recordado al arzobispado, de quien depende la fundación, que la Iglesia «debe tener un comportamiento superior al que tienen los bancos ya que hay miles de viviendas vacías y actúan como tenedores de viviendas».
La PAH ha advertido de que « Pepita va a seguir peleando por la propiedad de la vivienda». Ante al acuerdo alcanzado tan positivo, la PAH se plantea incorporarlo como alternativa en otros posibles casos de desahucios. Según recoge Levante, Josefa Martí ha defendido: «Los sacerdotes no son los dueños de la casa, cosa que demostraré con papeles».
La historia de la anciana tiene su origen en 1924. Es el año en que Francisco Balvastre, una personalidad ilustrada, cede todas sus propiedades con un objetivo: que se cree un hospital para los enfermos de Mislata. Pese a que Balvastre encargó a dos albaceas que cumplieran su sueño, éste siempre se quedó en eso. Los albaceas vendieron a todos los inquilinos las casas. La familia de Josefa Martí que ya estaba instalada allí, no pudo registrar la vivienda por falta de recursos. Pero se la consideró como dueña a cambio del pago de las obras y los impuestos municipales. En 1997, un juzgado la reconoció como propietaria legítima.
La fundación cívico-religiosa, en cambio, defendía que Balvastre dejó en herencia todos sus bienes al párroco de la localidad en última instancia. Y de ahí, el conflicto con con la familia de Martí. Pepita ya firmó un contrato de alquiler en 2013 reconociendo que la propiedad era de la fundación, aunque, según declaró su abogado a eldiario.es, «lo hizo coaccionada». Pepita ha ganado su primera batalla.
