El sultán de Brunéi, Hassanal Bolkiah (izquierda), junto al presidente de Vietnam, Nguyen Phu Trong, en Hanói. KHAM REUTERS
Asociaciones de derechos humanos avisan de que el sultanato aplicará la ley islámica a partir del 3 de abril
Amnistía Internacional y varias organizaciones de derechos humanos asiáticas están movilizándose ante la inminencia de que Brunéi empiece a aplicar la lapidación y otros castigos físicos contra adúlteros, personas LGTBI o aquellos musulmanes que no respeten la estricta versión de la ley islámica (Sharía) que aprobó en 2014. Aunque el pequeño y rico sultanato no lo ha anunciado públicamente, los activistas denuncian que el Gobierno ha acelerado los últimos cambios del código penal y que entrarán en vigor el próximo miércoles.
“El Gobierno de Brunéi está tramitando deprisa las dos últimas fases de forma simultánea, con las leyes programadas para ser efectivas el 3 de abril de 2019”, asegura The Brunei Project, una iniciativa de derechos humanos centrada en ese país asiático. De acuerdo con esta fuente, entre los castigos que se contemplan está la amputación de extremidades en caso de robo, la pena de muerte para la apostasía y flagelación, cárcel e incluso lapidación para quienes mantengan relaciones sexuales con personas de su mismo sexo o cometan adulterio.
Amnistía Internacional (AI) ha confirmado que las penas están contempladas en las nuevas secciones del Código Penal de Brunéi cuya entrada en vigor está prevista el próximo 3 de abril, de acuerdo con un discreto aviso en la web del fiscal general del sultanato.
Brunéi, un país de 450.000 habitantes situado en la costa noroccidental de la isla de Borneo, está gobernado por un monarca absoluto y cuenta con abundantes hidrocarburos. Hace seis años, el sultán Hassanal Bolkiak, que lleva en el poder desde 1967 y es uno de los hombres más ricos del mundo, decidió introducir el componente criminal de la ley islámica en el código penal. Aunque en principio la Sharía sólo se aplica a los musulmanes, que suman dos tercios de la población, también afecta a los no musulmanes y a las comunidades musulmanas que no compartan esa versión literal de las escrituras, que ven limitada su libertad religiosa.
La primera fase, puesta en marcha en mayo de 2014, incluyó multas o penas de cárcel por tener hijos fuera del matrimonio, no rezar los viernes, faltar al respeto al Ramadán (el mes de ayuno de los musulmanes) o difundir otras religiones distintas del islam. Sin embargo, las críticas internacionales frenaron las dos siguientes fases, que contemplan los castigos más crueles. Ahora las autoridades no sólo han roto su promesa de espaciar la puesta en práctica de las controvertidas reformas, sino que lo están haciendo con secretismo y, según The Brunei Project, han prohibido a los medios locales que informen de las mismas.
“El Código Penal de Brunéi es una ley gravemente defectuosa que contiene numerosas provisiones que violan los derechos humanos”, ha declarado Rachel Chhoa-Howard, investigadora de AI en un comunicado. “Además de imponer castigos crueles, inhumanos y degradantes, restringe de forma descarada la libertad de expresión, religión y creencias, y codifica la discriminación contra mujeres y niñas”, añade.
Amnistía insta a Brunéi a cancelar de inmediato sus planes para ejecutar esos castigos y revisar su código penal de acuerdo con sus obligaciones de derechos humanos. Naciones Unidas también ha mostrado su grave preocupación por la deriva tomada desde 2014. El problema es que aunque el sultanato ha firmado la Convención contra la Tortura y Otros Castigos o Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, nunca la ha ratificado y ha rechazado todas las recomendaciones al respecto que la ONU le ha hecho en sus revisiones anuales.
Además, ASEAN SOGIE Caucus y OutRight Action International, dos organizaciones que defienden los derechos LGBT con base en Manila han expresado su inquietud a la agencia Reuters. La homosexualidad ya se castigaba hasta con 10 años de cárcel en Brunéi, pero los cambios permiten que los musulmanes considerados culpables de adulterio, sodomía o violación sean azotados e incluso lapidados, según los activistas.
“Legalizar penas tan crueles e inhumanas es horroroso en sí mismo. [Pero] algunos de los potenciales delitos ni siquiera debieran considerarse crímenes, entre ellos las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo”, subraya Chhoa-Howard.
