La Obra cumple 96 años con la imputación de sus altos cargos en Argentina por trata de mujeres y explotación laboral, a lo que se suma la negativa de Roma a aprobar sus estatutos, el conflicto en Torreciudad o la resolución canónica del ‘caso Gaztelueta’
“Estamos realmente preocupados. No nos imaginábamos que llegaríamos a este punto”. Quien así habla es un alto responsable del Opus Dei en España, que vive cómo la prelatura está viviendo sus horas más bajas, después de que, por primera vez, la justicia federal argentina haya imputado a los máximos dirigentes de la Obra en las tres últimas décadas por unos presuntos delitos de trata de mujeres y explotación laboral, como adelantó en exclusiva elDiario.es.
Este 2 de octubre el Opus Dei vive un amargo aniversario. Justo cuando se cumplen 96 años de la fundación de la Obra por parte de José María Escrivá de Balaguer, la organización se enfrenta a su primer proceso judicial por delitos tan graves –que niega la dirección del Opus en Argentina– y podría tener ramificaciones en medio centenar de países de todo el mundo, al tiempo que ha visto una tercera paralización en el Vaticano de sus nuevos estatutos. Peligra así la condición de la Obra como prelatura personal, un privilegio único en el mundo católico ahora en el alero.
A los reveses internacionales se les suma en España la resolución canónica pendiente del caso de abusos a un menor en el colegio ‘Gaztelueta’ y la decisión de la Santa Sede sobre el santuario de Torreciudad.
Muchos pilares del Opus se están resquebrajando. Porque hay más. El ex miembro numerario Antonio Moya ha avisado de que se está produciendo “una auténtica desbandada de sacerdotes numerarios del Opus Dei”, que están saliendo de la Obra para pasarse a las diócesis ordinarias donde residen. Moya fue quien hace un año denunció por primera vez al Opus Dei ante la Santa Sede por lo que denominó “doctrina mesiánica” secreta.
“La desbandada sería de tal envergadura que el número total de sacerdotes del Opus Dei podría quedar reducido a la mitad”, señala Moya en un artículo publicado por Religión Digital. ¿La razón? Esa negativa de Roma a aprobar el borrador de nuevos estatutos.
Desde que el Papa quitara al prelado del Opus Dei Fernando Ocáriz –y a sus sucesores– su condición episcopal, y equiparara la prelatura a una asociación sacerdotal dependiente del Dicasterio del Clero (lo que, en la práctica, supone la salida de la Obra del 90% de sus miembros, que son laicos), la Obra fundada por Escrivá de Balaguer en 1928 y consagrada como la más alta institución de la Iglesia por Juan Pablo II vive inmersa en una profunda crisis.
Alarma en Villa Tevere
La denuncia contra los cuatro últimos vicarios regionales del Opus en Argentina, así como del responsable de las mujeres en la organización, ha hecho estallar todas las alarmas en Villa Tevere, la sede de la prelatura en Roma y donde reside uno de los dirigentes relacionados con el caso: el vicario general (número dos) de la Obra, Mariano Fazio. Fazio no está incluido en el proceso judicial, aunque la querella solicitó que también se le incluyera, ya que fue el máximo responsable de la institución entre 2010 y 2014, porque está incluido en la estructura del Vaticano.
El estatus del sacerdote argentino en Roma impediría una hipotética extradición al país austral. Se da la circunstancia, además, de que Fazio es la persona a quien el papa Francisco ha confiado el proceso de renovación del Opus Dei y ejerce una suerte de contrapeso al poder ejercido por el prelado Fernando Ocáriz, que proviene del núcleo duro de los primeros seguidores de Escrivá de Balaguer.
Mientras tanto, los herederos de Escrivá siguen sin adecuar sus estatutos a lo que Roma ha solicitado a la prelatura: redefinir su rol en el interior de la Iglesia, su relación con las diócesis o el Vaticano y, especialmente, el futuro de los laicos en una asociación ya eminentemente sacerdotal.
De hecho, el Papa ya ha equiparado al Opus Dei a “asociaciones clericales públicas de derecho pontificio con facultad de incardinar clérigos”. Hasta la fecha, los responsables del Opus Dei han ido haciendo matizaciones a sus estatutos, intentando ganar tiempo, tal y como apuntan a elDiario.es fuentes conocedoras del proceso, que siguen sin entender las “dilaciones” en los trabajos, que resultan “extenuantes”, en palabras de miembros del Dicasterio del Clero, encargado de entregar al Santo Padre los estatutos definitivos, que serán aprobados (o no) por el Papa Francisco.
También en Roma se encuentra el enquistado conflicto entre el Obispado de Barbastro-Monzón y el Opus por la situación jurídica del oratorio-santuario de Torreciudad, la niña mimada del fundador de la obra –la leyenda de la organización cuenta cómo su fundador se curó milagrosamente siendo un niño tras una visita a la ermita de la Virgen de esa localidad–.
Después de varios meses, y de un principio de acuerdo que se vio frustrado y de cuyo fracaso se echan las culpas mutuamente diócesis y prelatura, el obispo Ángel Pérez Pueyo viajó a Roma y solicitó a la Santa Sede que fuera ella la que tomara la decisión definitiva. Esa decisión ha motivado una campaña de ataques contra Pérez Pueyo promovida por terminales mediáticas vinculadas a la extrema derecha eclesial. Fuentes consultadas por elDiario.es apuntan a que la Nunciatura en España ha llegado a preguntar al obispo Pérez Pueyo si no estaría más cómodo en otro destino que no fuera la diócesis que acoge a Torreciudad.
Finalmente, se está a la espera de que la Santa Sede se pronuncie sobre la investigación canónica encargada por el Papa al obispo de Teruel, José Antonio Satué, contra el numerario del Opus Dei José María Martínez Sanz, condenado como pederasta por el Tribunal Supremo en el llamado ‘caso Gaztelueta’, y que responsables de la Obra han intentado torpedear una y otra vez.
El caso fue abierto por el propio Francisco después de escuchar el relato de la víctima en un documental producido por Disney y dirigido por Jordi Evole, y buscaría reparar el error cometido por el dicasterio (ministerio papal) de la Doctrina de la Fe hace años, cuando, sin llevar a cabo investigación formal alguna, exigía “reparar el buen nombre” del profesor “injustamente acusado” y que fue condenado en firme por abusos en el colegio del Opus Dei en Bizkaia.
