En la actualidad, los conflictos yihadistas forman parte de la coyuntura política de África occidental habida cuenta de la resistencia que los grupos islamistas militantes plantean a las diversas campañas que se lanzan para contrarrestarlos.
Según el Índice de Terrorismo Mundial de 2022, tres de los diez países más afectados por el terrorismo en todo el mundo en 2021 fueron países del Sahel: Níger, Mali y Burkina Faso. De igual modo, diez de los veinte ataques con más muertos de 2021 ocurrieron en esta región.
En 2022, la mayoría de los miembros de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) están combatiendo diversas formas de islamismo militante. Su presencia se está intensificando hacia el sur, hacia los países africanos costeros de poniente; en particular, aquellos que son limítrofes con los países del Sahel, como Benín y Togo, que han sufrido ataques recientemente.
Estos acontecimientos se saldan con un coste desolador. Además de muertos, heridos y personas desplazadas, la confianza en la capacidad de los países para gobernar y para apoyar economías saludables se está viendo deteriorada.
Como respuesta, han lanzado programas regionales con el fin de luchar contra el terrorismo, como la Iniciativa de Accra (2017) y varios acuerdos jurídicos y políticos entre los que se abordan la seguridad fronteriza y la recopilación de información de inteligencia, así como el fomento de la resiliencia de las comunidades.
Estas medidas son necesarias, aunque no suficientes. Los países africanos del litoral occidental deben pensar de otro modo para evitar que los conflictos yihadistas se agraven; tienen que desprenderse de las prácticas tradicionales de antiterrorismo cortoplacistas en aras de intervenciones de construcción nacional a largo plazo. Debe aplicarse un enfoque más completo en torno a la amenaza sin olvidar los problemas derivados de la gobernanza que la han traído al presente.
¿Cómo hemos llegado hasta este punto?
Los grupos militantes islamistas han experimentado numerosos cambios, como escisiones, alianzas y lealtades cambiantes en proyectos globales como el ISIS o Al Qaeda. Entre 2010 y 2017, las campañas para contrarrestar a los grupos militantes islamistas se centraron, en términos geográficos, en grupos individuales como Boko Haram, Ansar Dine, MUYAO y Al Mourabitoun.
Dado que la amenaza es cada vez más regional y no tanto a nivel nacional, los grupos individuales son menos relevantes; en cambio, las coaliciones yihadistas, como el Estado Islámico en el Gran Sáhara (EIGS) y Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) cobran cada vez más importancia. Esto muestra que los grupos militantes islamistas están consolidando su presencia y que ponen a prueba las fronteras nacionales y las numerosas medidas para luchar contra el terrorismo.
Además, con el paso del tiempo, las acciones de los grupos islamistas militantes los presentan cada vez más como células criminales implicadas en actividades de negocio delictivas y políticas destructivas. Actúan menos como organizaciones nacidas del descontento que buscan el puritanismo religioso y medidas políticas alternativas. Aun así, es posible que puedan continuar proliferando y suponer una amenaza para los múltiples niveles de seguridad.
Un nuevo enfoque sobre el extremismo violento
Los países africanos occidentales necesitan un nuevo enfoque para contrarrestar el extremismo violento. Deben ser capaces de detectar a aquellos que fomentan el terrorismo de diferentes formas y en distintos niveles. La facilidad con que los grupos islamistas están creciendo con fuerza a lo largo y ancho de esta subregión de África Occidental indica que la coyuntura sociopolítica, geográfica e histórica de los países costeros no difiere mucho de la de Malí, Burkina Faso o Níger en cuanto a las condiciones que propician el terrorismo se refiere.
De igual modo, se debe tener en cuenta que los grupos yihadistas no son todos iguales entre sí. Los elementos y actores de la militancia islamista son distintos en relación con el tipo de presencia, su modus operandi, sus motivaciones fundamentales y estratégicos y el equilibrio de poder entre ellos y los demás. Por tanto, los países costeros occidentales del continente africano deben analizar todos los entresijos de esta amenaza para actuar en consecuencia. Una política de antiterrorismo exhaustiva y basada en su propia sostenibilidad a lo largo del tiempo debe poder abarcar más zonas y contemplar medidas a corto, medio y largo plazo.
Lo que funciona en un sitio no tiene por qué funcionar necesariamente en otro. Las campañas militares pueden funcionar en Iraq, por ejemplo, pero pueden no ser efectivas en el Sahel. Asimismo, los países costeros de África Occidental pueden no necesitar las mismas medidas preventivas que Malí.
Aquellos días en los que los grupos islamistas recibían la etiqueta de islámicos, o de provenientes de Oriente Medio o de antioccidentales ya se han acabado. Se trata, en la actualidad, de actores políticos activos, si bien son una aberración para el orden, y los conflictos yihadistas y no yihadistas tienen más aspectos en común que diferencias. Los grupos islamistas extremistas violentos son africanos y globales. La situación en el Sahel contradice los planteamientos de que los grupos yihadistas son fundamentalmente externos. Por este motivo, la militancia islamista en la costa occidental de África no es una “futura amenaza”, sino que ya está aquí y forma parte del presente.
Si se analiza de este modo, los países pueden examinarse a nivel interno y no externo para frenar el extremismo violento. Esta postura también matiza el énfasis que se hace en la seguridad en las fronteras y lo sitúa en la seguridad ciudadana para impedir que estos grupos proliferen dentro de los propios países.
Algunas soluciones
Los países costeros deben reconocer que las decisiones y declaraciones podrían ser parte del problema. Por ejemplo, la operación de emboscada de miembros sospechosos de pertenecer a Boko Haram en 2009 y que se saldó con la muerte de su cabecilla Mohammed Yusuf impulsó al grupo a reforzar su posición militante.
Las declaraciones políticas y las medidas también pueden fomentar la islamofobia y legitimar la retórica de la militancia. Además, las prácticas de vigilancia pueden tener efectos adversos. Algunas palabras pueden convertir enfoques antiterroristas en afrentas que menoscaben la seguridad nacional. Es por eso por lo que, si no se actúa con cuidado, incluso la campaña de Ghana See Something, Say Something podría crear más problemas. Por tanto, las agencias de seguridad necesitan formación en diversidad cultural, sensibilidad religiosa y sentimientos de pertenencia nacional.
Por otra parte, es necesario que exista un liderazgo africano que encabece las medidas políticas de respuesta. Por ejemplo, la contrainsurgencia por parte de las fuerzas de Mozambique en colaboración con Ruanda y la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo se ha reflejado en una reducción en las muertes por culpa del terrorismo. En este sentido, la Iniciativa de Accra resulta vital. No obstante, las dinámicas de poder regionales podrían también contribuir al fracaso de las medidas de antiterrorismo; de hecho, es lo que sucedió en la cuenca del Lago Chad con la Fuerza Especial Conjunta Multinacional.
La cooperación multilateral para frenar el terrorismo reviste crucial importancia, especialmente de la mano de organizaciones intergubernamentales, como las Naciones Unidas, la Unión Africana y la CEDEAO. Aun así, los actores deben reconocer las diferentes composiciones políticas y no imponer una lógica universal para contextos locales particulares. Los descontentos locales y los déficit en el gobierno son causas clave del extremismo político.
Por ello, los gobiernos deben aceptar parte de la culpa por las condiciones que auspician los sentimientos extremistas políticos; precisamente por eso es por lo que los países africanos occidentales no solo deben derrotar al terrorismo, sino también atender a las causas que lo propician.
Este artículo ha sido traducido con la colaboración de Casa África. Traducción: Eduard Galán Sanjuán.
