Un grupo guatemalteco respaldado por el Opus Dei trabaja contra el derecho al aborto en la región, según una investigación de democraciaAbierta y Guatemala Leaks.
En el primer semestre de este año, 1.298 niñas de 10 a 14 años parieron en Guatemala, siete por día. Para la ley, sus embarazos son resultado de violencia sexual. Para la medicina, entrañan un alto riesgo a su salud física y mental. Pero la Asociación la Familia Importa (AFI), la organización antiabortista más influyente del país, opera para impedir que esas niñas accedan a un aborto al costo que sea; y por ahora tiene éxito.
Es probable que muchos guatemaltecos no sepan qué es AFI. Se trata de una organización bien equipada que, desde su fundación en 2013, ha tenido un impacto profundo, aunque discreto, en la vida, la salud y los derechos de muchas personas. Su influencia se extiende por el Congreso, el Gobierno y el sistema interamericano de derechos humanos.
En la última década, AFI se hizo sentir en debates sobre un conjunto de asuntos cruciales para las iglesias católica y cristianas en general: la igualdad para las personas LGBTQ, los derechos reproductivos, la educación sexual y la eutanasia, entre otros.
Buena parte de su éxito obedece a la estrategia de presentarse como un grupo de cabildeo sin afiliación y enfocado en defender ‘la vida y la familia’, tropos habituales de quienes se oponen a la autonomía reproductiva y los derechos LGBTQ.
Ahora, una investigación conjunta de democraciaAbierta y la plataforma de medios independientes Guatemala Leaks revela que AFI está estrechamente ligada a una red más amplia y bien financiada de actores ‘antigénero’, que incluye al Opus Dei, la influyente prelatura de la Iglesia Católica, a una organización católica y antiabortista de Estados Unidos y a integrantes de la élite económica guatemalteca.
Nuestros periodistas entrevistaron a políticas y políticos, servidores públicos y académicas para trazar una imagen que revela, también, la escala y la naturaleza interconectada de la reacción contra la equidad de género.
Apenas el mes pasado, la directora ejecutiva de AFI, Ligia Briz, viajó a Washington para reunirse con integrantes de Alliance Defending Freedom (ADF), una organización de abogados cristianos que fue crucial en la derogación del derecho al aborto en EEUU, con Family Research Council, un grupo involucrado en financiar y promover ‘terapias de conversión’ contra personas LGBTQ, y con Heritage Foundation, un centro de pensamiento conservador que redactó el Proyecto 2025, plan de gobierno para el segundo mandato de Donald Trump que busca socavar la separación de poderes y la democracia.
AFI está lejos de ser la única organización de su tipo en América Latina. democraciaAbierta ha reporteado sobre grupos similares, como la red Vida y Familia de México, y la World Youth Alliance, que incluso consiguió fondos de la Unión Europea para propagar desinformación sobre el aborto.
Pero en Guatemala –donde la mitad de sus 17 millones de habitantes viven en la pobreza, el aborto es ilegal, la comunidad LGBTQ carece de derechos y la educación sexual es casi inexistente– AFI vigila que nada cambie.
La construcción de un lobby político
El movimiento antiabortista existe en Guatemala desde hace décadas. La Constitución, aprobada en 1985, afirma que el Estado “garantiza y protege la vida humana desde su concepción”. El aborto está prohibido en toda circunstancia, excepto cuando la vida de la persona embarazada está en peligro.
Guatemala está dividida casi a partes iguales entre católicos y una amplia variedad de denominaciones evangélicas.
Pero, en 2013, la predominancia conservadora sobre la sociedad empezó a mostrar fisuras. El Estado había comenzado a impulsar en las escuelas públicas la Educación Integral de la Sexualidad (EIS) que, con una perspectiva de derechos humanos, suministra información adaptada a cada edad para promover relaciones saludables y evitar la violencia sexual, las conductas de riesgo y los embarazos indeseados. Este tipo de educación despierta el rechazo de los conservadores porque, alegan, sexualiza a los niños al incluir enseñanzas sobre estereotipos de género, derechos reproductivos y diversidad sexual.
Un año antes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) había emitido su histórica resolución sobre el caso ‘Artavia Murillo contra Costa Rica’, en la que reconoció que los derechos reproductivos son derechos humanos, que el embrión no es persona y que la protección del derecho a la vida no es absoluta, sino gradual, incremental y relativa al desarrollo de otros derechos involucrados.
La sentencia –en un caso sobre fertilización in vitro– abría la puerta a una de las situaciones más temidas por el movimiento contra el aborto en toda la región, pero en especial en los países con legislaciones más restrictivas (como Guatemala, El Salvador y Honduras).
En este panorama apareció AFI en 2013; desde entonces cabildea con éxito en el Congreso a favor o en contra de leyes y se involucra en discusiones con los políticos.
Una de las primeras victorias de AFI visibilizó su influencia: en 2017 hizo campaña contra un proyecto de ley que proponía enfrentar de manera integral la violencia sexual contra las niñas, proporcionándoles atención y compensación y el derecho a acceder a un aborto. Activistas de AFI organizaron marchas, reuniones con funcionarios y apariciones en TV, alegando que la ley solo traumatizaría más a las niñas, e incluso trataron de impedir que la iniciativa pudiese ser discutida en el Congreso.
Al final, el proyecto de ley fue archivado, gracias en parte al diputado Aníbal Rojas, quien luego integró una agrupación de parlamentarios ‘por la vida’, propiciada por AFI.
Pero AFI no se detuvo allí. Siempre que en los últimos años en Guatemala se ha debatido sobre derechos de las mujeres, infancia, juventud o diversidad sexual, AFI ha estado presente. Y, con frecuencia, sus puntos de vista han prevalecido.
La élite y la obra de Dios
El análisis de democraciaAbierta y Guatemala Leaks del registro y acta de constitución de AFI muestra que seis de sus 10 fundadores trabajaron en colegios o universidades asociadas al Opus Dei, la prelatura católica fundada en 1928 por el español Josemaría Escrivá de Balaguer. La organización, cuyo nombre en latín significa obra de Dios, ha sido catalogada como una de las más controvertidas y poderosas de la Iglesia Católica.
El grupo obtuvo en 1982 del papa Juan Pablo II el estatus de prelatura personal, una estructura que carece de límite territorial, es presidida por un prelado e integrada por clérigos y laicos para llevar a cabo actividades pastorales específicas.
Hoy, el Opus tiene unos 95.000 integrantes en más de 60 países. Sus miembros adhieren a una versión extrema de la doctrina católica, que incluye la castidad, la mortificación corporal y el rechazo de la planificación familiar. Creen que el aborto es un asesinato y que el matrimonio es un designio divino.
En los últimos años, el Opus Dei ha estado bajo creciente escrutinio. Se le acusa de ser un “semillero” internacional de la derecha y el neoliberalismo económico, y dos libros recién publicados lo describen como una secta cuyos fines son amasar poder económico y político con miras a imponer su agenda ultraconservadora. La prelatura contesta que se trata de acusaciones “falsas”, “mentiras descaradas” y “teorías conspirativas”.
En 2021, 42 mujeres denunciaron ante el Vaticano que la rama del Opus Dei en Argentina las había reclutado siendo adolescentes y niñas pobres como mano de obra no remunerada para servir a integrantes adinerados de la orden. Las mujeres afirmaron que fueron obligadas a separarse de sus familias y a hacer votos de castidad, pobreza y obediencia. Este año, una investigación del Financial Times expuso acusaciones similares sobre ramas del Opus en Estados Unidos y Europa.
En septiembre, fiscales de Argentina abrieron una investigación penal contra varios exlíderes del grupo por los delitos de explotación laboral y trata. En respuesta al proceso judicial, el Opus sostuvo en un comunicado que “niega categóricamente la acusación de trata de persona y considera necesaria la investigación judicial para esclarecer definitivamente la situación”.
En Guatemala, cuatro de los fundadores de AFI están conectados con la Universidad del Istmo (UNIS), una institución privada que cuenta con la “guía espiritual” del Opus Dei. Las estructuras del Opus Dei son propiedad de asociaciones sin fines de lucro o culturales, dirigidas por miembros de la prelatura en su calidad de personas particulares. De esta forma, el Opus como tal carece de propiedad y de responsabilidad legal sobre ellas, y su implicación se limita a ofrecerles orientación espiritual.
Esos cuatro miembros son Humberto Grazioso, exdecano de Derecho de la UNIS y exmagistrado de la Corte Suprema, Mayra Figueroa de Poggio, jefa de estudios de la misma facultad, Mirna Cardona de González, decana de Educación de la UNIS, y Elvira Estradé, que ha impartido cursos en la UNIS y está casada con Carlos Alberto Prera, rector del Centro Universitario Ciudad Vieja (principal residencia para estudiantes del Opus en Guatemala).
Otros dos fundadores de AFI tienen relación con la Asociación para el Desarrollo Educativo (APDE), una red de colegios creada “con la inspiración, impulso y aliento de san Josemaría” Escrivá, el fundador del Opus. Ellos son Carlos Melgar, director ejecutivo de APDE, y la asesora de matrimonios Manola Escaler de Pieters, activista de Alive, organización que promueve el matrimonio fundada por varias directoras de colegios APDE.
El resto de fundadores de AFI no están vinculados al Opus Dei, pero proceden de un entorno religioso similar y tienen una relación más directa con el mundo político y empresarial.
Alexandra Sol, presidenta de AFI entre 2013 y 2019, tiene una larga trayectoria como activista antiaborto y está casada con Alfredo Skinner Klee, uno de los socios del conocido –y ya desaparecido– bufete de abogados Arenales & Skinner Klee, del que han salido durante décadas diplomáticos, políticos y presidentes de bancos.
Otro fundador de AFI es César Brañas Castillo, presidente de la Asociación Vida y Dignidad Humana (Asovid), capítulo guatemalteco de Human Life International (HLI), organización católica y antiabortista estadounidense que cuenta con grupos afiliados en varios países del mundo, y que ha sido acusada de suministrar desinformación sobre salud y aborto.
El Opus Dei contestó por escrito el pedido de entrevista de democraciaAbierta y Guatemala Leaks: «La prelatura no tiene una relación institucional con la Asociación La Familia Importa (AFI). Un principio esencial de nuestra institución es el respeto a la libertad de sus miembros en cuestiones profesionales, políticas, sociales y económicas”.
Así, dice el mensaje del Opus Dei, “cualquier participación de los fieles de la prelatura en organizaciones profesionales, sociales, gremiales, o incluso en un comité de vecinos, es realizada siempre a título personal, con plena autonomía para adoptar las posturas que consideren más oportunas en los temas contingentes, tal como cualquier ciudadano en una sociedad libre y democrática».
Y agrega: “El Opus Dei tiene exclusivamente fines espirituales: ayudar a encontrar a Cristo en el trabajo, la vida familiar y el resto de actividades ordinarias. En temas profesionales, sociales, políticos o económicos, sus miembros actúan con libertad y responsabilidad personal».
AFI, en cambio, rechazó nuestro pedido de entrevista. Su directora de comunicación, Dulce Aguilar, contestó que no deseaban ofrecer declaraciones. Pero la organización divulgó un comunicado en sus redes sociales en el que afirma: “Tenemos conocimiento que se está elaborando un ‘reportaje’ […] que está siendo financiado por el sitio web activista openDemocracy”.
La declaración agrega: “Esta plataforma es costeada por donantes individuales y organizaciones, como Open Foundation [sic] de George Soros, que promueve el feminismo e ideología de género (el aborto, la hormonización en menores, la promoción de anticonceptivos en niños, entre otros). Ante esto, queremos manifestar nuestro rechazo categórico hacia cualquier información que se publique en dicho material, ya que consideramos que su propósito es distorsionar la verdad, generar escándalo y desprestigiarnos como Asociación la Familia Importa (AFI), líder de la causa provida y profamilia en Guatemala y la región, así como a sus miembros, fundadores y equipo”.
Cooptar las instituciones
En algo más de 10 años de actividad, AFI ha generado una red de más de 40 organizaciones aliadas, y es parte de un fenómeno regional, dice la socióloga Ana Lucía Ramazzini, que ha estudiado el movimiento antiaborto y anti-LGBTQ de Guatemala.
En décadas pasadas, estos grupos se caracterizaban por un discurso religioso y una organización puntual y reactiva. Pero esto cambió en la última década, y ahora buscan ser más permanentes y tener una agenda de largo plazo, según Ramazzini. “No es una embestida, no es una reacción, sino que ya hay una búsqueda de institucionalización de su agenda”, dijo la académica.
El equipo legal de AFI cabildea en el Congreso a favor o en contra de leyes, participa en discusiones y se relaciona con políticos de diferentes ideologías y religiones. Moviliza a los conservadores y a diferentes confesiones religiosas para que se opongan a cualquier iniciativa que consideren abre las puertas al derecho al aborto, la eutanasia o la EIS.
Pero sus iniciativas «no son acordes a la realidad nacional ni tienen una perspectiva de derechos», dijo la médica Mirna Montenegro, directora del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), que monitorea la atención a niñas víctimas de violencia sexual y trabaja en la prevención del embarazo adolescente.
Por ejemplo, en las últimas dos elecciones presidenciales, AFI reclamó que los candidatos presidenciales se comprometieran a no reconocer el derecho al aborto ni al matrimonio igualitario, a que el país siguiera adherido al Consenso de Ginebra –un documento antiabortista lanzado por el primer gobierno de Donald Trump– y a colocar a personas afines a esta agenda en puestos clave de la administración.
Semilla, el partido del actual presidente progresista Bernardo Arévalo que ganó las elecciones en 2023, fue uno de los pocos que se negaron a firmar el compromiso de AFI. El anterior mandatario Alejandro Giammattei, del partido conservador Vamos, sí se adhirió al documento en las elecciones de 2019. Durante su mandato, una de las fundadoras de AFI, la abogada Sandy Recinos, dirigió la Secretaría contra la Violencia Sexual, la Explotación y la Trata de Personas.
Hace años que el Congreso no aprueba una legislación que avance en la regulación de derechos reproductivos o LGBTQ, según la exdiputada de izquierda Sandra Morán, autora del proyecto de ley de 2017 contra la violencia sexual que hubiera habilitado el derecho al aborto para las víctimas. Esos temas “están bloqueados”, porque la mayoría de los escaños están ocupados por conservadores, resumió Morán.
Cada tanto, AFI hace causa común con organizaciones más progresistas de la sociedad civil, por ejemplo, para respaldar una reforma al Código Penal que introdujo los ciberdelitos contra menores, o iniciativas a favor de la lactancia materna y la protección de la infancia.
En 2020, el grupo presionó con éxito al Gobierno para impedir que la organización estadounidense Planned Parenthood, que promueve los derechos sexuales y reproductivos, abriera una sede en Guatemala. El entonces presidente Giammattei anuló una decisión que había tomado su ministro del Interior autorizando la instalación de Planned Parenthood, lo que condujo a la renuncia del ministro.
Polarizar la política
El exdiputado de centro Roberto Alejos dijo a democraciaAbierta y Guatemala Leaks que la presencia de AFI ha contribuido a polarizar el Congreso.
En un contexto conservador, para muchos políticos que no se identifican con la izquierda resulta más ventajoso situarse en el conservadurismo duro de AFI que sostener una posición moderada, según Alejos. Estos políticos “actúan por conveniencia, por tener de su lado a una posición fuerte en el mundo y, porque no caben del lado progresista, se van al otro. No hay término medio”, dijo.
AFI también ataca a servidores públicos que promueven la igualdad de derechos.
El abogado Jordán Rodas, quien fue procurador de Derechos Humanos entre 2017 y 2022, dijo a democraciaAbierta y Guatemala Leaks que “los momentos más delicados de la gestión fueron el abordaje de estos temas, los derechos sexuales y reproductivos y la diversidad sexual, muy sensibles para este sector”.
AFI y su red de organizaciones atacaron abiertamente a Rodas por pronunciarse a favor de los derechos LGBTQ. “Ellos amenazaron mi cargo, pero tuve la habilidad política y el respaldo social para llegar al final del mandato”, dijo el exprocurador. “Es un grupo que representa a los intereses más conservadores y que coinciden con la oligarquía”.
AFI también lo presionó mediante recursos legales que llegaron hasta la Surepma Corte para que detuviera la distribución de un manual sobre atención de embarazos en niñas y adolescentes, presentado por su antecesor, en el que se describía el aborto como un derecho.
La organización llegó incluso a pedir la destitución de Rodas y que se le enjuiciara por supuestamente no retirar de circulación el manual con suficiente celeridad. “Ellos querían presentar un antejuicio en mi contra porque decían que había incumplido esa sentencia. Y además de la acción legal, tenían incidencia en los medios más conservadores”, dijo Rodas.
El exprocurador cuestionó la restringida versión de familia que defiende AFI. “La familia importa, sí, pero ¿qué familia? Para mí una mamá soltera es familia, una pareja de la diversidad sexual es familia. La familia tradicional es un tipo, pero hay otras modalidades”, observó.
Influir en el Gobierno y penetrar las escuelas
Una de las organizaciones que componen la red de AFI, Enlace, suscribió en 2018 un acuerdo con el Ministerio de Educación para becar e impartir diplomados a padres, maestras y maestros de escuelas públicas hasta 2021, entre otros temas sobre educación sexual, según una copia del documento que democraciaAbierta y Guatemala Leaks obtuvieron mediante un pedido de acceso a información pública.
Esta formación, contraria en los hechos a la EIS, promueve la castidad, niega la diversidad sexual y la autonomía reproductiva y sataniza el divorcio y los anticonceptivos –incluso el condón para prevenir enfermedades de transmisión sexual– como males impuestos por la ‘ideología de género’.
Según la respuesta de las autoridades a nuestro pedido, solamente en 2019 Enlace entrenó a unos 1.300 docentes de 120 escuelas.
Nuestro análisis muestra que AFI propala mensajes similares sobre la EIS, y sostiene que la responsabilidad de la educación sexual es de los padres, no del gobierno.
“¿Quiénes van a impartir educación sexual integral? ¿Madres de 14 años que han sido víctimas de violencia? ¿Padres que han violado a sus hijas?», cuestionó la médica Montenegro, directora del OSAR.
En septiembre, AFI lanzó una campaña en redes sociales en apoyo de un nuevo proyecto de ley destinado a terminar con cualquier intento de adoptar la EIS, otorgar a los padres poder de veto sobre el contenido curricular y prohibir la “promoción de la ideología de género, la reasignación de género, los métodos abortivos y el fomento de la sexualidad temprana”. Este proyecto podría aprobarse si logra suficientes apoyos de partidos conservadores.
La iniciativa aparece dos años después de que la legisladora Andrea Villagrán, del partido gobernante Semilla, presentara otro proyecto para dar a la EIS carácter obligatorio, que sigue congelado en el Congreso por falta de votos.
Una lucha global
En 2019, el abogado conservador Stuardo Ralón fue elegido para ocupar uno de los siete lugares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que supervisa el respeto de la Convención Americana de Derechos Humanos en el continente, emite medidas cautelares y eleva casos graves ante la CorteIDH.
Los integrantes de la CIDH son elegidos por votación de los países de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y por tanto sujetos a negociaciones entre gobiernos. Pero una fuente que presenció esas negociaciones, y que pidió no revelar su nombre, aseguró que AFI desplegó un cabildeo importante a favor de Ralón. “Si a él lo eligieron fue porque hubo un lobby bastante fuerte de AFI”, dijo la fuente.
AFI celebró la elección de Ralón y su reelección en 2024. Antes de llegar a la CIDH, el abogado colaboró en varias actividades de AFI. Se ocupó de presentar recursos legales para frenar la difusión del mencionado manual sobre atención de embarazos tempranos; acompañó a miembros de AFI en su campaña para impedir que se despenalizara el aborto en casos de violación; y fue conferencista en actos organizados por el grupo.
El comisionado no aceptó una entrevista para este artículo. Se limitó a contestar por escrito: «No me une ningún vínculo jurídico con AFI”.
Respecto de su asiento en la CIDH dijo: “Soy el primer guatemalteco reelecto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siendo en esta segunda elección en la asamblea el segundo candidato más votado de todos los Estados miembros, estados cuya gestión y gobernanza es plural y con visiones distintas en diversos temas».
Aunque la CIDH no es un tribunal de justicia, Ralón ha tratado de dejar huella a través de los votos razonados –posiciones en minoría que redacta personalmente o apoya– en contra de decisiones adoptadas por la mayoría. En esos documentos argumenta que ninguna convención de la OEA dice expresamente que el aborto es un derecho, que el matrimonio pueda ser de personas del mismo sexo o que exista el derecho a la identidad de género.
Uno de sus votos disidentes fue para el caso ‘Beatriz contra El Salvador’, elevado por la CIDH a la CorteIDH.
En 2013, año de fundación de AFI en Guatemala, Beatriz solicitaba en El Salvador un aborto para poner fin a su embarazo. La joven sufría de lupus, nefropatía lúpica y artritis reumatoidea, y el feto padecía anencefalia, por lo que no sobreviviría fuera del útero. Beatriz apeló a la Corte Suprema de El Salvador, que le negó el aborto. Meses más tarde, cuando ya estaba gravemente enferma, se le practicó una cesárea, y el bebé murió horas después. Beatriz falleció en 2017 de neumonía causada por el lupus y su débil estado de salud.
Su caso todavía está pendiente. Es la primera vez que la CorteIDH juzga la prohibición total del aborto, y el fallo podría tener impacto en toda la región.
En su voto disidente, Ralón reflejó una vez más la postura de la AFI. “No existe un consenso generalizado a nivel global de que exista un derecho al aborto en el corpus del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, escribió.
AFI, que participa de la campaña contra este caso, ha difundido desinformación, alegando que se busca legalizar el aborto eugenésico y eliminar a los niños con discapacidad.
Para Montenegro, del OSAR, las preocupaciones de AFI se limitan a impedir los abortos. «No solo tienes que preocuparte de que nazca el bebé, sino de lo que pasa después con ese bebé».
*Asier Andrés y Dánae Vílchez aportaron reporteo e investigación para este artículo
