La reforma religiosa no es un asunto menor para este gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha escuchado, desde que era candidato, las voces de relevantes liderazgos de las iglesias con mayor presencia en este país, que le han pedido un cambio que les garantice lo que llaman una verdadera libertad religiosa, el acceso a concesiones para operar medios de comunicación y el reconocimiento necesario para impartir formación religiosa en las escuelas.
Y aunque durante años intentaron convencer a las administraciones del PAN y del PRI, no lo lograron ni con las visitas papales en las que de manera recurrente se ha colocado en la mesa este interés por parte de la jerarquía católica. Sin embargo, el presidente López Obrador se ha mostrado sensible ante este tema.
Luego de haber iniciado su gobierno el 1º de diciembre de 2018, pasó poco tiempo, tres meses, para que representantes de las diversas iglesias fueran convocados a las primeras reuniones donde comenzó a trabajarse la iniciativa de reforma.
Siempre con buen ánimo, describen quienes han asistido, funcionarios de la Secretaría de Gobernación y legisladores se han encontrado en diversas ocasiones con líderes religiosos, hasta que el pasado mes de diciembre el tema llegó al Senado a través de una iniciativa de la senadora de Morena, Soledad Luévano.
No fue de la mejor manera, comentan jerarcas de la iglesia católica. A diferencia de la reforma al Poder Judicial, que el Senado anunció en un evento bien organizado, en compañía del presidente de la Suprema Corte Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, y del consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, en representación del Ejecutivo Federal, la reforma en materia religiosa salió a la luz en una iniciativa que ni siquiera fue presentada en la tribuna.
Ocasionó críticas de diversos sectores, al destacar que pone en riesgo el principio fundamental del Estado laico a través de propuestas como la de establecer de manera explícita que el Estado “garantizará plenamente el derecho humano a la libertad de religión de todas las personas y ejercerá su autoridad en la materia sólo en lo relativo a la observancia de la Constitución, los tratados internacionales ratificados por México…” y la autorización para que funcionarios de todos los niveles acudan a actos de culto público, así como permitir centros de atención espiritual dentro de instalaciones de las Fuerzas Armadas.
La polémica ha frenado la reforma misma. Aunque el Senado mantiene su intención de realizar un Parlamento abierto a fin de debatir de cara a todos los sectores de la sociedad esta iniciativa, no aparece en las prioridades de Morena para el periodo ordinario de sesiones que iniciará el 1 de febrero próximo. Cabe destacar que aunque no sea incluida inicialmente en su agenda prioritaria, Morena puede decidir sacarla adelante en el pleno, en cualquier momento, pues se trata de una reforma de carácter secundario y no constitucional. Por lo que la bancada mayoritaria no requiere de apoyos de otros partidos y sus grupos parlamentarios.
A propósito de este asunto, llama la atención que la iniciativa de la senadora Luévano es para modificar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, reglamentaría de artículo tercero de la Constitución, que es vigente desde 1992, cuando el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari había materializado la reforma a la Carta Magna que marcó una nueva era en las relaciones Iglesia- Estado, con el propósito de legitimar su gobierno después de las cuestionadas elecciones de 1988.
Y es que los líderes de las iglesias plantean incluso públicamente que lo que se trabaja es una nueva ley expresamente de libertad religiosa que reglamente el artículo 24 de la Constitución y si a partir de estas nuevas disposiciones hay ajustes a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público será otra cosa.
El pasado 20 de diciembre, el cardenal Carlos Aguiar hizo una declaración televisiva en la que confirmó que se alista la nueva ley, que consagre el derecho primigenio de libertad religiosa, y que él de manera personal, así como otros jerarcas de la iglesia católica, pero también de diversos credos, han sostenido reuniones con legisladores, a fin de avanzar en el nuevo diseño normativo, que esperan sea aprobado este mismo año.
Lo que seguramente no esperaba el cardenal Aguiar en ese momento es el duro golpe que vino después, cuando Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló qué hay una denuncia en contra de los Legionarios de Cristo por sospechas de lavado de dinero.
Hasta ahora, los escándalos de pederastia y enriquecimiento de esta congregación clave dentro de la estructura de la jerarquía católica no habían tenido consecuencias serias. Los mandatarios mexicanos no habían emprendido y mucho menos divulgado oficialmente una indagatoria al respecto, y aunque se dejó claro que hasta ahora ningún delito se ha comprobado, el mensaje queda ahí.
Ya lo aclaró de viva voz el presidente Lopez Obrador, nada de lo que hace y dice Santiago Nieto es por la libre, todo asunto pasa por su autorización expresa. Puede ser que el mensaje central sea dirigido al expresiente Vicente Fox y a su esposa, Martha Sahagún, a quien se vincula con la Legión de Cristo, pero lo cierto es que hoy la congregación más poderosa en la estructura del catolicismo debe enfrentar el señalamiento de la autoridad.
El logro que parecía la ansiada reforma religiosa se vio opacado por el anuncio de la UIF. Quienes sí están en plena armonía son las iglesias evangélicas. Por su lado han buscado también constantemente una reforma que garantice plena libertad religiosa.
Ellos han participado más activamente en asuntos de política respaldando al actual jefe del Ejecutivo a través del Partido Encuentro Social y con la difusión de la llamada Cartilla Moral en sus templos.
Diversas propuestas que contiene la iniciativa presentada por la senadora Luévano permitirían a los líderes evangélicos trabajar más formalmente con el actual gobierno. Por ejemplo, se reconocería de manera explícita en la ley su derecho a la administración, sostenimiento y funcionamiento de obras de asistencia social y de promoción humana.
Será importante su colaboración de cara a las elecciones del 2021. Por lo pronto, va bien el trámite de lo que era el PES en el INE para recuperar su registro y aparecer nuevamente en la boleta electoral de la elección intermedia para renovar la Cámara de Diputados, gubernaturas, ayuntamientos y congresos locales.
Para nadie es un SECRETO que la influencia de sacerdotes, pastores y líderes religiosos, con presencia en todo el país, siempre es un factor que toman en cuenta los políticos a la hora de formar alianzas.
