Las mociones para formar una Red de Municipios por un Estado Laico, impulsadas por IU, PSOE y Podemos, están desatando pasiones en pueblos y capitales de provincia
Los ayuntamientos españoles andan revueltos desde hace unas semanas. Conversaciones subidas de tono, acusaciones cruzadas al grito de “fascista”, manos a la cabeza, carteles en alto como señal de protesta, incluso súplicas de algunos concejales para no aprobar una moción que los convertiría en un“ayuntamiento proscrito”. No hay pleno en el que la propuesta para sumarse a la Red de Municipios por un Estado Laico no genere choques dialécticos. Su objetivo: retirar de los consistorios crucifijos y vírgenes, impedir que ningún cargo público acuda a actos religiosos en nombre del ayuntamiento y garantizar que la Iglesia pague el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y deje de recibir financiación y concesiones de suelo público.
“Se trata de un proyecto a medio plazo que busca un cambio de actitud de los responsables públicos hacia los actos y expresiones religiosas, como forma de defender la libertad de conciencia y los derechos humanos en el ámbito municipal”, indica Francisco Delgado, presidente de Europa Laica, la asociación que está detrás de este movimiento. “Por ejemplo, en muchos municipios sigue siendo muy complicado realizar funerales civiles en cementerios, o celebrar actos civiles de bienvenida a un recién nacido. Cuesta mucho que la Iglesia pague el IBI de su propiedades. Al final, España es un Estado con un sesgo confesional católico muy fuerte desde hace siglos, y eso sigue presente aún en muchos ayuntamientos”, prosigue Delgado.
Dos meses para crear un ‘lobby’
La red está en plena fase de construcción. Abril y mayo serán los meses clave, en los que cientos de ayuntamientos deberán votar ser o no ser un municipio laico. Izquierda Unida, Podemos y el PSOE son los partidos que están llevando la moción a los plenos. Y el Partido Popular, con el apoyo irregular de Ciudadanos, es el encargado de rechazarlo a ultranza al considerarlo un atropello a los derechos civiles. Ya van más de 50 ayuntamientos sondeados: una veintena han votado a favor de adherirse a la red, con Gijón, Mieres y Sagunto entre los más destacados, mientras que en otros 30 ayuntamientos no ha prosperado, ya sea por rechazo directo o por abstención. En esos casos, los grupos municipales de izquierdas han prometido sumarse a la red aunque sea a título privado, con el fin de observar y denunciar comportamientos reprobables en sus municipios.
“No se trata de perseguir procesiones o romerías, sino de que los ayuntamientos valoren el coste social y económico de apoyar actividades religiosas. En Sevilla, por ejemplo, argumentan que los millones de euros que el ayuntamiento dona a las cofradías repercute en un aumento del turismo. Sí, puede ser que en España haya diez o quince municipios donde la religión sea un activo turístico, pero hay otros 8.000 en los que no. No puede ser que haya pueblos de 1.000 habitantes donde se gasta el 10% del presupuesto en procesiones y actos religiosos”, indica el presidente de Europa Laica.
Centenares de personas se han manifestado en Murcia y Sevilla contra la posibilidad de convertirse en «ciudadanos laicos». En Santander, histórico feudo del Partido Popular, la moción ha caído casi como una ofensa en el equipo de gobierno. La concejal Carmen Ruiz organizó días atrás una rueda de prensa solo para expresar su rechazo a la propuesta conjunta de PSOE, IU y Ganemos. Afirmó que es «una moción total y radicalmente discriminatoria, intransigente y dura” que “muestra una radicalización hacia los que no piensan como ellos, sin importarles el daño que hubieran infligido a muchos ciudadanos». Ruiz argumentó que el ayuntamiento colabora con asociaciones, fundaciones y ONG confesionales, y que regirse como municipio laico pondría en peligro la financiación de servicios sociales a los más desfavorecidos. “Lo que pretenden es imponer una férrea discriminación que no contempla la Constitución. No sé si la Navidad también puede correr peligro”, clamó la concejal de Barrios y Participación Ciudadana de Santander.
El artículo de la discordia es el 16.3 de la Constitución: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones”. Los ayuntamientos que votan en contra de sumarse a la red de municipios laicos se apoyan en este punto, que pone de relieve la aconfesionalidad del Estado, mientras que los que optan por adherirse lo hacen precisamente como medida de presión para modificar la Carta Magna.
En Gijón, hasta la fecha municipio bandera de la red, la portavoz popular Sofía Cosmen se quejó en ese sentido: “La Constitución dice que este es un Estado aconfesional, por lo tanto sus instituciones también. No estamos aquí para quitar ni para dar derechos fundamentales”. Una opinión compartida por José Luis Huertas, portavoz del PP en Segovia, cuyo ayuntamiento decidió no entrar en la red pero sí regirse por los principios de laicidad. “Es sorprendente que se presenten mociones para hacer de Segovia una ciudad laica y no se presente nada en cuestión de reasfaltado de calles o gestión de aguas”, se lamenta.
Para Guillermo Martín, concejal del PSOE en Torrelodones (Madrid), “España debería ser un Estado laico, y nosotros vamos a intentar dar ese paso”. Su grupo no ha llegado a tiempo de llevar la moción al pleno de este mes, pero se guarda el cartucho para el pleno de mayo. “Sabemos que la Constitución está como está, por eso son los municipios los que deben iniciar este cambio. Yo mismo tuve que quitar un crucifijo de la mesa cuando prometí el cargo y volverlo a colocar después”, denuncia el concejal. Y aclara: “Para el ciudadano, formar parte de la red de municipios laicos quizá no repercute en un bien material, pero es un avance social que, aunque sea pequeño, planta una semilla. El laicismo es la única garantía hacia el respeto de las distintas visiones de una sociedad”. Como ejemplos concretos, Martín pretende impulsar fiestas laicas en honor a personajes ilustres del municipio en lugar de basar todo el calendario de festividades en patrones y vírgenes católicas. “Pero no se trata solo de poner límite a las expresiones cristianas. También habría que ver si las escuelas deben tener menús específicos para musulmanes”, apunta.
La moción sí llegó a tiempo a Quartell, un pueblo valenciano de 1.500 habitantes. Y se armó el escándalo. Los vecinos amenazaron con echarse a la calle si el pueblo se adhería a la red de municipios laicos, extremo que fue rechazado por un escaso margen. “Este asunto ha provocado una alarma social muy grande, la gente tiene miedo de que no se conceda permiso para celebrar las procesiones o que nos expropien el cementerio, que aquí es propiedad de la Iglesia”, explica Iván Villalba, portavoz popular en Quartell. Tal ha sido el revuelo en el pueblo, que el portavoz de Izquierda Unida, Vicent Arlandis, ha tenido que calmar los ánimos esta semana,si bien dejando un recado: “¿Alguien vería normal que el ayuntamiento cediera la glorieta del pueblo para que se instalara un logo de una empresa privada a perpetuidad? Pues lo mismo sería dejarlo a cualquier confesión religiosa para que instalara una imagen o símbolo religioso”.
Disputas del mismo calado se están repitiendo en municipios grandes y pequeños a lo ancho de la geografía española. En Coslada (Madrid), los concejales populares acudieron al pleno con carteles que rezaban “soy cristiano”, “soy musulmán” y “soy budista” para protestar por una iniciativa con “claros tintes fascistas y totalitarios” que supone “un retroceso en el ejercicio de las libertades”, según clamó el portavoz popular Raúl López. En el extremo opuesto se encuentra Asturias, hasta la fecha la comunidad autónoma con mayor fervor laicista. No solo son Gijón y Mieres. En Langreo, por ejemplo, el apoyo ha sido total, y los detractores ya temen que la imagen de la Virgen de El Carbayu que preside el ayuntamiento tenga los días contados.
“En Bélgica, Francia y Grecia ya nos han preguntado acerca de esta red”, destaca el presidente de Europa Laica. Antes del verano, los impulsores deberán valorar si hay mimbres para hacer de esta Red de Municipios por un Estado Laico un ‘lobby’ en favor de modificar la Constitución. De momento, guiños como el del presidente del Congreso, Patxi López, que recientemente retiró dos crucifijos de su despacho en la Cámara, alientan a quienes apuestan por un nuevo modelo social.
