Crece en España la indiferencia ante Dios. La salvación pierde fuerza entre los anhelos íntimos de una población cada vez menos dispuesta a apencar sin rechistar en este valle de lágrimas a la espera de una incierta recompensa tras la muerte. Ni ofreciendo esperanza ni infundiendo miedo la religión es ya capaz de imponer su producto en un mercado ciertamente saturado de competidores civiles.
Los datos del CIS son inequívocos. Conviene no dejarse deslumbrar por el neón de ese todavía elevado porcentaje de españoles, un 68,7%, que se dicen católicos. En primer lugar, porque son casi 10 puntos menos que hace una década. Además, de esos católicos, un 56,2% no va «nunca» a misa (sin contar bodas, bautizos y comuniones). Los ateos, agnósticos y no creyentes suben con proyección exponencial: el 8,5% en 1980, el 9,8% en 1990, el 13,2% en 2000 y el 27% en 2018. En el caso de los jóvenes de 18 a 24 años, el porcentaje de no religiosos asciende al 48,9%. No hay relevo generacional.
¿Damos pues por amortizada, al menos por amenazada de extinción, a la vieja institución de la hostia y la cruz? Eh, no tan deprisa. Eso sería muy precipitado. Y no sólo porque existe en España una arraigada religiosidad popular, más cultural que espiritual, que es difícil de cuantificar pero que con toda seguridad incrementa la influencia de la Iglesia católica más allá de donde alcanzan los datos de filiación. También, y más importante aún, porque la Iglesia está compensando hábilmente –en la política, en las aulas, en el diseño mismo de la sociedad, en los círculos de poder– su retroceso en el púlpito.
Hoy la Iglesia, la misma Iglesia de los seminarios declinantes, es una institución decisiva en el modelo de funcionamiento del Estado social a través de su posición privilegiada en los ámbitos educativos, sanitario y caritativo. Hoy la Iglesia, la misma Iglesia incapaz de pastorear a un rebaño desorientado, mantiene un caudal de privilegios simbólicos, económicos, fiscales, patrimoniales, educativos y de presencia en el espacio público mayor incluso que a la salida de la Transición.
Adiós a Dios
Pero detengámonos primero en su retroceso. La Iglesia se va quedando sin clientela. Es más, el déficit de sotanas amenaza con acabar con una de sus características nucleares en España: su capilaridad, su presencia en cada rincón del país. Se decía que un pueblo era tal si había maestro, médico y cura. Pero estos últimos escasean. Las parroquias sin sacerdote se cuentan ya por miles. El propio presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, ha admitido la «extraordinaria escasez» de vocaciones.
Y la vocacional no es su menor sangría. La Iglesia, castigada su imagen en todo el mundo por las aberraciones pedófilas cometidas y encubiertas, pierde autoridad a ojos vista incluso en sus históricos ámbitos de monopolio: la admonición moral y la homologación de la conducta. España, antaño irreductible bastión de la fe, aparece ahora en todos los informes como uno de los países donde mejor aceptación existe hacia la diversidad sexual y la heterodoxia afectiva. Hay dos datos que, a mis ojos, dan el jaque mate a la Santa Madre allá donde se creía llamada a mandar por derecho divido: la conformación familiar. 1) Más de dos de cada tres matrimonios son civiles. 2) Casi la mitad de los niños nacen hoy en España fuera del matrimonio. Eso en la cuna de San Ignacio. Poca broma.
Pero, ojo, el fenómeno –hablamos del avance galopante de la secularización– no es nuevo. Ni siquiera reciente. Quizás sí son nuevas las dimensiones, pero no la tendencia histórica. La Iglesia ya estaba en crisis cuando la Segunda República acometió el más drástico intento llevado a cabo en España de desligar a Dios del Estado. El lento adiós a Dios viene de lejos.
‘Quid pro quo’
El republicano fue un desafío de relieve histórico. Pongámoslo en perspectiva. La Iglesia y el Estado acumulaban siglos de entrañamiento. De consustancialidad. De pacto a fuego. Es un pacto antiguo. Dios, patria y rey. Altar y trono. Contrarreforma. Trento. La Iglesia ha ejercido un papel secular de soporte de la jerarquización clasista, garantía del disciplinamiento social, bastión del antirreformismo, certidumbre de la propiedad frente a los imprevistos liberales o –no lo quiera Dios– revolucionarios. A cambio, el Estado y los beneficiarios del orden reinante han cebado y blindado las riquezas de la Iglesia, han asegurado su enquistamiento en las vértebras de la identidad nacional, han incrustado su impronta sacramental en fiestas, ritos, liturgias y hasta ciclos vitales. La han colmado de privilegios, en suma. Le han dado la autoridad moral, nada menos. Quid pro quo.
A esa institución, a la Iglesia, a esa mitad del poder español, es a la que se atrevió a desafiar la República. Y lo pagó caro, porque la Iglesia formó parte destacada de la amplia coalición de fuerzas que conspiraron contra ella hasta destruirla. Tras la guerra, Franco retomó el hilo de una sucesión de concordatos inaugurada en el siglo XVIII, cerró el estrecho ventanuco liberal abierto en el prometedor XIX y le devolvió a la Iglesia, corregidos y aumentados, sus privilegios premodernos. Le entregó la llave de las almas, de las aulas y de las arcas, en acertada expresión de Ángel Luis López Villaverde.
Conviene subrayarlo: Franco acabó postergando a sus aliados falangistas y monárquicos, pero jamás a la Iglesia (tampoco a sus aliados capitalistas, pero eso es otra historia). El dictador hizo del nacionalcatolicismo la ideología oficial del régimen y saturó de incienso cada rincón de la vida oficial española con un Concordato, el de 1953, con el que el general victorioso recompensaba el servicio crucial brindado por la Iglesia, Vaticano incluido, a su Cruzada. Franco logró, contra la inercia emancipadora de las décadas centrales de un siglo que se abría paso hacia la luz, reinstaurar en España un matrimonio medieval entre Estado e Iglesia. «España será católica o no será» (Isidro Gomá). «España, martillo de herejes, luz de Trento» (Menéndez Pelayo). Ahí estaba todo.
Cuestión de tiempo
Pero ni siquiera así, ni siquiera obligando a un país entero a arrodillarse ante la cruz, podía quedar España al margen del irrefrenable influjo secularizador que ha barrido Occidente durante el último medio siglo. El nacionalcatolicismo, sí, logró obturar durante casi 40 años las vías por las que se escapaba la religiosidad española. Pero no lo logró con una cosmovisión convincente, sino incrustando a la Iglesia en la médula del Estado y persiguiendo a los discrepantes con una cruz hecha martillo.
Era sólo cuestión de tiempo y de progreso democrático que saltaran los diques. Y finalmente saltaron, a pesar de un acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede (1976-1979) que pretendía ser la traducción a un lenguaje democráticamente aceptable del Concordato del 53. A efectos de contención de la secularización, de poco ha servido. Hay que repetirlo: casi la mitad de los niños nacen hoy en España, el país de los concordatos, fuera del matrimonio. Más aún: una encuesta de Win/Gallup en 2015 sobre casi 64.000 personas llegó a situar a España como el 16º país menos religioso del mundo. Sencillamente, desaparecida la coerción política sobre la moral, la Iglesia no ha logrado competir con eficacia en el bazar internacional de las ideas y los deseos.
No es que la fe, lógicamente, haya sido eliminada, ni prohibida, ni tampoco perseguida, por más que a los jerarcas de la Iglesia y sus palmeros les encante practicar un victimismo que recuerda al nacionalista (¿no es la religión, tras el aplastante triunfo técnico de la ciencia, la forma más edénica de nacionalismo, o al revés?). Ocurre sólo que la religión, en una democracia pluralista, se ve forzada a competir en un mercado de infinita oferta ideológica. Y ahí Dios pierde terreno. ¿Resultado? Los bancos de las iglesias se vacían. También los altares. Y los confesionarios. Las costumbres se liberalizan. Ni siquiera la Conferencia Episcopal lo niega. Su plan pastoral de 2002-2005 ya alertaba «la débil transmisión de la fe a las generaciones jóvenes, la disminución de vocaciones, el cansancio e incluso desorientación que afecta a un buen número de sacerdotes, religiosos y laicos y la pobreza de vida litúrgica y sacramental». En su plan vigente, 2016-2020, el diagnóstico es aún más descarnado: «Bajo la influencia de la cultura dominante en Occidente, en nuestro pueblo se ha difundido la idea de que la religión no tiene fundamento racional». Es decir, la Iglesia –que sigue siendo una de las casas institucionales españolas con más interesantes cerebros– asume el problema: España, antaño pueblo de Dios, le da la espalda.
Cero en ‘aggiornamento’
Llegados a este punto, ¿qué ha hecho la jerarquía que rige la Iglesia para recuperar el pulso de la sociedad? En el terreno del mensaje –también del talante–, poco o nada. La jerarquía española, poseída aún por el influjo imborrable de Rouco Varela, ha renunciado a cualquier aggiornamento. Anclada en una interpretación doctrinal reaccionaria, la élite eclesial exhibe una querencia retrógrada que sitúa como males absolutos a combatir «la ideología de género», el «homosexualismo», la eutanasia, el uso de células madre, el aborto… Su prioridad nunca ha sido adaptarse a una sociedad que ha mutado irreversiblemente desde los tiempos en que otorgaba al clero –por la fuerza o de grado– el papel de rectora moral. La Iglesia mantiene contra viento y marea su obsesión contra la libertad sexual, pero lo hace en una sociedad liberada sexualmente y sin la menor intención de renunciar a esas libertades.
Difícil que la cosa funcione.
Nada hay de exagerado en decir que había más perfiles aperturistas y reformistas en la Iglesia de la Transición, a finales de los 70 y principios de los 80, que en la actualidad. ¿O acaso hay hoy un Tarancón? Es más, no es sólo que la Iglesia no haya revisado su fondo y sus formas, es que hay sectores de la cúpula eclesial –próximos a movimientos apostolares de nuevo cuño como los kikos y a organizaciones integristas como Hazte Oír– que propugnan un intento de recuperar vigor subiéndose a una ola de tradicionalismo nacional-esencialista cuyas posibilidades tanto política como religiosas ya están explorando los Trump, Bolsonaro, Orbán y compañía. En España, Vox y el ala dura del PP interpretan este revival nacionalcatólico, trazando una identificación unívoca del español con el castellano católico y conservador, con un esquematismo excluyente y divisivo. Los círculos del episcopado español menos entusiasmados con el papado modernizador y caritativista de Francisco no se molestan en disimular su agrado.
Aferramiento a los privilegios
El tiempo dirá si las altas esferas del clero español, que siguen marcadas a fuego por el papado antiizquierdista de Juan Pablo II, acaban reincidiendo en una adhesión política reaccionaria que evocaría lo peor de su historia del siglo XX. Se verá. Lo que hoy sabemos seguro es que el aperturismo doctrinal no ha sido la vía de la Iglesia española para taponar la secularización. Las iglesias se vacían. Pero la respuesta no ha sido adaptativa. El alto clero español ni siquiera ha intentando coger el tren de Francisco, visto en los despachos enmoquetados de nuestra Iglesia diocesana como un populista facilón mordido por la serpiente del relativismo y laxo –¡anatema!– en cuestiones sexuales.
Entonces, preguntamos de nuevo, ¿cómo ha actuado la Iglesia para frenar su declive?
La respuesta, examinada la conducta de la institución a lo largo de las últimas décadas en España, sólo puede ser una: aferrándose a sus privilegios, protegiendo su estatus, asegurándose los medios públicos para sostener su estructura, aprovechando su privilegiado régimen fiscal para buscar vías de ingresos.
Y la verdad es que lo ha hecho con innegable éxito.
La cúpula eclesial española ha elegido como vía de supervivencia la incrustación en todas las salas donde se determina el rumbo del país, es decir, la política, la judicatura, la primera y segunda enseñanza, la universidad, la formación de élites, la gran empresa… Más que a la seducción de un rebaño desperdigado, la Iglesia se ha concentrado en la enconada defensa de unas prebendas garantizadas por el poder político y judicial: las exenciones fiscales, la manga ancha con las inmatriculaciones, la opacidad y barra libre tributaria para sus inversiones, el crecimiento desbocado de la educación concertada, las facilidades para el desarrollo de discretas actividades lucrativas (con el asesoramiento, dicho sea de paso, de la gran banca y sus departamentos ad hoc; el Santander, BBVA, Caixabank y el Sabadell ofrecen a la Santa Madre servicios de inversión a medida, tratando de reducir al mínimo las contradicciones entre fe y negocio. Es el caso de Santander Responsabilidad Conservador, Santander Solidario Dividendo Europa, Sabadell Inversión Ética y Solidaria).
Turismo, sanidad, patrimonio…
Mientras fracasaba en la prédica, ha triunfado en el negocio. La Iglesia, la misma Iglesia incapaz de llenar las misas de fieles, se ha especializado con asesoramiento profesional de primer nivel en llenar los templos de visitantes, sumándose al principal negocio español –el turismo– con el plácet de unas autoridades que le permiten ganar dinero como una empresa pero tributar como una ONG. Es el singular estatus de la Iglesia, el que le permite mantener poder e influencia en una sociedad espiritualmente escéptica.
Simultáneamente, además, esas mismas autoridades –con escasa distinción entre signos políticos– han asumido como normal la subcontratación sistemática a organizaciones religiosas de tal cantidad de servicios sociales –caridad– y sanitarios que no es inexacto decir que la Iglesia forma parte con rango institucional del Estado social en España –lo cual no es ajeno, por cierto, a la precariedad del mismo–.
Y más. La Iglesia católica mantiene su condición de mayor propietaria privada de bienes inmobiliarios de España. Acumula un formidable patrimonio, administrado con confortable opacidad, del que dispone además con paradisíacas condiciones fiscales. Un patrimonio, por cierto, que se ha visto incrementado por décadas de frenesí inmatriculador. Otra vez, sin que las autoridades actúen. Otra vez, con los tribunales de su lado. Como siempre, beneficiándose de unas inercias históricas y un marco legal a medida que nadie se decide a tocar. Ocurre como con la memoria histórica: en la Transición parecía demasiado pronto para tocarlo; ahora, demasiado tarde.
Educación y élites
Al mismo tiempo, a través de sus múltiples terminales, la Iglesia controla más del 60% de la educación concertada en España, un sector que consume anualmente por encima de 6.000 millones de euros de dinero público y que no para de ganar terreno con el impulso expreso de la jerarquía, sus grupos de presión y la inmensa mayoría de los medios de comunicación. La escuela concertada, pilar de un modelo educativo segregador, ejerce además como cantera de las 16 universidades de la Iglesia, que han incrementado en más de un 14% su alumnado en apenas un lustro. La Compañía de Jesús, el Opus y la Asociación Católica de Propagandistas destacan por su fuerza universitaria. Y, más concretamente, en la formación de élites. Lo hacen a través de sus MBA en la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (Esade), cuyo patronato está compuesto en un 50% por miembros de la Compañía de Jesús, y en el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE), del Opus. A esto se suma el Instituto Católico de Administración y Dirección de Empresa (Icade) de la Universidad de Comillas, la Deusto Business School y la Business School CEU.
Es decir, la misma institución que ha perdido el paso de la calle se ha convertido en una máquina de fabricar directivos. Porque en la universidad se ratifica una tendencia que ya se da en la enseñanza obligatoria y el bachillerato privado en manos de organizaciones católicas: la Iglesia contiene en el ámbito educativo el retroceso de su influencia religiosa. En el caso de la universidad, además, le sirve para mantener y estrechar lazos con la élite económica, a la que ofrece formación en economía, empresa, derecho y comunicación. La Iglesia es hoy una maestra del networking. No en vano, el Opus Dei es la más decisiva contribución de España a la Iglesia mundial en el siglo XX.
Un dato. Según una meritoria investigación de la revista La Marea, publicada en abril de 2018, de los 433 consejeros de las empresas del IBEX-35, al menos 170 han tenido relación en calidad de estudiantes, docentes o miembros de órganos de gobierno con una o varias universidades vinculadas a la Iglesia. El repaso abarca constructoras (Abertis, Acciona, ACS, Ferrovial, Técnicas Reunidas), bancos (Sabadell, Santander, Bankia, Bankinter, Caixabank, BBVA), transporte (AENA, Iberia), energía (Enagás, Endesa, Gas Natural, Iberdrola, Red Eléctrica, Repsol), telecos (Cellnex, Telefónica), inmobiliarias (Merlín, Colonial) y siderurgia (Acerinox, Arcelor), entre otros sectores. La Iglesia sigue siendo además fuerte en sectores clave de la cultura: los medios –siempre– y la edición, con la que además alimenta su posición en el ámbito educativo. A través de fundaciones y ONG financiadas por el gran capital, la Iglesia se ha convertido al mismo tiempo en una especie de administradora de la obra social del IBEX 35.
Puntos fuertes
Acceso al negocio en condiciones de ventaja competitiva. Ocupación de espacios de privilegio en sectores críticos del diseño socioeconómico: educación, sanidad, formación de élites. Administración discrecional de su patrimonio. Esos son los puntos fuertes de la una Iglesia que, al mismo tiempo, se declara en «desolación vocacional». Una Iglesia que predica la pobreza –con la boca chica–, pero que ha interiorizado la lógica neoliberal. Una Iglesia mucho más parecida al Opus que a Cáritas.
No han sido pocos los intentos de limar los privilegios de la Iglesia, bien por considerarlos incompatibles con la aconfesionalidad del Estado, bien por estimarlos atentatorios contra el principio de igualdad de condiciones en la competición mercantil. Pero lo cierto es que la Santa Madre ha defendido hasta la fecha con éxito su especialísimo estatus tanto en los tribunales –otro espacio de poder en el que la institución católica se mueve como pez en el agua; doctores tiene la Iglesia, pero aún más abogados– como en el Congreso. Ningún gobierno le ha plantado cara, por más que la famosa «denuncia del Concordato», en referencia a los acuerdos del 76-79, anclaje de la mayoría de privilegios de la Iglesia, sea una cantinela recurrente del ala izquierda del PSOE. Al final, nada o casi nada.
Pedro Sánchez, que alcanzó la secretaría general del PSOE con un ambicioso programa laicista, finalmente no ha movido ficha para revisar la relación del Estado con la Iglesia, que se beneficia de esta inacción para aquilatar su posición y defender su preeminencia, capeando así el temporal de la secularización. Más de 40 años después de los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede del 76-79, sus privilegios no han decaído. Es más, han aumentado. No en vano, en 2007 la Conferencia Episcopal arrancó al Gobierno (PSOE) un aumento del 0,523% al 0,7% de la aportación por cada casilla de la Iglesia en el IRPF. Casi diez años antes, había logrado de otro gobierno (PP) un incremento de sus potestades inmatriculadoras de raíz franquista. En cuanto a la educación, la Lomce desborda todas las aspiraciones que la jerarquía católica pudiera tener incluso en los albores de la Transición. Y en los campos sanitario y social, la Iglesia se ha consolidado a nivel local, autonómico y estatal como la subcontrata preferente del Estado social.
Así es la Iglesia española. Puede perder terreno en la sociedad, pero no en la política. Ni en los círculos de poder. Y ha conseguido, siendo cada vez más prescindible para el pueblo, hacerse imprescindible para la Administración. Puede haber perdido la llave de las armas, pero tiene a buen recaudo las de las arcas y las aulas.
Puede que España se haya secularizado, pero el Estado no.
(Nota: Este texto parte de una observación. En la práctica totalidad de las presentaciones del libro Iglesia SA, el coloquio acababa centrado en la inadecuada presencia de símbolos religiosos en el ámbito civil; o de representantes políticos en el espacio religioso. Siendo un asunto de interés, creo que esta extendida indignación por la confusión entre los espacios civiles y religiosos –¡mira, un concejal en una procesión de Semana Santa!– a menudo es producto de haber mirado demasiado el dedo sin atender a la luna. Lo explico. La más perniciosa influencia de la Iglesia en la España de hoy no la observamos en esas fotografías de actos oficiales, con aroma de blanco y negro, en las que comparten posado el ministro de turno, el guardia civil de guardia y el obispo del rigor. Son imágenes con algo de obscenidad nacionalcatólica, vale. Son imágenes elocuentes, fáciles de transformar en caricatura. Pero, hasta cierto punto, son una distracción. Conviene no seguir mirando a la Iglesia como a una vieja institución que se resiste a subirse al siglo XXI y arrastra al Estado hacia el pasado. Quizás sea así en algunas parcelas del terreno de las ideas. No en los aspectos materiales. La Iglesia se ha modernizado, actualizado y renovado en sus prácticas económicas y de diseño social. Bajo la vetusta sotana, hay un elegante traje de ejecutivo. Bajo la escritura sagrada, un plan de negocio).
Ángel Munárriz (@angel_munarriz) es periodista del diario Infolibre. Además, participa en tertulias radiofónicas (La Ventana Andalucía, en la cadena SER) y televisivas (Acento Andaluz, en 7TV). Es autor de Iglesia SA. Dinero y poder de la multinacional vaticana en España (Akal, 2019).
Fotografía de Álvaro Minguito.
