Actos litúrgicos religiosos en las vías públicas y visitas papales

ACTOS LITÚRGICOS RELIGIOSOS EN LAS VÍAS PÚBLICAS Y  VISITAS PAPALES

         Recientemente estamos asistiendo a un frecuente y progresivo traslado de los rituales confesionales católicos al ámbito de la vía pública. Ello es especialmente ostentoso en el caso de grandes ciudades (Madrid, Barcelona, Santiago, Zaragoza…). En muchas ocasiones, el boato propio de esta creencia viene refrendado por una amplia presencia de sus prelados y, en última instancia, de su máxima autoridad, Benedicto XVI (B16, en adelante). Y de manera persistente, dichas concentraciones se pretenden masivas. Asimismo, exigen unos cuantiosos desembolsos al erario público, “alimentado” como es lógico por los impuestos que recaen en tod@s l@s ciudadan@s españoles, independientemente de sus creencias o convicciones.

         Sin ánimo de exhaustividad, valgan como ejemplo el Vía Crucis celebrado en abril de 2010 en Madrid  atravesando la calle Bailén, y la Plaza de Oriente, entre otras vías urbanas; cabe recordar la Misa de las Familias en diciembre del mismo año en Madrid, cuya “tradición” anual se remonta a la precampaña electoral de 2007; también en noviembre de 2010 los viajes pastorales de B16 a Santiago y Barcelona y, por último, la prevista Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en agosto de 2010, con la presencia de B16.

         A nadie se le escapa que esta vorágine de actos confesionales católicos en la vía pública, está relacionada con “el anticlericalismo fuerte y agresivo” que “ha nacido en España” (como declaró B16 en Santiago), o como él mismo declara, a que “la familia tradicional y la natalidad están por encima de cualquier desarrollo científico o legislativo”. Este mismo Papa declaró, taxativamente que “en España se juega la batalla decisiva entre fe y razón”. Por tanto, a juicio del jerarca vaticano, España está situada en el epicentro del proceso reevangelizador del catolicismo y, por tanto, la batalla debe comenzar por España.

         Debo empezar aclarando que esta situación se produce en un Estado constitucional que se declara no confesional y entre cuyos principios fundamentales reconoce la libertad de conciencia individual y la igualdad de trato para todas las creencias y convicciones (sean éstas de origen religioso o no).

         Asimismo, cabe recordar que nos estamos refiriendo a los ritos particulares de una confesión (particulares, puesto que no afectan ni comprometen al conjunto de l@s ciudadan@s y, por tanto, no son de ámbito general), cuyos practicantes habituales no exceden la quinta parte de la población, por más que declaren porcentajes de católicos muy superiores, merced a la insidiosa práctica del bautizo obligatorio de los recién nacidos. Buena prueba de ello es que la gran mayoría de l@s ciudadan@s rechaza las ideas de B16 y su cohorte episcopal acerca de la interrupción del embarazo, los anticonceptivos, la homosexualidad, la igualdad de las mujeres o los avances científicos que tienen que ver con la genética o la embriología.

         Así pues, en relación con esta situación, voy a tratar de reflexionar sobre los siguientes aspectos:

         1.- Los actos confesionales masivos en las vías públicas.

         2.- Las visitas de Estado/pastorales de B16.

         3.- El papel jugado por nuestr@s representantes públicos.

         4.- La Jornada de agosto de 2011.

Los actos confesionales masivos en las vías públicas

         Tradicionalmente se han venido celebrando ceremonias o actos confesionales católicos que gozan de bastante raigambre, merced a la simbiosis de aspectos meramente católicos con otros más lúdico-festivos, turísticos y comerciales. Las procesiones serían los rituales más representativos de esta simbiosis.

         Sin entrar a profundizar en la cuestión, y como punto de partida de la reflexión, creo que deberíamos hacer  una distinción entre los ritos comunitarios de origen religioso (caso de las procesiones, por ejemplo) de aquellos actos litúrgicos propiamente dichos (misas, confesiones, rosarios, vía crucis…).

         Independientemente de que los primeros hayan sido objeto del estudio de la antropología cultural y social, tanto por sus orígenes como por sus características, son formas de expresión colectiva que se caracterizan por: a) Contar con la participación de personas cuyas creencias y convicciones pueden ser de origen no religioso, o aún siéndolo, no ser católicas; b) La gestión y dirección de estos eventos no corresponde, en la mayoría de los casos, a decisiones de la jerarquía católica, aún cuando su burocracia pueda jugar un papel supervisor; c) La organización de estos eventos comunitarios no recae sobre especialistas eclesiásticos a tiempo completo (clero profesional católico), sino sobre personas que aunque, mayoritariamente, tengan creencias religiosas, vuelven a sus rutinas diarias tras la celebración del rito comunitario; d) Al margen del contenido estrictamente religioso, bien acompañado de una fuerte componente lúdico-festiva y comercial; e) Al no tratarse de actos litúrgicos en sentido estricto, no tiene entre sus fines el afianzamiento de sus creencias ni, de forma específica, un contenido proselitista o catequizador; f) Tienen una periodicidad anual establecida y, por tanto, su realización no depende de decisiones aleatorias de la jerarquía católica.

         Si bien los actos litúrgicos, en sentido estricto (misas, confesiones, rosarios, vía crucis,…), no cumplen ninguna de las características señaladas anteriormente, en lo tocante a su exteriorización, que es el asunto que ahora me ocupa, el problema reside en que dichos actos excedan del ámbito de los templos católicos (que se suponen afectados a estos fines, y habilitados para el ejercicio de su libertad de religión) y se trasladen a la vía pública, ámbito no específico para el ejercicio de libertad de religión, toda vez que en dicho ámbito confluyen personas de todo tipo de creencias y de convicciones.

         Se argumenta con frecuencia que se producen continuamente manifestaciones de muy diverso tipo en la vía pública sin más cortapisa que el mantenimiento del orden público. Y es cierto que, tanto en lo que se refiere a la expresión de concepciones políticas o sindicales de carácter reivindicativo, como a las estrictamente relacionadas con actividades deportivas o culturales, se ejerce esporádicamente la libertad de manifestar dichas ideas, o a la realización de dichas prácticas, de manera colectiva “en la vía pública”.

         Cuestión distinta es, a mi entender, la realización de prácticas litúrgicas religiosas en la vía pública (eucaristías, rosarios…). El ejercicio del derecho de libertad de conciencia en materia de religión, además de ejercerse en privado, puede materializarse de manera colectiva “en público”. Y esa libertad de expresión ha podido expresarse siempre libremente. Sin embargo está fuera de todo sentido común el que, disponiendo la Iglesia católica (Ic, en adelante) de cientos de templos para el ejercicio de sus actividades litúrgicas, desplace sistemáticamente éstas a las vías públicas, monopolizando con frecuencia el uso y disfrute de espacios públicos para sus creencias, en perjuicio de tod@s l@s ciudadan@s que no comparten dichas creencias o que, aún compartiéndolas, no están de acuerdo con ese uso “abusivo” del espacio público. Y si ello se produce con la frecuencia a la que nos tiene acostumbrados la jerarquía católica española, el abuso resulta más ostensible.

         Conviene aclarar que estos usos “litúrgicos” de la vía pública, no se producen en los países homologables de nuestro “universo cultural” (Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, países nórdicos, Países Bajos).

         Recientemente hemos tenido conocimiento de la práctica del rezo colectivo de personas de religión musulmana en la vía pública en ciertas poblaciones de Cataluña. Aunque estas prácticas han venido provocadas, en su mayor parte, por la cicatería de las autoridades civiles a la hora de permitir la construcción de mezquitas, no por ello han dejado de provocar cierta “alarma social” entre l@s ciudadan@s de estas poblaciones. Sin embargo, esta misma práctica, realizada por personas de religión católica, con carácter masivo y frecuente, goza del beneplácito de nuestras administraciones públicas (Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, Gobierno central) y no parece ser objeto del mismo “rechazo social”.

         Dejando aparte los problemas originados por la complejidad de la convivencia, cuando se trata de articular una pluralidad de creencias y convicciones, es indudable que desde una óptica laicista, la “privatización” de un espacio público para las prácticas confesionales de una religión, en detrimento de su disponibilidad pública, es una apropiación indebida de un espacio público, que no puede asociarse al ejercicio del derecho de libertad de conciencia, en su vertiente religiosa. Con más motivo, si el espacio utilizado pertenece a alguna administración pública. Y como tal, desde el laicismo, debe ser denunciado.

         La libertad de conciencia no se configura en nuestro ordenamiento como un derecho absoluto, no sujeto a limitaciones. Si bien la libertad de creencias, como estableció el Tribunal Constitucional en el año 2000, protege frente a cualquier clase de compulsión externa de un poder público en materia de conciencia, encuentra “su límite más evidente en esa misma libertad, en su manifestación negativa, esto es, en el derecho del tercero afectado a no creer o a no compartir o a no soportar los actos de proselitismo ajenos”. Incluso, en lo que se refiere al ejercicio de la patria potestad por parte de los progenitores, aún reconociendo el necesario (yo diría evitable) proselitismo hacia el menor de edad, la jurisprudencia internacional denuncia, por ilícitas, las prácticas de “proselitismo abusivo”.

         Sólo desde una concepción intimidatoria y prepotente de las propias creencias pueden concebirse esas continuas prácticas litúrgicas en las vías públicas de nuestras ciudades, esas exposiciones masivas en los espacios públicos, o en aquellos de estricta titularidad pública, como si fuera un razonable ejercicio del derecho de libertad de conciencia. Por el contrario estas agresivas prácticas de proselitismo católico son percibidas como conductas de intimidación (física y moral) y prepotencia por todas aquellas personas que no comparten dichas creencias o, incluso, que compartiéndolas, discrepan de este tipo de actividades.

 Las visitas de Estado/pastorales de B16

         La religión católica tiene dos órganos de dirección distintos, con fines formalmente distintos, considerados asimismo sujetos de derecho internacional distintos: la Santa Sede (SS, en adelante), órgano de gobierno universal de la Ic, y el Estado de la Ciudad del Vaticano (ECV, en adelante), que es el Estado que garantiza la actuación de la Santa Sede. Como he afirmado, formalmente considerados, ambos tienen fines distintos: mientras los de la SS se definen como “espirituales y morales”, los del ECV serían los de sustentar el funcionamiento técnico del propio Estado. Y ambos sujetos de derecho internacional se  personifican en la misma cabeza: el Papa.

         El hecho de que en la actualidad goce del estatus de Estado no miembro Observador permanente en Naciones Unidas, significa que la Iglesia católica es la única religión con estatuto de Estado en la ONU. Por lo tanto, aún sin ser un Estado en sentido formal, está de hecho equiparada a un Estado, y actúa como tal cada vez que firma un tratado internacional.

         No es éste el lugar para profundizar en esta irregular  situación, que permite la existencia de un Estado tan “peculiar”: sin mujeres, sin niños, en el que todos los súbditos son funcionarios, y existen para justificar la existencia del Estado, en el que todo el territorio es patrimonio privado del Estado Vaticano, en el que es forzosa la existencia de doble nacionalidad,… El problema es que este remedo de Estado goza de ventajas ilegítimas a través de su acceso a los principales órganos de la ONU, a sus conferencias, a sus documentos, a la elaboración propuestas. Esto le permite vetar políticas en materia de Derechos Humanos, bloquear posibles consensos en las Comisiones e imponer a terceros países soberanos sus principios políticos y morales.

         En todo caso, lo que me interesa destacar es que esta amalgama de intereses políticos estatales e intereses “morales” se expresa, en sus relaciones internacionales, a través de la calculada ambigüedad a la que nos tiene acostumbrados la Iglesia católica, de visitas “de Estado” o visitas “pastorales”.

         Resulta difícil entender que los usos diplomáticos habituales entre estados soberanos, no sean de aplicación cuando B16 (o cualquier otro jerarca vaticano) visita España. Ningún Jefe de Estado (o su representante), de visita oficial en España, se permitiría criticar aspectos concretos de nuestra política o leyes emanadas del Parlamento. Se consideraría una injerencia en nuestros asuntos internos, un ataque a nuestra soberanía  y podría ser origen de un grave incidente diplomático.

         Sin embargo, en su última visita a España en noviembre de 2010, B16 “pontificaba” sobre el “anticlericalismo fuerte y agresivo que ha nacido en España”, sobre la familia tradicional y la natalidad, de las que decía que están por encima de “cualquier desarrollo científico o legislativo”, declaraba que “en España se juega la batalla decisiva entre fe y razón”, o arengaba a que se defendiera la vida de los hijos como sagrada e inviolable “desde el momento de su concepción”. Si era una visita oficial (aunque se me escapa qué asuntos de Estado tiene que tratar un Gobierno constitucional, de un Estado supuestamente no confesional, con el jefe de un Estado/Iglesia), debería haber provocado una fuerte nota de protesta y una llamada a los habituales usos diplomáticos, con una advertencia de no repetición en encuentros sucesivos. Al menos, una reconvención en esta línea hubiera recuperado nuestra dignidad como nación. ¿Se imaginan semejante desaire de cualquier otro jefe de Estado en visita oficial?

         En este caso, los usos protocolarios habituales indicarían qué gastos procedentes de los Presupuestos del Estado deberían asumirse. Sin ningún tipo de consideración extraordinaria. Esto es lo que se espera de un Estado que no tiene al catolicismo como religión oficial (aunque en tantas ocasiones se esfuerce en parecerlo).

         Si por el contrario, la visita tiene un carácter “pastoral”, queda fuera de toda duda que “no es oficial” y, por tanto, merece la consideración de cualquier visita privada, por importante que sea. En este caso, el viaje concierne a las personas católicas (su “rebaño”) para las que B16 sea un referente (para muchos católicos no lo es o, simplemente, son indiferentes a su visita). Aquí no se puede contemplar ninguna obligación protocolaria, más allá del trato cortés y lo que las “buenas costumbres” prescriben. Y el gasto público no puede ir más allá de lo que la seguridad del personaje exija.

         De cualquier manera, el reconocimiento internacional del Estado Vaticano, plantea una situación paradójica en relación con la Constitución Española: si el Estado español se define como aconfesional, y reconoce la libertad de conciencia, el pluralismo ideológico, la igualdad de todas las creencias y convicciones y la no discriminación por razón de éstas, no puede otorgar a la Ic la consideración de institución pública, esto es, de interés general. Por el contrario, es una organización de ámbito privado, más o menos numerosa, pero de carácter particular. Así lo reconoció el Tribunal Constitucional cuando afirmó que no cabía la confusión entre los fines públicos y los religiosos (privados). Y en consonancia con ello, no debería la Iglesia católica (ni ninguna otra confesión religiosa) ser merecedora de ninguna consideración pública (entiéndase, oficial), tanto de carácter nacional como internacional.

El papel jugado por nuestros representantes públicos

         Si un extraterrestre visitara España (supongamos que Mendoza nos presta un momento a Gurb) y observara el comportamiento de nuestras autoridades públicas (centrales, autonómicas y municipales) no le cabría ninguna duda de que se encontraba en un país cuya religión oficial es la católica. En realidad, ni siquiera haría falta que nos visitara un extraterrestre para llegar a tal conclusión. Y sin embargo, la Constitución declara la no confesionalidad del Estado y la necesaria neutralidad de los poderes públicos, así como la no discriminación por motivos de creencias.

         En julio de 2010 el Jefe del Estado, Juan Carlos I, ante la presunta “tumba del apóstol Santiago” se encomienda a él y le pide que “nos ayude a superar las dificultades que afecten a nuestra vida colectiva y a resolver cuanto antes la grave crisis económica que atravesamos”. En noviembre de dicho año, al despedirse de B16 en Barcelona declara que “nos habéis colmado de palabras de paz y solidaridad (¿?), llenas de esperanza en que es posible un mundo mejor”. ¿Podemos sentirnos representados por un Rey que es incapaz de separar sus creencias particulares de su papel institucional como jefe de un Estado no confesional? Ante estos comportamientos, declaraciones del Presidente socialista afirmando que “el principio de aconfesionalidad del Estado funciona bien” no dejan de ser un patético sarcasmo.

         El alcalde socialista de Santiago, tras declarar “territorio vaticano” a las zonas públicas aledañas a la catedral, “animó” a tod@s l@s vecin@s a que no fueran meros testigos, sino que participaran en los actos, contribuyeran y ayudaran a engalanar la ciudad. ¿Puede una persona que dice representar a tod@s l@s vecin@s animar, con bando en la prensa incluido, a participar en actos confesionales católicos? ¿Tras comportamientos de este cariz, se puede mantener sin sonrojo que nuestras instituciones públicas se mantienen aconfesionales? Todo ello sin contar el dispendio que supuso el gasto de más de 3 millones de euros de las arcas  públicas, por una visita de apenas 8 horas. En este contexto, poco importa que las expectativas de asistencia, tanto del Arzobispado como de la Xunta, sólo se cumplieran en un diez por ciento (se esperaba 200.000 asistentes y acudieron 20.000). El daño contra la supuesta laicidad del Estado y sus instituciones ya estaba hecho.

         Similar vasallaje del poder político hacia el poder religioso ha mostrado el acalde socialista de Barcelona, gastando del erario público cerca de 2 millones de euros por una visita de 22 horas, para inaugurar una catedral católica que, además, dista mucho de estar acabada y que, en principio, no pensaban las autoridades religiosas dedicar al culto, pero que ahora, para justificar el “papelón clerical” se verá obligada a dar algunas misas. ¿Qué pinta en todo esta historia vaticano-arzobispal, el poder local representativo de toda la ciudadanía?

         ¿Y qué decir de la presidenta de la Comunidad de Madrid,que aspira a convertir  Madrid en el “centro de la Cristiandad” en agosto de este año? ¿Entre sus labores representativas políticas, esto es públicas, se encuentra este “pío” objetivo?

         Así pues, en estos tres eventos, tanto la Jefatura del Estado, como los demás poderes representativos del mismo, rinden pleitesía al jefe de la confesión católica y, al mismo tiempo, quedan deslegitimados ante millones de conciudadan@s que sienten que hay que separar, de hecho, el poder político y el poder religioso, que los privilegios que se conceden a la Ic son una fábrica de discriminación, por motivo de creencias, hacia todas las personas que discrepan de la jerarquía católica, y que ésta forma de ejercicio del  poder político corrompe las instituciones públicas en beneficio de la institución católica.

         Con frecuencia las autoridades públicas (y la jerarquía católica) pretenden justificar estos “espectáculos confesionales” en los supuestos beneficios económicos que originan, en la publicidad que procura a la ciudad, en las presuntas millonarias visitas que atraen, en los aspectos culturales que conllevan o en los beneficios meramente turísticos o mediáticos. Una amalgama de comportamientos que podemos catalogar de CatoliCircus. A pesar de que las ciudades afectadas no realicen nunca un auténtico balance socio-económico de las visitas (¿dónde están los previstos 30 millones de euros de ingresos en Santiago?), todos estos aspectos deben quedar en un segundo plano, en relación con el fundamental: se trata de actos confesionales católicos, auspiciados, protegidos y financiados por los poderes públicos y, por tanto, por tod@s l@s ciudadan@s de todo tipo de creencias y convicciones.

         Cuando se trata de aplicar más dinero público a educación, sanidad o gastos sociales, variables en las que estamos a la cola de la Comunidad Europea, los dirigentes del PP ponen el grito en el cielo, y hasta se “rebelan” contra el Gobierno. Pero cuando ese gasto público se dirige a financiar actuaciones particulares de una creencia religiosa, no hay “rebeliones fiscales” de ningún dirigente autonómico. Entonces, merced a sus particulares creencias católicas, todo gasto parece justificado.

         Por último, cabe recordar que en un contexto de grave crisis económica en la que el gobierno socialista ha recortado el sueldo de los funcionarios, ha “ajustado” las pensiones a la baja y ha recortado ingresos a los parados de larga duración, no parece existir la más mínima restricción para financiar actos confesionales con dinero público. El hecho de que el 1% del PIB se derive, de una u otra forma, a las actividades realizadas por la Iglesia católica en España no puede por menos que provocar una gran alarma social entre millones de ciudadan@s, que además somos contribuyentes. ¿Tan agresivos resultamos ser l@s laicistas cuando gritamos que “No con nuestro dinero”?

         Recapitulando: la consecuencia de estos comportamientos de nuestros representantes públicos es que se sigue sembrando la idea de que la razón civil, emanada de la legitimidad democrática, no es suficiente para el funcionamiento del Estado y sus instituciones y, por lo tanto, debe de ser “complementada”, permanentemente, con la moral religiosa (católica). ¿Cómo interpretar, si no, los continuos encuentros de la jerarquía católica con los representantes de los poderes del Estado (Rey, Jefe del Gobierno, ministros) en los que parece que se dirimen intereses comunes entre dos poderes equivalentes? ¿Por qué, además, los representantes del poder civil soportan pasivamente las admoniciones, reprimendas e injerencias de la jerarquía católica?

            Creemos que estas actitudes, por acción u omisión, causan un daño irreparable a las instituciones democráticas y a cómo se percibe su legitimidad, porque desplaza los derechos fundamentales que la Constitución reconoce, del centro de la escena y de la acción política, a la periferia, situando  a la jerarquía católica y sus intereses bajo los focos. El mensaje es: la religión es el “cemento” del Estado, sin ella, la convivencia sería imposible.

La Jornada de agosto de 2011

         La Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en agosto de este año, comienza tergiversando la realidad desde su mismo título: escamotea la palabra “católica” para ocultar que es tan sólo eso, una semana que concierne exclusivamente, en todo caso, a jóvenes católicos. Por tanto, el carácter de universalidad (generalidad) que se quiere dar al evento, por más que vengan jóvenes de distintos continentes, es completamente fraudulento: no concierne a los millones de jóvenes del mundo de distintas creencias o convicciones distintas de las católicas.

         Que existe interés en esta tergiversación lo muestra que el mismo día que Rouco Varela firmó un convenio de colaboración con la presidenta de la Comunidad de Madrid, un 22 de junio de 2010, el cardenal arzobispo declaró que “Madrid se convertirá en la capital del mundo joven”. Por su parte, la Sra. Aguirre, olvidando que representa a tod@s l@s habitantes de la Comunidad de Madrid, se dejaba arrastrar por su fe católica y declaraba que pondría  a disposición de la Jornada “todo lo necesario para que sean las mejor organizadas de la historia”, “dada la importancia que tiene para Madrid convertirse en el centro de la Cristiandad”. Claro está que para la puesta en marcha de este CatoliCircus todas las administraciones públicas han rivalizado en cuanto a su disponibilidad.

         En primer lugar, el Gobierno socialista que, ya en los Presupuestos Generales del Estado de 2010, declaró el evento como “acontecimiento de excepcional interés público”. Aparte de la presumible aglomeración de jóvenes católicos colapsando la ciudad durante una semana, se ignora qué interés público puede tener el evento para una mayoría de jóvenes del mundo (y de España) que no “comulgan” con los dogmas papales, y para cuyos problemas reales, de carne y hueso, B16 y toda su corte episcopal no sólo no tienen ninguna respuesta, sino que además obstaculizan el ejercicio de sus derechos individuales, amenazando su autonomía moral y su dignidad como personas.

         A pesar de que se trata de una semana de claro contenido doctrinal e ideológico que, además, interferirá en los asuntos políticos internos, y financiaremos forzadamente todos los españoles, el Gobierno socialista pone 7 Ministerios al servicio de este evento (Exteriores, Trabajo, Cultura, Defensa, Fomento y Presidencia). Asimismo establece una coordinación al más alto nivel (Presidencia, Arzobispo de Madrid, Nuncio del Papa y el coordinador de viajes de B16) y pone a su disposición 25 millones de euros del bolsillo de tod@s los ciudadan@s (no sólo l@s católic@s). Igualmente, se pondrán en marcha no menos de 20 subcomisiones. Y todo ello proviene de la mano de un gobierno que promueve un “anticlericalismo fuerte y agresivo”, en palabras de B16.

         Cierra el círculo una batería de cuantiosas bonificaciones y deducciones fiscales de las que pueden beneficiarse las empresas “benefactoras”: bonificación del 95% en todos los impuestos y tasas locales que puedan recaer sobre las operaciones relacionadas con este programa; deducción de hasta un15% en la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades y del IRPF, de los gastos e inversiones realizadas en adquisición de material, rehabilitación de edificios y propaganda y publicidad; bonificación del 95% del IAE para las actividades artísticas y culturales; deducciones por las donaciones y aportaciones que se realicen a favor del consorcio organizador.

         Son asimismo cuantiosos los gastos no cuantificados que esta decisión del Gobierno socialista originarán a la Hacienda Pública central, autonómica y local, al poner a disposición de B16 cuantiosísimos recursos humanos y materiales para garantizar la organización, seguridad y alojamiento. Como ejemplo, el Ministerio de Presidencia movilizará a más de 6.000 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para seguridad y se concederán visados gratis al 23% de los jóvenes católicos asistentes, dada su prevista condición de extracomunitarios. El Ministerio de Defensa, que no podía quedar al margen de este CatoliCircus, utilizará la Patrulla Águila del Ejército del Aire para dibujar, hermanadas, las banderas española y vaticana, todo ello sin contar la cesión gratuita del Aeródromo de Cuatro Vientos para sendos actos litúrgicos (una vigilia, el 20 de agosto y una misa el 21 con asistencia de 1.000 cardenales y obispos y 10.000 sacerdotes de 15 países).

         Las administraciones subcentrales, Comunidad de Madrid y Ayuntamientos, no pueden por menos que volcarse en el evento, visto el furor confesional del gobierno socialista. Toda una red de alojamiento en centros públicos y polideportivos, así como Seguridad (Policía Municipal, Samur, Emergencias 112 y Protección Civil) estarán gratuitamente a disposición de los organizadores y, lógicamente lo pagaremos a escote entre tod@s los ciudadan@s, seamos católic@s, ate@s, agnóstic@s o, simplemente, indiferentes.

         Claro está que B16 no podrá hacer una aparición “acuática” como en Colonia (que llegó a bordo de una embarcación por el Rin, en 2005) o en Sídney (a través de la bahía, en 2008). Como el Manzanares no parece digno de su “realeza”, aunque sí parece que nos lo merecemos los madrileños, entrará atravesando la Puerta de Alcalá. Todo sea por mantener vivo el CatoliCircus.

         Numerosas vías públicas de Madrid se convertirán en un gigantesco templo católico gracias a las decisiones políticas de unos representantes que han sido elegidos para defender el interés general y todo lo que concierne al ámbito público: el Paseo de Recoletos contemplará un vía crucis de 14 pasos; se realizarán más de 1.000 misas en 6 días (¿es posible?); el Paseo de Coches del Retiro se convertirá en un gran confesionario, puesto que se cederá el parque para realizar ritos católicos; Puerta de Alcalá; misa y vigilia en cuatro Vientos; previsión de un millón y medio de católicos afluyendo a nuestra ciudad en una semana. ¿En verdad espera la jerarquía católica que no lo sintamos como una actuación confesional prepotente e intimidatoria? ¿Cómo un atentado contra todas las conciencias no católicas e, incluso, contra los católicos en desacuerdo con la jerarquía o, tan sólo, indiferentes?

         Si como declara Rouco, nuestro país está “en el primer puesto del ranking de laicismo en Europa”, debido a “una resurrección del laicismo radical” ¿es así como el gobierno socialista está colaborando en el necesario proceso “reevangelizador”? ¿Quién representa los intereses de los millones de ciudadan@s que no queremos soportar estos abusivos actos de proselitismo católico? ¿Dónde queda una Constitución que reconoce la aconfesionalidad del Estado, la igualdad de trato para todas las creencias y convicciones y la no discriminación por motivos ideológicos?

         A pesar de la escasa presencia mediática e institucional del laicismo, y a pesar también, de los exorbitantes privilegios del conglomerado empresarial, mediático e institucional católico, los laicistas seguiremos expresando nuestra opinión, libre y democráticamente, de manera firme pero con extremada paciencia y sin ningún atisbo de hostilidad, salvo que denunciar privilegios se pretenda convertir, de manera manipuladora, en agresividad.

NO CON NUESTRO DINERO

Rivas Vaciamadrid, a 1 de marzo de 2011

M. Enrique Ruiz del Rosal

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