Oxfam es la primera ONG condenada por abusos de menores. Las instituciones europeas se radicalizan por primera vez, públicamente, verbalizando aquello de “tolerancia cero” en un discurso amenazador contra los abusos de menores. Suena a sentencia ese “con nuestro dinero no” que justifica socialmente a la institución y derriba a la organización no gubernamental que, sin duda, perdió en Haití hasta la más mínima ética.
España debe tener inclinación a convertirse en una Región Ultra Periférica (RUP) en cuanto a ética europea se refiere. En este Estado del sur de Europa, se ofrece una alternativa para donar parte de la recaudación de impuestos a una religión donde se han destapado cientos de casos de pedofilia y todo tipo de abusos sexuales; aunque, algunas veces, parezca que esta opción religiosa predique contra ello.
Es tan contradictorio lo que ocurre en la España de la UE, la de hoy, que se exime de pagar el impuesto de bienes inmuebles exclusivamente a esta organización religiosa. No pagan IBI ni por los templos, donde recaudan; ni en la gran mayoría de propiedades inmobiliarias. De hecho, sigue sin pagar IBI la parroquia donde al menos diez curas violaban y acosaban a muchos menores en Granada. Estaban organizados de tal forma que el caso se trató como el de una secta, debido también a sus prácticas: El caso Romanones.
La España nacionalcatolicista de Franco tiene una heredera, que practica la desvergüenza de no esconderse. Viene de mano de la dinastía que el dictador dejó al frente y de aquella constitución de la transición que sigue hoy más viva que nunca. Una constitución que ampara a esta tendencia religiosa en concreto, y compromete para ella partidas presupuestarias preferenciales.
Los acuerdos con la Santa Sede, firmados en 1979 por Marcelino Oreja, se suponen amparados por la constitución del 78, aunque no sean sino una prolongación actualizada del concordato de 1953. La iglesia está cambiando, pero nadie garantiza que no se sigan cometiendo ese tipo de abusos que son históricamente propios de la curia; hasta formar parte de una atribución tradicional que llega a tratar este mal con cierta sorna.
Creo que tenemos que avergonzarnos de esas leyes y acuerdos que desvían fondos públicos hacia una religión en exclusiva, ya que todas las personas no practican la misma y algunas ninguna. Por otro lado, veo bien que se retiren fondos públicos a organizaciones involucradas o practicantes de abusos de menores: a ver si cunde el ejemplo y se hace del todo efectivo aquello de “tolerancia cero” y “con mi dinero no”.
Pedro M. González Cánovas
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