La interrupción voluntaria del embarazo en Castilla-La Mancha en el sistema sanitario público no es posible, salvo por prescripción médica cuando se encuentren en riesgo la vida de la madre o del feto, y quien desee acogerse a su derecho de hacerlo, debe acudir a una de las dos clínicas concertadas -ubicadas una en Ciudad Real y otra en Albacete- a través de las que se facilita esta prestación.
Una situación que se debe a que todos los profesionales de la sanidad pública se encuentran acogidos a la objeción de conciencia, de modo que abortar en la región pasa sin remedio por ir a uno de los dos centros con los que la sanidad castellanomanchega mantiene concierto o bien recurrir a la privada.
De este modo, en los hospitales públicos de la región no se ha practicado ninguna interrupción voluntaria del embarazo, ya que ni el Gobierno regional ni el Sescam pueden obligar a los profesionales acogidos a la objeción de conciencia. Un derecho que, por otra parte, la nueva ley del Aborto aprobada por el Consejo de Ministros esta semana sigue reconociendo.
Así lo recordaba este miércoles la consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo castellanomanchego, Blanca Fernández, quien insistía en que la nueva ley que reforma la aún vigente de 2010, «no elimina ese derecho por parte de los profesionales», lo cual situará a las comunidades autónomas en la disyuntiva de cómo aplicar la norma.
Desde el Gobierno regional no ven «la fórmula» que haga compatible la obligatoriedad que establece la ley impulsada por el Ministerio de Igualdad de practicar las interrupciones voluntarias del embarazo en el sistema público sin excepción, con el respeto a ese derecho de los profesionales a la objeción de conciencia, a la que en el caso de Castilla-La Mancha se encuentran acogidos todos los facultativos que podrían practicar estas intervenciones.
Confían así en que a lo largo de su tramitación, «en las próximas semanas o meses», se vayan dando «instrucciones» sobre cómo compatibilizar ambos derechos, el de los facultativos a objetar en conciencia y el de las mujeres a decidir sobre la interrupción del embarazo.
Lo que sí se ve como algo positivo desde el Gobierno regional en esta nueva ley es que establezca un registro único de objetores, tanto para los profesionales de la pública como de la privada, de modo que se evite que «aquellos que puedan objetar en lo público, practiquen en lo privado». Circunstancia que desconoce si se está produciendo en Castilla-La Mancha, pero que considera una decisión «coherente» del Gobierno.
No obstante advertía de que «si al final todos los profesionales que hoy están acogidos lo siguen haciendo, nosotros tendremos verdaderos problemas para que se pueda practicar la interrupción del embarazo».
Dicho esto, Fernández insistía en que pese a no practicarse la interrupción voluntaria en los hospitales públicos -por falta de profesionales dispuestos a hacerlo-, sigue siendo el sistema público el que «ampara» este derecho de las mujeres a través de un concierto con dos clínicas, las cuales reúnen «las máximas condiciones de calidad, seguridad e intimidad» para ellas. Esto es, para la consejera de Igualdad, «lo más importante».
Una opción la que acudir a estos centros concertados que es lo que «prefieren muchas mujeres», afirmaba Fernández, «porque es más discreto y prefieren no ir al hospital». «Miramos por la salud de las mujeres, por garantizar su libre elección» y por ello se confía en estas clínicas que ofrecen «calidad».
«INDIGNO ARGUMENTARIO»
Manifestaciones de la consejera de Igualdad que rebaten desde Izquierda Unida Castilla-La Mancha, cuya responsable del área de Mujer, Isabel Álvarez, recuerda a la consejera que las mujeres de la región no acuden a la privada para interrumpir su embarazo porque les resulte más discreto, sino «porque desde la sanidad pública de Castilla-La Mancha se las envía allí, aún a riesgo de ser acosadas a las puertas de las clínicas» como ha estado ocurriendo hasta el momento. De ahí que Álvarez considere que la consejera de Igualdad «ha perdido una oportunidad estupenda para guardar silencio».
Consideran desde IU que el argumentario esgrimido por Fernández es «indigno», porque «a pesar de que en la cartera de servicios del Sescam está reconocida la interrupción voluntaria del embarazo, no se efectúa en ninguno de los hospitales públicos de la región».
En este sentido, la responsable del área de Mujer de IU en la región subraya que si bien la objeción de conciencia es un derecho constitucional, la interrupción del embarazo «es un derecho reconocido en la cartera de prestaciones», por lo que exigen que este se preste «con las suficientes garantías sanitarias, jurídicas y de financiación, en los hospitales públicos».
Y es que si la legislación que se va a aprobar requiere que el personal objetor en la pública lo sea también en la privada, es «porque la práctica nos indica que se ha estado permitiendo una doble moral: por la mañana objeto en la pública, pero por la tarde se me olvida, previo pago, en la clínica privada», apostilla Álvarez.
Por otra parte, rechazan también que la consejera argumente que las mujeres en riesgo sí pueden acudir a la pública mientras que el resto deben hacerlo en la privada, «porque así se están estableciendo al menos dos categorías de mujeres» en cuanto a las prestaciones que pueden recibir del sistema sanitario público. En su opinión, «para ejercer un derecho no pueden existir categorías».
Es así cómo la responsable del área de Mujer de IU insta a la consejera de Igualdad a tener «altura de miras, ambición feminista y primar la salud de las mujeres», ya que para poner la vida en el centro esta región necesita «olvidar la moral y las creencias personales», especialmente cuando la legislación y las prestaciones han sido aprobadas en las Cortes.
NI UN ABORTO EN CINCO AÑOS
Esta situación, «el modelo instaurado en la región» -señalan desde IU- ha llevado a que Toledo, Cuenca y Guadalajara se encuentren entre las doce provincias españolas en las que «no se ha practicado ningún aborto en los últimos cinco años».
Algo que se debe a que esta prestación «no está cubierta ni por clínicas privadas ni por la Sanidad pública», quedando circunscrita en la región a los dos únicos centros con los que la Administración mantiene concierto para ello, uno ubicado en la provincia de Ciudad Real y otro en Albacete. Algo que «vulnera los derechos de las mujeres que quieren abortar, ya que la ley recoge claramente que la prestación debe estar incluida en la cartera de servicios regionales», sentencia Álvarez.
