La opinión del Observatorio
· Es revelador que la asociación ultracatólica Abogados Cristianos se oponga a la retirada de símbolos franquistas. Sean cruces u otros símbolos.
Una juez investiga al socialista Carlos Carlos Rodríguez, presidente de la Diputación de Cáceres, por un presunto delito de prevaricación tras ordenar el derribo de cruces religiosas bajo la presunta amenaza de no conceder subvenciones a los ayuntamientos que no acaten esta orden.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Cáceres ha dictado un auto, al que ha tenido acceso OKDIARIO, en el que acuerda investigar al socialista Rodríguez tras una querella de Abogados Cristianos. La letrada de esta asociación, Polonia Castellanos, manifestó que «por parte de la Diputación de Cáceres se está presionando a diversos ayuntamientos para que retiren las cruces que hay en sus respectivos municipios. Presión que se lleva a cabo a través de vincular la concesión de subvenciones a dicha retirada».
La letrada especificó que los ayuntamientos a los que se está instando a esta retirada son: Cáceres, Gargüera de la Vera, Brozas, Talaveruela de la Vera, El Casar, Barrado y Jaraíz de la Vera. De todos estos ayuntamientos, el de Gargüera de la Vera ya hizo efectiva la retirada en fecha 26 de enero de 2021. Y el alcalde de Casar de Cáceres ya ha manifestado que en los «próximos días» se trasladará al cementerio la cruz que se encuentra en una plazoleta del municipio cacereño.
Por otro lado, Abogados Cristianos también denunció que «en fecha 18 de junio de 2018 se constituyó el Comité de Expertos de la Memoria Histórica de la Diputación de Cáceres. El día 29 de septiembre de 2018 se aprobó una partida de 100.000 euros para que este comité elaborara un catálogo de vestigios franquistas en la provincia de Cáceres. Contraviniendo así la sentencia del TSJ de Extremadura 1133/2019, que dejó clara la incompetencia de la Diputación Provincial de Badajoz para la creación de un comité que hiciese un catálogo de vestigios; estableciendo, además, que la competencia la debía ostentar el mismo municipio donde estuviesen dichos vestigios a través de su ayuntamiento».
Al respecto, la juez ha solicitado a la Diputación Provincial de Cáceres que aporte «a las presentes diligencias previas las actuaciones promovidas por el Comité de Expertos de Memoria Histórica de dicho organismo».
Abogados Cristianos se querelló contra Carlos Carlos Rodríguez por un delito de prevaricación de funcionario público previsto y penado en el artículo 404 del Código Penal dado que «de lo anterior se desprende que el querellado, como responsable máximo de la Diputación de Cáceres está emitiendo resoluciones injustas y arbitrarias, lo que junto a un delito de odio estaría cometiendo un delito de prevaricación que castiga a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo», recogía el escrito.
