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¿Cómo es posible que el conde de Romanones a principios del siglo XX se propusiera alejar a la Iglesia de la excesiva intrusión en el poder político, intentando que la enseñanza fuera pública y que Felipe González, con mayoría absoluta, entregase la docencia a esta institución eclesiástica?
La publicación reciente de dos biografías sobre el conde de Romanones, [1], ha sacado de su relativo olvido a uno de los políticos más relevantes en la España del primer tercio del siglo XX.
Romanones, multimillonario, terrateniente, cacique de la provincia de Guadalajara, monárquico hasta la médula, hombre de confianza de Alfonso XIII, fue alcalde de Madrid, varias veces presidente del consejo de ministros y es sin duda uno de los personajes claves de la derecha española de la época, vinculado a aquellos negocios generalmente unidos a las decisiones del poder. Para calibrar su significación baste recordar que cuando el Parlamento de la Segunda República debatió el acta de acusación contra el ya exiliado rey, fue Romanones quien ejerció su defensa ante el Congreso de los Diputados, en el debate celebrado el 19 de noviembre de 1931, uno de los más relevantes de su historia.
Pues bien, pese a la significación tan derechista del personaje, es justo y oportuno recordar que fue gravemente atacado en varias ocasiones por la Iglesia Católica, al haber pretendido en su momento hacerse eco de las posiciones que abogaban por mantenerla alejada del poder y la intervención en los asuntos públicos, poniendo coto a la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en los colegios, defendiendo el matrimonio civil, todo ello sin necesidad de declararse los contrayentes previamente no católicos, y consiguiendo que el salario de los maestros, hasta entonces dependiente de los depauperados Ayuntamientos y que por tanto o no se cobraba o se recibía mal y tarde, siendo además enormemente exiguo, pasara a depender de los presupuestos generales del Estado, lo que se llevó a cabo bajo su iniciativa en 1901.
Romanones defendió que los cementerios debían estar a cargo del Estado, sin intromisiones clericales, e igualmente pretendió que esto mismo sucediera con la enseñanza, pues el resultado de aquella situación era que gran parte de la docencia recayese en las obras de beneficencia de Órdenes Religiosas que no podían cubrir las necesidades del conjunto de la población.
El entonces Obispo de Tuy emitió una circular el 12 de septiembre de 1906, con la que se solidarizaron más de 50 obispos, atacando al conde de Romanones gravemente.
«Lo más suave que me llama es tonto», nos dice en la página 182 de su biografía el autor de la misma, Gortázar, recogiendo palabras del biografiado, que estuvo varios días sin salir de su domicilio, afectado por los ataques y temeroso de que algún ultra pasara a la agresión física.
En 1900, en el debate sobre el presupuesto de educación en el Ministerio de Fomento, Romanones expuso sobre la cuestión de la enseñanza: «la cifra del presupuesto de instrucción es tal que no merece siquiera que nos ocupemos de ella…la villa de París gasta en Instrucción Pública más que todo el estado español, pues en aquella se dedican 27 millones y medio –de las antiguas pesetas– y en toda España, 12 millones». [2]
El día 28 de octubre se han cumplido 40 años de la llegada de Felipe González al gobierno, con 202 diputados, la más amplia mayoría absoluta que ha conseguido partido alguno en la democracia española, en cuya situación de preeminencia permaneció durante tres legislaturas, y parte de una cuarta rozando también la mayoría absoluta.
Quizás aprovechando la coincidencia, ha aparecido un libro de cierto sabor también biográfico, claramente hagiográfico sobre él, alabando las grandes modernizaciones que impuso en nuestro país.
Y en esta ocasión de tanta remembranza, y ante la publicación de las biografías de personajes tan aparentemente situados en distintos extremos del arco político, resulta forzoso preguntarse sobre cómo es posible que uno de ellos, «socialista», provisto de una sólida mayoría política que se prolongaría durante varios años, adoptara en 1985 mediante la Ley Orgánica reguladora del derecho a la educación, «LODE», unas disposiciones que conllevaron que los colegios de iniciativa privada sostenidos con impuestos, que se establecieron como parte del sistema público en 1985, con las mismas condiciones teóricas que los públicos, el 29% de la enseñanza obligatoria en España fuese concertada en 2019 acogiendo a casi un millón de alumnos con 130.000 profesores en 3.500 centros escolares. Aproximadamente, 6 de cada diez colegios concertados pertenecen en la actualidad a la Iglesia Católica o fundaciones asociadas con ella.
Esta actuación provoca necesariamente enorme perplejidad.
¿Cómo es posible que uno de los más caracterizados personajes de la derecha española del siglo XX, el conde de Romanones nada menos, y a principios de ese siglo se propusiera alejar a la Iglesia de la excesiva intrusión en el poder político, intentando que la enseñanza fuera pública, dependiera del Estado, y que un señor «socialista», con una mayoría absoluta que le permitía ordenar de manera progresista el asunto de la educación, perpetrara una reforma efectuando tal regalo a la Iglesia Católica?
Porque no estamos comparando el abandono por parte de Felipe González de los principios clásicos sobre la enseñanza, completamente dirigidos a reforzar su carácter laico, que siempre había sostenido la socialdemocracia, sino observando que los que adoptó han sido incluso más regresivos que los mantenidos por un personaje tan significativo de la reacción, durante el primer tercio del siglo XX, como fue Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones.
¿Será esta gigantesca dádiva del ex dirigente socialista a la Iglesia Católica una casualidad forzada por las circunstancias, o algo hecho a conciencia, en la misma línea que la aceptación del concordato, el silencio y la aquiescencia tácita ante la inviolabilidad del rey y a las múltiples tropelías que éste llevó a cabo bajo el felipismo, y tantas decisiones políticas de ese mismo cariz que fue aplicando durante su mandato?
¿Tendrá alguna relación con su originaria vinculación democristiana con su tutor, el catedrático de derecho canónico y ministro Giménez Fernández que había pertenecido a la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) durante la República? ¿O con su posterior estancia universitaria en la muy católica Universidad de Lovaina? ¿Intuiría algo de este futuro proceder Arias Navarro cuando mandó a su ministro de asuntos exteriores Areilza a reunirse con Willy Brandt para que de entre los tres candidatos al reconocimiento de la Internacional Socialista en la década de los 70 del pasado siglo, a saber, Llopis,Tierno Galván y Felipe González, se optara por éste último, como así acordó a instancia del dirigente alemán?
Las memorias de Areilza dan cumplido testimonio de este episodio con todo lujo de detalles, señalando el mandato que le dio en este sentido Arias Navarro, el viaje que efectuó a Bonn, entonces capital federal de Alemania, su fructífera reunión con Brandt y como este convenció a los restantes dirigentes de la Internacional Socialista, entre ellos al más renuente Mitterrand, para apoyar a González. Entre los días 11 y 13 de octubre de 1974, se celebró el Congreso de Suresnes, localidad francesa, donde González se hizo con la dirección del PSOE.
Hemos sabido ahora que los servicios secretos españoles estuvieron presentes en aquel Congreso del PSOE.
El escritor Francisco López Mengual, en su libro «Espinosa Pardo, historia de un confidente» , nos ha contado la historia de este personaje, agente de los servicios secretos españoles, y conocido por el intento de asesinato de Antonio Cubillo, dirigente del MPAIAC, perpetrado el 5 de abril del 78 en Argelia.
Según nos indica el periódico el diario.es el individuo era un infiltrado como militante socialista en la transición, fue secretario general de la UGT en la región de Murcia, y participó en el Congreso de Suresnes, donde tomó el poder del partido Felipe González.
¿Es ilógico preguntarse cuántos otros agentes de los servicios secretos participaron en aquel congreso? ¿Fue determinante su papel para el éxito de González?
Incógnitas que probablemente se desvelarán en el futuro.
Mientras tanto, aquellas normas tan favorables a la Iglesia Católica que estableció Felipe González nos han ido trayendo sus lógicas consecuencia. Los sectores más reaccionarios de ésta han conseguido que la segregación entre niños y niñas, practicada sobre todo por los centros escolares que controla el Opus Dei, haya tomado carta de naturaleza, y deban seguir siendo subvencionados por el Estado los colegios que la acometen, pese a los tímidos intentos de impedirlo que han tomado los gobiernos «progresistas», todos ellos tumbados por las jueces, a través de las irónicamente llamadas «Salas Vaticanas», compuestas casualmente en su mayoría por miembros también del Opus Dei.
El periódico Público, nos informa que los diversos gobiernos de Aragón habían decidido que los colegios que practicaran esta segregación no recibirían dinero estatal, pero el TSJ de Aragón, y el propio Tribunal Supremo, han estimado los recursos de los colegios del Opus obligando a pagarles las subvenciones a pesar de las disposiciones en contrario adoptadas por el gobierno autonómico.
En sentido similar, con anterioridad, se había pronunciado la «Sala Vaticana» del TSJ de Andalucía, según indicó el diario El País en 1 de junio de 2008. El Tribunal Constitucional, en sentencia 74/2018, de 5 de julio de 2018, recurso de amparo 210-2013, ha señalado al respecto que: «La educación diferenciada no puede ser considerada como discriminatoria» así como que «los centros de educación diferenciada podrán acceder al sistema de financiación pública en condiciones de igualdad con el resto de los centros educativos».
En fin, todo esto ayuda a entender tanto el interés del Partido Popular en no renovar el Consejo General del Poder Judicial, como por si alguien lo necesitaba, la permanencia de la tremenda influencia aún hoy de la Iglesia Católica en la política española.
Notas
