Señores legisladores civiles: admitan de una vez la capacidad de la mujer para decidir sobre su gestación
¿Se han convertido nuestros legisladores civiles en el brazo armado de la Iglesia? No dejo de preguntármelo tras más de 40 años de profesión. Todas las mujeres que se han sentado frente a mí para solicitar una interrupción de su embarazo no han hablado nunca de derechos ni deberes; sencillamente me han dicho: Tengo un problema.
Así se expresaron tanto las jóvenes que no tenían ningún proyecto familiar, como mujeres de mediana edad con una familia de uno o varios hijos. Ninguna habló de nada parecido a que atravesaba un conflicto de intereses con su gestación y, mucho menos, argumentaba que sus derechos debían prevalecer sobre cualquier otros. Tampoco, que estaba atentando contra nada.
La mujer tiene claro que la gestación es un estado que le afecta solo a ella. Que esa gestación pasa por diferentes etapas y que en esta primera, en la que formula la petición del aborto, su cuerpo no tiene constancia de la existencia de algo que sea ajeno a ella. Es por eso que sentir alivio es un sentimiento que, no digo que sea el único, como no hay sentimientos únicos en ningún aspecto de la vida, pero siempre estaba presente en el ánimo de la mujer después de haber interrumpido una gestación que representaba un problema para ella.
En estas, el legislador civil, como siempre, en su mayoría varón, entra a legislar sobre nosotras y nuestro estado. Aunque no existen argumentos civiles que justifiquen esta invasión, además, y en nombre de ni se sabe qué derecho, impiden que la mujer tenga acceso a los recursos necesarios para que la interrupción de su gestación se haga de forma segura y sin que cause ningún desorden social.
Las razones morales para condenar el aborto ya las da la Iglesia, la católica. Pero la Iglesia no tiene jurisdicción alguna sobre los recursos que posibilitan el hecho del aborto. Se tiene que limitar condenar y amenazar con penas para nuestra alma. Y produce su efecto. Porque incluso para una sociedad tan materialista como la nuestra, esa condena a las penas del infierno tiene su punto inquietante. Pero, por lo visto en más 40 años de profesión, no lo suficiente para que la mujer que desea interrumpir su gestación deje de hacerlo.
Así las cosas, si la Iglesia quiere tener algún resultado práctico en su condena del aborto necesita un aliado con jurisdicción civil y que pueda impedir el acceso de la mujer a los recursos necesarios, médicos en este caso, para abortar de forma eficaz y segura ¿Se ha convertido nuestro legislador civil en el brazo armado de la Iglesia católica?
Eso parece. Su excusa: apropiarse la competencia de mediar entre la mujer y su gestación es la defensa de la vida. ¿Cómo se puede ser tan arrogante? ¿Quién se lo ha pedido?
Si su doctrina es defender la vida, ¿por qué no quita el fusil de las manos del soldado? ¿O en el caso de la Iglesia católica, evita los casos de pederastia en su propio seno? ¿O por qué no dona toda su fortuna para evitar la muerte de niños por hambre?
En este caso se formula la defensa de la vida como la ley del todo o nada, del “ojo por ojo”. Parece que cuando se trata de exhibir autoridad sobre la mujer se permiten una autoridad suprema: sin matices.
Son muchas las situaciones en las que la vida humana corre peligro y muchas las personas/instituciones en las que el legislador civil delega su protección. En caso de guerra, deja sin ningún problema que sean las jerarquías militares las que se encarguen de proteger la vida de los soldados. Incluso en el caso de asesinos contempla matices que desculpabilizan en parte el asesinato como la defensa propia. Para la mujer que quiere interrumpir su gestación, no concede ningún atenuante: ella atenta contra la vida humana sean cual sean sus circunstancias y la etapa de la gestación en que se encuentre. Es un ensañamiento excesivo del legislador que en su código civil acepta situaciones atenuantes y de necesidad para todos los que lo infringen, excepto para la mujer.
La ley de plazos que tan bien funciona en toda Europa no es otra cosa que la ausencia de legislación para una determinada etapa de la gestación, dejando en manos de la mujer la decisión de seguir adelante o no con su embarazo. Sin meternos en profundos análisis ontológicos, podríamos decir que la ley de plazos sólo representa contemplar esas situaciones especiales que no les niegan, los legisladores, ni a los asesinos.
Señores legisladores civiles, admitan de una vez la capacidad de la mujer para decidir sobre su gestación, por lo menos en una etapa en la que la existencia de derechos ajenos a ella es un tema de atañe mas a la moral católica que a la biología humana. Dejen de legislar sobre el cuerpo gestante de la mujer porque no tienen derecho ni competencias sobre sus funciones biológicas.
Cuando se ha pedido su opinión a la ONG Save de Children se ha manifestado de forma rotunda: para la sociedad civil y siguiendo la definición de la ONU, un niño es todo ser humano menor de 18 años. No dice nada de los no nacidos. La legislación española va más allá y solo otorga la categoría de nacido a los que viven más de 24 horas.
Ahí tiene su jurisdicción, señor legislador civil. Proteja usted esas vidas que, tal y como está la situación, hay mucho trabajo por delante. ¿O recordamos aquí la enorme lista de desprotección de los menores que está generando su forma de gobernar? Sólo un ejemplo: la Ley de la Dependencia. Sobran las palabras. Se llenan la boca con la vida ajena y dejan a los discapacitados y a sus familias (curiosamente los legisladores no suelen tener problemas económicos, de ahí su poca empatía con el ser humano) abocados a una vida infrahumana. ¡Qué inmoralidad!
Elena Martín López es ginecóloga y fue directora de maternidad y gerente del Hospital la Fe de Valencia
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