Proveer información sobre sexualidad es lo razonable
Hace unos meses asistí a una conferencia de la Red Iberoamericana por las Libertades Laicas. Sus postulados básicos son los siguientes: un Estado laico es aquel cuyas instituciones políticas se legitiman por medio de la soberanía popular y no sobre el beneplácito de la Iglesia. El Estado laico garantiza la libre expresión de las diferentes concepciones de vida, religiosas y no religiosas. En un Estado laico, las políticas de gobierno se definen con independencia de la Iglesia y fundamentan su razón de ser en el bienestar colectivo, alejándose de los dogmas doctrinales.
Los Estados latinoamericanos tienen la tendencia a continuar la tradición de revolver las políticas públicas con una moral de inspiración eclesiástica. Así, el Estado supedita a la ética religiosa la legitimidad de sus determinaciones, favoreciendo con ello el poder de la Iglesia y a los sectores sociales que le son fieles, pero eludiendo su obligación de gobernar en beneficio colectivo a ciudadanos diversos. Esta intervención implica sesgar a favor del poder de la Iglesia políticas públicas de educación, salud reproductiva, regímenes de convivencia, libertad de expresión, para mencionar los más obvios. Este sesgo atenta contra las libertades ciudadanas. El Estado laico tiene el deber de afirmar la libertad de conciencia como elemento fundamental de respeto a la diversidad social.
La Ley de Planificación suscitó desde su promulgación en 2006 una fuerte reacción de sectores religiosos en Guatemala, basándose primordialmente en principios, valores y sobre todo dogmas de la Iglesia. El propio presidente Óscar Berger se atrevió a “aconsejar” a la población con la célebre frase: abstinencia, fidelidad y condones, aparte de que en su momento vetó la ley. La viabilidad que la Corte de Constitucionalidad dio al reglamento para operativizarla, ha desatado de nuevo la polémica.
Siendo que Guatemala es un Estado laico, la discusión pública sobre las virtudes o defectos de la ley y su reglamento deben alejarse de consideraciones religiosas, morales o éticas. Finalmente debe quedar claro que los guatemaltecos gozamos de la libertad de creer o no en los dogmas de la Iglesia, de compartir sus valores o de adoptar su ética. También debe quedar claro que las políticas públicas en torno a la salud reproductiva son obligación del Estado y deben dictarse con criterios científicos que atiendan al beneficio colectivo. Proveer información, educación y brindar acceso a métodos anticonceptivos para quienes opten libremente por planificar su familia parece razonable, sobre todo cuando consideramos que Guatemala tiene una de las densidades y tasa de crecimiento de población más altas de Latinoamérica y que ello solamente ha incidido en subrayar nuestra pobreza.
