El actual obispo militar compiló en los años duros un fichero con cientos y cientos de casos que le llevaban los familiares. Fue testigo en las causas de derechos humanos, pero nadie había reparado en que también era capellán castrense y, por lo tanto, funcionario de la dictadura. Y ahora la pregunta es cómo obtenía la información.
El fiscal Federico Delgado pidió la indagatoria del obispo Emilio Grasselli, secretario del vicario castrense durante la dictadura y hoy él mismo vicario castrense. Es la primera vez que sucede. Entre las pruebas más importantes se encuentran los datos de su filiación como funcionario del Estado represivo, un dato que estuvo a mano desde siempre, pero sobre el que se ha reparado recién en los últimos tiempos. Según esos datos, Grasselli no era sólo secretario del vicario, como venia sosteniendo en su defensa, sino que de acuerdo con la nómina oficial de capellanes castrenses y auxiliares del Ejército de la Capellanía Mayor del Ejército, “ejerció el puesto de capellán castrense de la Capellanía Mayor del Ejército entre el 1º de diciembre de 1967 y el 31 de marzo de 1980”.
“En todas sus declaraciones, Grasselli omitió esta información y es relevante mencionarlo porque un capellán castrense es funcionario público”, señala un informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) elaborado a pedido de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y parte del análisis de Delgado. “El vicariato castrense es una institución de doble pertenencia que responde a la Santa Sede en el orden religioso-doctrinario y al Estado nacional en el orden político-militar-económico, por lo que sus miembros son tanto miembros del clero como del aparato estatal, del cual perciben una remuneración mensual y un conjunto de obligaciones.”
Ahora quien debe decir si el obispo va ser a llamado es el juez Julián Ercolini, a cargo de otra parte de la investigación en una causa hasta ahora sin avances.
Grasselli es una de las personas más nombradas en las búsquedas de los familiares de desaparecidos. Muchísimos hicieron cola durante horas para verlo en la capilla Stella Maris y preguntar por sus seres queridos con la esperanza de obtener información. Con los datos, Grasselli construyó un enorme fichero. Armó listados, prometió y en ocasiones proveyó respuestas. Hasta ahora, la Justicia lo llamó como testigo en seis ocasiones, como señala el Informe: en septiembre y diciembre de 1984, 1999, 2001, 2011 y hace dos semanas. Nunca estuvo imputado, aunque hay causas que los jueces no hacen prosperar. En el juzgado de Ercolini hay una investigación abierta luego del primer juicio de robo de niños, impulsada por el fiscal Martín Niklison y el TOF 6. En el juzgado de Sergio Torres desde septiembre de 2013 hay una informe del Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires con datos que lo ubican como uno de los propietarios de la isla El Silencio, del Tigre, vendida a Jorge Radice, el marino contador de la ESMA, para ser usada como centro clandestino temporario para los prisioneros de la Armada. El dato, además, esta documentado en el libro El Silencio, de Horacio Verbitsky, de 2005.
El informe
El Informe de la CMP se presentó el lunes pasado. Lo hizo el Programa de Justicia sobre delitos de lesa humanidad que coordina Claudia Bellingeri. Lo más impactante es que por primera vez se organiza el mundo de información sobre Grasselli, reúne y contrasta sus declaraciones y reconstruye la lógica de trabajo. “No hay información del padre Emilio Grasselli en los archivos de la Dipba (…) No obstante encontramos información significativa en el fichero elaborado por Grasselli sobre 2075 personas detenidas, cuyas copias posee esta Comisión. Lo que sigue es un análisis preliminar del mismo.”
El fichero está en manos de la Justicia desde 1999. “En todas las ocasiones (Grasselli) explicó que la creación de su fichero personal tuvo relación directa con la necesidad de sistematizar la información que iba obteniendo, porque llegado un momento era muchísima gente no solo la que se acercaba a pedir información sobre familiares, sino también la que aportaba datos de otras personas. Dice el sacerdote: ‘Primero hacía una lista pero nos sobrepasó. Como en aquella época no había computación, comencé a hacer fichas y así formé un fichero. En la primera parte de la ficha ponía nombre, el lugar del hecho y el día que me visitaba, y en el anverso, algún dato o dirección de alguien a quien podía comunicarse por si llegara una novedad. Cuando venía monseñor (Adolfo Servando Tortolo) cada semana, cada 15 días, le presentaba esa lista y él hacía una copia y la mandaba al Ministerio del Interior, a veces al Ejército, a la Fuerza Aérea o la Marina’ (Testimonio de Grasselli, Circuito Camps, La Plata 2011)”.
Según el testimonio del propio Grasselli, “el fichero contiene información de cerca de 2500 personas detenidas. En la mayoría de los casos fueron los familiares o amigos quienes aportaron parte de esa información al sacerdote. Como es sabido, a partir del golpe muchos familiares o amigos recurrieron a la Iglesia Católica en busca de información sobre paraderos. El sacerdote Grasselli ejercía su trabajo en la pastoral vinculado con el vicariato castrense para las Fuerzas Armadas”.
“La noticia de esa atención corrió rápidamente y las familias víctimas acudían con la esperanza de tener alguna información”, mencionan en este caso un texto de Emilio Mignone, del libro Iglesia y dictadura de 1986.
¿Cuánta gente atendió Grasselli? ¿Cuántas fichas? ¿Durante cuántos años? “No queda claro el período en el que armó el fichero”, dice la CMP. En 2001, por ejemplo, dijo que lo hizo entre 1974 y 1978 o 1979. También que tomó pocos casos previos al golpe; que lo hizo por cuatro años y que atendió entre 20 y 50 casos por día. Pero los números no dan. Si hubiese atendido 20 personas por día en 8 meses, de abril a noviembre, habría hecho 4800 fichas. El número sería mayor multiplicado por cuatro años. El número da bien sólo si hubiesen sido 2,5 personas por día. Así, la CMP sostiene que exageró intentando elaborar una imagen propia de sacrificio y derechos humanos. También, que no elaboró fichas de todos los detenidos y de las consultas. Un dato que puede verse corroborado, por ejemplo, porque “se ha comprobado que Grasselli mantuvo vínculos con detenidos de los cuales no elaboró fichas. Es el caso de quienes estaban alojados en la ESMA en calidad de ‘reeducados’”.
También es posible que haya destruido fichas que lo comprometieran. Como ejemplo se menciona el caso de José David Aleksosky. Su hermano declaró que visitó a Grasselli en 1976 y que el cura tomó los datos. Cuando citaron al cura en 1999, le mencionaron esa ficha. “Cuando me mencionaron la citación, busco la ficha y no la encuentro –dijo–, adelanto, advierto, que no sé qué pasó con esa ficha, tal vez la retuvo monseñor. Era un caso particular o estará traspapelada.”
Las fuentes
Otro punto siempre en duda es cómo obtenía información sobre los casos y su rol en esa cadena. Siempre dijo que lo hacía a través de su superior, monseñor Tortolo. En 1999 dijo que “de las gestiones sólo se encargaba el vicario. Ese trámite lo hacía él personalmente, a veces enviaba cartas”. Pero el Informe sugiere que él mismo podría haber tenido acceso a la información: por sus funciones efectivas y el mundo de relaciones del cargo. Entre 1955 y 1975, por ejemplo, fue secretario privado del cardenal Antonio Caggiano, primero arzobispo de Rosario y luego arzobispo de Buenos Aires y vicario castrense. En 1975, cuando Caggiano renunció, Grasselli pasó a ser secretario de Tortolo que entonces era arzobispo de Paraná, presidente de la Comisión Episcopal argentina y vicario. Según el diario de Victorio Bonamín, provicario castrense, Caggiano le pidió a Tortolo que lo mantenga en el puesto.
En ese sentido, es cierto que cumplía funciones de secretario. Ahora bien, dice el CMP: “Sin embargo al atender la agenda y las actividades del vicariato, su trabajo pastoral se ejercía centralmente en la sede oficial de la institución, la Iglesia Stella Maris, sita en el predio del edificio Libertad, sede del Estado Mayor de la Armada, donde además trabajan y se reunía el vicario castrense Bonamín y los capellanes mayores de las tres fuerzas: José Mario Ricardo Menestrina (Ejército), Domingo Carmelo Genise (Armada) y Ovidio Feliz Tripodi (Fuerza Aérea). Además, según admitió en 2001, ‘algunos soldados de la Armada lo ayudaban en el armado de fichas’”, dice. “En los hechos, el sacerdote cumplió una función correspondiente al vicariato, no estatutaria, pero función al fin.” Tortolo, además, “era entre mayo de 1975 y 1976 el eclesiástico con más poder político en la Iglesia” con “tres cargos jerárquicos en simultáneo”. Y finalmente, también está su rol en la capellanía en comisión.
Todavía no hay certezas del rol que efectivamente cumplió, pero hay algunas pistas.
Mercedes Soiza Reilly es fiscal del juicio ESMA. “Durante el megajuicio que se está desarrollando en la causa ESMA, hemos escuchado innumerable cantidad de relatos que dan cuenta del rol que le cupo a la Iglesia durante la última dictadura militar. La imagen de Grasselli aparece en cada uno de estos testimonios. Surge la confianza que las familias depositaban en él buscando una respuesta. En algunos casos era él quien pedía información del resto del grupo familiar. Las largas filas fueron la imagen frecuente, que para aquellos años, tuvo la iglesia Stella Maris, lugar donde el cura atendía a los familiares. Avanzar en la participación que tuvo Grasselli en los hechos criminales cometidos, que tuvieron relación directa con el cargo que ocupaba, demuestra una vez más que las estructuras militares funcionaron con la colaboración necesaria de todas las Instituciones del Estado.”
Mignone habló en 1986 en ese mismo sentido. “Resulta evidente que los jefes militares permitieron –o tal vez promovieron– esta actividad de Grasselli porque favorecía sus planes, creaba confusión, alentaba esperanzas y adormecía la combatividad de los familiares. Algo similar se hizo abriendo el inútil registro de denuncias del Ministerio del Interior.”
La renuncia de Grasselli a una capellanía castrense para tomar otra de mayor rango.
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