«No se entiende bien que en un Estado aconfesional como el nuestro se establezcan privilegios en favor de una determinada confesión religiosa, como es el caso de la Iglesia católica en nuestro país.
Marginando al resto de confesiones e incluso a creencias no religiosas en el tema de la financiación», dijo ayer en Reocín José Luis Andrino Martín, licenciado en Derecho.
El ponente centró su coloquio en analizar las discriminaciones desde el punto de vista financiero, como por ejemplo la declaración del IRPF, las exenciones fiscales o las cesiones de terreno y de inmuebles, de las cuales se ven privados otros grupos no confesionales u otras confesiones que no son la católica. «Hay que denunciar esta situación y ver la manera de llegar a la autofinanciación de la Iglesia», señaló.
Es evidente la actualidad de este tema cuando esta semana el Gobierno está revisando, junto a la Santa Sede, las aportaciones de los españoles a través del IRPF. El proyecto tiene como objetivo reducir en un plazo menor de ocho años estas contribuciones y ha sido tachada por algunos expertos como inconstitucional, porque rompe con el principio de neutralidad del Estado.
