El presidente del Colegio de Abogados Católicos de México, Armando Martínez Gómez, anunció el inicio de una campaña nacional que pretende promover reformas constitucionales, a fin de cambiar el Estado laico por uno aconfesional.
En entrevista, el litigante católico detalló que se pretende que la legislación permita a los ministros de culto hablar de política desde el púlpito, que las escuelas religiosas sean financiadas por el gobierno y que parte de los impuestos se destinen a las iglesias.
Indicó que a partir de hoy contactará a diputados y senadores de diversos partidos políticos, así como a los congresos de los estados, a fin de entregarles un paquete de reformas legales que pretenden que la libertad religiosa sea una realidad en este país.
En la Catedral Metropolitana, señaló que México es uno de los países que más restringe ese derecho, lo cual quedó de manifiesto en la cruzada de persecución que enfrentaron los ministros del culto que vertieron opiniones en torno al tema del aborto.
Por ello, el representante legal del Arzobispado de México dijo que con esas reformas legales se pretende que los ministros de culto, como cualquier otro ciudadano, tengan derecho a expresar su opinión sobre temas políticos y públicos, incluso desde el púlpito.
Martínez Gómez aclaró que si bien los religiosos podrían hablar sobre política, no sería con fines partidistas, pues esto lo prohíbe el derecho canónico, es decir, la ley de la Iglesia.
También se plantea la libertad de asociación en templos y parroquias, lo que significa que esos lugares no sólo estén destinados al culto sino que puedan ejercer otras funciones como sitios de atención a alcohólicos anónimos, niños de la calle, entre otros.
Detalló que la propuesta de reformas constitucionales no sólo serían al Artículo 130 y 24, sino al Tercero de la Carta Magna, a fin de que los mexicanos que así lo decidan puedan enviar a sus hijos a escuelas religiosas, sin pagar colegiaturas, que son inaccesibles para la mayoría.
El jurista indicó que al igual que en otros países, sin precisar cuáles, en México las iglesias deberían recibir parte de los recursos recaudados por el gobierno federal a través de impuestos, lo que conllevaría a esa institución a tener más derechos pero también más responsabilidades.
Martínez Gómez explicó que este derecho de las iglesias a recibir recursos del erario público obligaría a éstas a rendir cuentas y a estar fiscalizadas.
En el país, subrayó, es necesario transitar de un estado laicista a uno aconfesional, es decir, libre de confesiones y aclaró que no se trata de acabar con el Estado laico sino de que en México exista una verdadera libertad religiosa.
El abogado católico dijo que en la actualidad existe un doble discurso entre la Iglesia y el Estado, y que con estas reformas legales se trata de que exista un reconocimiento mutuo.
