La CDHDF defendió la constitucionalidad de la reforma; «se cumplieron tratados internacionales»
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) están obligados a defender el Estado laico y a dejar de lado sus creencias religiosas en el análisis sobre la constitucionalidad de la despenalización del aborto en el Distrito Federal hasta las 12 semanas de gestación, coincidieron en señalar participantes de la última audiencia pública sobre el tema que organizó el máximo tribunal.
Por su parte, el diputado local Enrique Vargas Anaya cuestionó que debido a la participación de representantes de la Iglesia católica, organizaciones como Pro Vida y Opus Dei, el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, y el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, quienes “ventilaron sus creencias religiosas personales”, el debate sobre el tema en lugar “de centrarse en el problema de salud pública que implicaba la interrupción del embarazo en condiciones de clandestinidad, y en la vigencia de un derecho reclamado históricamente por las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, se convirtió en un debate por la hegemonía del pensamiento católico frente a la laicidad de nuestra sociedad”.
Un total de 15 representantes de diversas organizaciones sociales, de mujeres, legisladores y académicos señalaron que intentar obligar legalmente a las mujeres a tener un hijo en contra de su voluntad “es un acto ruin y alevoso” que violenta sus más elementales derechos y que declarar inconstitucional la reforma en el Distrito Federal en materia de aborto repercutirá negativamente en las condiciones de vida de miles de mujeres, principalmente de clases populares, “quienes tendrán que volver a la clandestinidad, asumiendo los costos que ello implica por el hecho de que ustedes (los ministros presentes ayer en la audiencia pública) hayan determinado que la Constitución de nuestro país les impone como único destino la maternidad o la persecución del poder punitivo del Estado”.
En su oportunidad, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza, argumentó la constitucionalidad de la reforma, al sostener que el gobierno capitalino simplemente dio cumplimiento a tratados internacionales firmados por México, en los que se recomendó a nuestro país “incluir el acceso efectivo a servicios de aborto seguro”.
Consulta al consejo
A diferencia de José Luis Soberanes, quien interpuso la acción de inconstitucionalidad contra la despenalización del aborto sin haber consultado al consejo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ayer Álvarez Icaza destacó que “habiendo consultado con el consejo” fue que decidió comparecer para apoyar la reforma legislativa, e incluso acudió a la sede alterna de la Corte acompañado por varios de los integrantes de ese órgano.
Señaló también que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal está facultada para legislar en la materia y que “lo importante es que a nadie se le impone el deber de interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas de gestación, sólo se hace posible una decisión individual, acorde con el sistema de libertades que establece el artículo cuarto constitucional”.
Pilar Muriedas Juárez, del Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población, respondió por su parte a quienes en audiencias anteriores defendieron la vida independiente del embrión.
“Aquí les decimos que dejen de preocuparse, que las mujeres sabemos perfectamente que no es lo mismo un embrión que un hijo o hija nacida. Que en ninguna parte del mundo un aborto de 12 semanas se entierra, ni se levanta acta de nacimiento ni de defunción. No se bautiza ni se le da extramaunción. Ni las mujeres, ni la sociedad, ni el Estado, ni las iglesias le dan el mismo trato a un embrión que a un niño o niña ya nacida.”
Al concluir la audiencia, el ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia destacó que en total participaron 80 expositores en las seis sesiones públicas, la mitad en favor y la mitad en contra de la despenalización del aborto. Comentó que, en su momento, el pleno determinará qué hacer con las solicitudes que no fueron incluidas (la totalidad para hablar en contra de la reforma), y que espera que una vez hecho este ejercicio de transparencia, la Corte esté en condiciones de resolver la acción de inconstitucionalidad en el segundo semestre de este año.
