Jorge Chabat, especialista en seguridad, y María Elena Morera, ex presidenta de México Unido contra la Delincuencia, coincidieron en que el arzobispo de Durango, Héctor González Martínez, debió haber presentado una denuncia ante las autoridades antes de “lanzarse” a los medios de comunicación a decir dónde vive Joaquín El Chapo Guzmán.
En tanto, el PRD exigió al gobierno federal investigar la denuncia del prelado así como medidas de protección para su persona.
Este viernes, González Martínez aseguró que cerca de Guanaceví, Durango, vive el narcotraficante prófugo Joaquin El Chapo Guzmán, por quien el gobierno federal ofrece 30 millones de pesos a quien proporcione datos confiables de su localización.
El prelado denunció que varios sacerdotes de la zona eran extorsionados por grupos criminales entre ellos la denominada Familia Michoacana.
En la 87 Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que comienza este lunes, con una misa en la Basílica de Guadalupe, el narcotráfico y el crimen organizado serán temas principales.
Elio Masferrer, antropólogo en temas religiosos, dijo que la denuncia marca un giro de la política del Iglesia que tradicionalmente se había alejado de este problema.
A consideración de Masferrer, el arzobispo de Durango es de los miembros de la jerarquía católica que había mostrado una actitud “moderadísima” y que nunca había buscado a los medos de comunicación para hacer anuncios.
Jorge Chabat, investigador del CIDE, criticó la actitud del prelado católico al hacer este tipo de anuncios mediáticos, ya que es avisarles a los criminales de posibles operativos en su contra.
“Lo que tiene que explicar es porqué no puso la denuncia”.
Para María Elena Morera si un personaje de la vida pública con algún tipo de poder “no denuncia” y en lugar de esto sólo hace declaraciones, al final del día se crea un clima de enojo por parte de la sociedad que te dice, si lo sabía cómo es posible que no lo denuncie.
Elena Azaola, investigadora del CIESAS, calificó como “imprudente” y “apresurado” dar a conocer la información sin tener bases sólidas, porque el arzobispo pudo poner en riesgo su integridad.
Hortencia Aragón Castillo, secretaria general del PRD, indicó: “Por la jerarquía del cargo amerita que la autoridad tome esta declaración porque implica no sólo denunciar ubicación de un delincuente, sino posible omisión de la autoridad o acto de corrupción en la omisión”.
