Para los presbiterianos, el Acuerdo firmado entre la República Federativa del Brasil y la Santa Sede, en 13 de noviembre de 2008, atenta contra la laicidad del Estado y cercena la libertad religiosa, al manifestar “preferencia y conceder privilegios” a una institución religiosa.
Afirma que el Vaticano es un Estado teocrático, hecho que compromete acuerdos sobre asuntos referentes a fe, por atentar contra el principio de la separación entre Estado e Iglesia, conquistado por la nación.
El Acuerdo legitima la noción teológica del “cristianismo verdadero”, de lo cual la Iglesia Católica ella se juzga “exclusiva detentora”, citando la Declaración Dominus Iesus.
El documento de la IPB observa que “por ser el Vaticano un Estado, no puede imponer al Estado brasileño la aceptación de su religión” y en exigir “privilegios y ventajas diferenciadas” que, por constar en la redacción, tornan el Acuerdo inconstitucional e impiden “de prosperar en un Estado democrático de derecho”, pues hiere el principio constitucional de la isonomía.
Aún más, afirma que la expresión “La enseñanza religiosa, católica y de otras confesiones religiosas” es discriminatorio, pues la Constitución de la República preceptúa: “La enseñanza religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina de los horarios normales de las escuelas públicas de enseñanza fundamental”.
Esa discriminación no es atenuada por la Ley General de las Religiones – Proyecto de Ley n.º 5.598/2009 e o PLS 160/2009 – aprobado por la Cámara Federal y por el Senado, ya que él es “mero espejo del Acuerdo, incurre en los mismos equívocos de inconstitucionalidad y desprecio a la laicidad del Estado brasileño, extendiendo las pretensiones de la Iglesia Católica Apostólica Romana a todos los demás credos religiosos”.
Por esas razones, la IPB se manifiesta contra la aprobación del referido Acuerdo y de cualquier norma legal que privilegie una religión o denominación religiosa, en detrimento de otras, y que desconsidere la ciudadanía de los brasileños que son ateos y agnósticos.
