El grupo contra los conciertos educativos critica que solo haya habido recortes en la pública.
El grupo contra los conciertos educativos ha criticado este lunes el diferente trato presupuestario que han recibido la escuela pública y la privada concertada en los últimos tres años y ha puesto como ejemplo que mientras la educación pública sufrió un recorte de 64 millones de euros en 2013, el gasto en la escuela privada concertada fue similar al del año anterior, además de señalar la "criminalización" de las protestas.
Por ello, han pedido la dimisión de la consejera de Educación, Dolores Serrat, el secretario general técnico, Agustín García Inda, y los directores generales del departamento. Además, han solicitado una comparecencia en las Cortes de Aragón para exponer la situación.
El grupo, integrado por los sindicatos CGT y STEA-i, por los partidos políticos CHA e IU y por la organización Movimiento Hacia Un Estado Laico (MHUEL) han celebrado este lunes una rueda de prensa para hacer un balance de la situación de la educación aragonesa.
Pedro García (MHUEL) ha asegurado que los tres años de gobierno del PP-PAR son "un trienio negro para la educación pública aragonesa". "Con la excusa del control del déficit han ejercido una política sectaria y de capitalismo de amiguetes", ha subrayado. García ha recordado que el actual director de política educativa, Manuel Magdaleno, fue director de uno de los mayores centros privados de Aragón, el Colegio Jesús María el Salvador, y que García Inda está imputado en el caso Apartadero por prevaricación.
Rubén Estévez (IU) ha señalado que en la escuela pública en personal docente se han recortado 80 millones de euros y hay unos 2.500 docentes menos en los últimos tres años. Por su parte, la diferencia entre los presupuestos para la concertada entre 2012 y 2014 es de 185.561,62 euros. Además, ha subrayado que "estos recortes también han afectado a los gastos de funcionamiento de los centros así como a la construcción de nuevos equipamientos educativos, quedando la construcción de muchos centros o la ampliación de los existentes sin poder realizarse".
Teresa Olalla (CGT) ha recordado que se han suprimido en tres cursos 218 unidades en los centros públicos de Educación Infantil y Primaria y ninguna en los centros privados concertados, mientras que se han creado 143 unidades en zonas de expansión de Zaragoza capital y alrededores. Mientras, se han creado 19 unidades en centros privados concertados, en zonas como Zuera o Romareda donde se han suprimido en la pública.
Asimismo, denuncian que "se ofertan menos plazas escolares de las que hay en algunos centros públicos", lo que "favorece la solicitud de centros privados concertados". Así, según explican, "tienen la excusa para seguir cerrando unidades", como en los barrios del Actur y La Jota en Zaragoza. También señalan que incluso cuando hay suficiente demanda de las familias en los centros públicos "las derivan a centros privados concertados, negándose a abrir unidades o a mantenerlas, a pesar de tener espacio y profesorado", como ha ocurrido en Jaca, en Valdespartera o en el colegio Sainz de Varanda, aunque tras las protestas sí se abrió una unidad.
Antonio Lascorz (CHA) ha criticado que el modelo que se está implementando en Aragón se basa en "competir más que en educar" con una educación "al servicio del mercado", fomentar la desigualdad ya que se restringe "educación de calidad para el que pueda pagarla" y "debilitar y deteriorar la red pública a la vez que se favorecen los centros privados de la Iglesia". "La crispación social ante esta deriva se acrecienta", ha apuntado Lascorz. "El empobrecimiento general de las familias y la reducción en el sistema de becas y de ayudas se encarga de completar esta deriva social que llevará a muchos de nuestros jóvenes a una formación precaria y posteriormente a un empleo precario", ha señalado.
Finalmente, Esther Martinez (STEA-i) ha recordado la imposibilidad de manifestarse por algunas vías de Zaragoza y las denuncias a profesionales y familias por acciones la escultura de 'tuppers' frente a la casa de la consejera de Educación, por la que cinco personas fueron imputadas.
La organización ha presentado una solicitud de comparecencia ante las Cortes
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