Unas quinientas personas han pedido al Gobierno que paralice la entrada en vigor de esta ley hasta que el Alto Tribunal decida sobre el recurso de inconstitucionalidad del PP.
Centenares de personas se han concentrado este sábado ante el Tribunal Constitucional (TC) para reclamar la suspensión de la nueva ley del aborto que entrará en vigor el próximo lunes y que, entre otros aspectos, permite la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación.
Convocados por 70 asociaciones provida como HazteOir, Derecho a Vivir, o el Foro de la Familia, unas quinientas personas, según cálculos de la Policía Nacional, han pedido al Gobierno que paralice la entrada en vigor de esta ley hasta que el Alto Tribunal decida sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP.
El objetivo de la concentración es, según los convocantes, pedir apoyo institucional para las mujeres embarazadas, exigir al Ejecutivo que "no instrumentalice la escuela al servicio de su peculiar y perversa ideología sobre la sexualidad", y pedir a los políticos que "los derechos humanos no sean nunca cuestionados".
Los manifestantes, en su mayor parte personas mayores y familias, se han concentrado bajo el lema "25 años bastan" y han coreado consignas como "Basta de trolas, la vida es lo que mola" o "Zapatero, la vida es lo primero".
Durante el acto, celebrado tras una inmensa pancarta de sesenta metros con el lema "Todos tienen derecho a la vida", la periodista Cristina López Schlichting ha leído un manifiesto que denunciaba que en menos de 48 horas entrará en vigor "una de las leyes más inicuas de la historia democrática".
Una ley, ha asegurado, que "legaliza la ideología de género e impone su enseñanza en escuelas y su aplicación en la sanidad", que declara al niño por nacer "indigno de toda protección jurídica en sus primeras catorce semanas de vida" y que permite la interrupción del embarazo hasta la semana 22.
Según López Schlichting, la norma, además, "legaliza el aborto eutanásico sin límite de plazo en algunos supuestos inconcretos y vagos vinculados al diagnóstico de anomalías o enfermedades que la ley califica como incurables o incompatibles con la vida".
Además, ha criticado esta periodista, la norma no incorpora ni una sola medida de apoyo a la embarazada, "introduce cortapisas" al derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario y pretende "obligar" a las universidades a tener que enseñar a los estudiantes de carreras sanitarias cómo practicar abortos.
El manifiesto también denuncia que la norma "expropia a los padres los derechos propios de la patria potestad respecto de sus hijas menores de 18 años".
La presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, Alicia Latorre, ha cerrado el acto asegurando que "en su buen hacer", el Tribunal Constitucional suspenderá esta norma y la declarará inconstitucional porque en la Carta Magna, ha dicho, "no pueden caber la tortura, el trato vejatorio, ni la desigualdad de oportunidades" que esta ley lleva consigo.
La nueva ley del aborto, que entrará en vigor el lunes, permite la interrupción libre del embarazo hasta la semana 14 de gestación y hasta la semana 22 cuando se diagnostiquen enfermedades extremadamente graves e incurables para el feto.
Dichas enfermedades serán diagnosticadas por un Comité Clínico, formado por dos ginecólogos o expertos en diagnóstico prenatal y por un pediatra, que tendrán un máximo de 10 días para emitir su dictamen.
La norma también establece que las menores de 16 y 17 años no necesitan consentimiento paterno para abortar aunque tendrán que presentar un documento en el que acrediten que han informado a sus progenitores, salvo que aleguen riesgos de conflicto grave.
El médico deberá apreciar por escrito y con la firma de la mujer que dichas alegaciones son fundadas y, para ello, podrá
