"El gobierno español debería proteger el acceso de mujeres al aborto legal y seguro, retirando el Anteproyecto de Ley que prohibiría el aborto salvo en excepciones extremadamente limitadas", señala una carta enviada el pasado viernes 9 de mayo al Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón por seis organizaciones nacionales e internacionales del área de los derechos humanos.
Alianza por la Solidaridad; el Centro de Derechos Reproductivos; European NGOs for Sexual and Reproductive Health and Rights, Population and Development (EuroNGOs); la Federación de Planificación Familiar Estatal; Human Rights Watch; y Rights International Spain han calificado el proyecto legislativo como una “grave amenaza para la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.
De aprobarse los cambios propuestos en la legislación sobre aborto vigente en España, el país se apartaría de la tendencia seguida por la gran mayoría de los países de la Unión Europea y se expondría al rechazo de organismos de derechos humanos internacionales y europeos, han señalado las organizaciones.
Las normas internacionales de derechos humanos reconocen que el acceso a abortos legales y seguros es fundamental para el disfrute y el ejercicio efectivos de los derechos humanos por parte de mujeres y jóvenes, incluido el derecho a la vida, a no ser discriminadas y a la igualdad, a la salud, a la privacidad, a decidir sobre el número de hijos e hijas y el intervalo entre los nacimientos, y a no ser objeto de trato cruel, inhumano o degradante. Diversos órganos internacionales especializados, como el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Salud, han expresado preocupación con respecto a la relación entre las leyes restrictivas en materia de aborto, los abortos clandestinos y los riesgos para la vida, la salud y el bienestar de mujeres y jóvenes.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha determinado que las leyes restrictivas sobre aborto pueden constituir un trato inhumano y degradante. El Tribunal ha resuelto que, en países donde el aborto es lícito, las mujeres deben tener un acceso real y efectivo a este tipo de servicios.
La legislación actualmente vigente en España, que es similar a la de la mayoría de los países europeos, establece que las mujeres y las jóvenes tienen derecho a decidir interrumpir un embarazo hasta la semana 14 de gestación. El Anteproyecto solamente permitiría practicar abortos cuando exista un riesgo para la salud física o mental de la mujer (hasta las 22 semanas) y en casos en que el embarazo sea el resultado de un acto de violencia sexual (hasta las 12 semanas). Esto supone la creación de serios obstáculos para acceder al aborto incluso en esas circunstancias limitadas, al exigir que dos médicos especialistas declaren que existe un riesgo para la salud física o mental de la mujer, y al obligar a las mujeres que soliciten un aborto luego de un acto de violencia sexual a interponer una denuncia policial. Además, quienes soliciten la interrupción voluntaria del embarazo, sea cual sea el motivo, deberán recibir asesoramiento asistencial y esperar obligatoriamente un periodo de días estipulado. Asimismo, el Anteproyecto permitiría al personal médico negarse a brindar servicios de aborto invocando la objeción de conciencia, sin que exista una adecuada reglamentación ni supervisión de estos casos para asegurar que las mujeres tengan acceso a atención médica vital.
El gobierno español debería adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que las mujeres y las jóvenes en España disponen de toda la información necesaria y tienen acceso sin obstáculos, a servicios de aborto legales y seguros en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y otros derechos humanos, expresaron las organizaciones.
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