El fiscal Antonio Castaño imputó a Guillermo Garlatti, máxima autoridad religiosa de Bahía Blanca. Es por el caso de Aldo Vara, detenido en Paraguay, acusado por delitos de lesa humanidad.
Mientras avanza el trámite por la extradición del cura Aldo Vara desde Paraguay, en Bahía Blanca comenzaron a investigar la red de complicidad que le permitió al religioso acusado por delitos de lesa humanidad permanecer prófugo más de ocho meses. El fiscal federal de Bahía Blanca, Antonio Castaño, solicitó la indagatoria del arzobispo Guillermo Garlatti, principal autoridad religiosa de la localidad del sur bonaerense, para conocer si prestó colaboración con la fuga del ex capellán militar. Además, pidió que se suspenda el pago de su jubilación, que percibió a través de un apoderado mientras estuvo prófugo.
El fiscal realizó el pedido el miércoles pasado ante el Juzgado Federal Nº 2, a cargo de Ana María Araujo, según informó el sitio Fiscales.gob.ar, y se basó en una denuncia formulada por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, integrada por Miguel Palazzani y José Nebbia.
Los fiscales denunciaron por encubrimiento a Garlatti, a quien acusaron de haber financiado a Vara mientras estuvo prófugo ya que siguió pagando su jubilación a un apoderado, el empresario inmobiliario Leopoldo Bochile, quien todos los meses habría cobrado en la sede del Arzobispado una jubilación privada que otorga la Iglesia.
A partir de esa información, el fiscal Castaño pidió la indagatoria del arzobispo y de Bochile como presuntos encubridores de Vara. Pidió además que "se disponga suspender futuros pagos de beneficios jubilatorios al imputado" y que se investigue la ruta del dinero, desde que era cobrada la jubilación hasta que supuestamente era recibida por Vara en la clandestinidad.
La semana pasada se conoció además un comunicado de la Diócesis de Ciudad del Este, donde Vara se refugió, en el que aseguró que "fue recibido a pedido de su obispo" y que fue posible, a pesar del pedido de captura internacional, "al no existir sanción canónica contra el mencionado sacerdote". Las autoridades religiosas de la ciudad paraguaya confirmaron, sin nombrarlo, la asistencia de Garlatti para recibir al cura prófugo y su participación en el encubrimiento.
El párroco de la iglesia donde se escondió Vara, el religioso Ecar Cleider, aseguró que sospechó que lo buscaban "porque había personas vigilantes" en la zona y agregó: "Nosotros sabíamos que él tenía problemas en su país."
El pedido del fiscal recayó en la jueza subrogante Ana Araujo, quien se excusó de participar y el expediente fue a parar al juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez, el mismo que rechazó el pedido de detención a Vara que luego dio lugar a su fuga.
Vara fue detenido la semana pasada por Interpol en Paraguay, acusado por su participación en secuestros, torturas y homicidios de más de 100 personas durante la última dictadura, cuando se desempeñó como capellán militar auxiliar del Comando V Cuerpo del Ejército y del Batallón de Comunicaciones 181.
A pesar de los pedidos de la justicia y de organismos de DD HH, la Iglesia siempre negó conocer dónde se encontraba el cura prófugo. Sin embargo, la investigación reveló la participación de la Iglesia en el encubrimiento de Vara con el apoyo financiero y en mantenerlo oculto.
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