Los bienes suntuosos de la Iglesia católica

No todo es miseria y austeridad en el seno de la Iglesia católica española.

Desde el 2 de marzo de 2006, la Mezquita de Córdoba está inscripta en el catastro –página 198 del libro 155 del tomo 2381 del Registro de la Propiedad–. El nuevo propietario, el Obispado de Córdoba, pagó 30 euros por registrarla a su nombre. Construida en el año 786 por Abderramán I, inscripta en el Patrimonio de la Humanidad en 1984, la Mezquita pertenece hoy a la Iglesia católica.

Por otra parte, el Obispado no tiene la obligación de pagar el impuesto sobre la propiedad ni los gastos de conservación del edificio. Y sí, tiene libertad para cobrar los ingresos y eventualmente alquilarlo o venderlo. En el caso de la Mezquita de Córdoba, se trataría de ingresos por más de un millón de visitantes por año que pagan 8 o 10 euros una entrada exenta de impuestos.

A principios de año se modificó la ley de haciendas locales por la que los consistorios podrán exigir el IBI a muchos edificios catalogados como patrimonio histórico-artístico que realizan actividades económicas y se explotan comercialmente. Hasta la fecha y sólo por la Mezquita, la exención del IBI ha ahorrado a la Iglesia 40.000 euros por año desde 2006. Hoy, la Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba exige también la titularidad pública de este bien y cerca de 80.000 firmas ciudadanas en contra han sido recogidas través de change.org.

No es inútil recordar otros casos, para decir poco chocantes, de apropiación de bienes públicos españoles. Escandalizados de ver los bienes de su comunidad pasar a manos de la Iglesia, los treinta moradores del pueblecito de Garisoain (Navarra) se rebelaron contra su obispo. Y por primera vez en los anales, la Justicia les ha dado razón. Es un poco por azar que en 2007 el secretario del Ayuntamiento, Álvaro Calderón, se percató de que un huerto, la plaza y la casa del cura, considerados desde siempre propiedad comunal, de un plumazo se habían convertido en propiedades de la Iglesia católica.

Así es que, en 2008, dichos moradores decidieron adelantarse al arzobispado e inscribieron a nombre de la villa el último bien que les quedaba, la pequeña ermita del Pilar “construida, mantenida y financiada con el dinero de los ciudadanos y no de la Iglesia”. Recuerdan que la ermita, destruida en 1939 durante la Guerra civil, fueron los habitantes mismos quienes la reconstruyeron, detallando al céntimo las sumas gastadas o el número de vigas y de bueyes utilizados para la obra.

Lo mismo en Ochagavía (600 habitantes), Ribadulla (Galicia), Pardesivil (León) y varios centenares de otras aldeas cuyos ayuntamientos habían construido, financiado y mantenido propiedades abandonadas durante décadas. “Se trata de robos y expoliaciones”, según los ciudadanos. “La mayoría de los ayuntamientos no se percatan de estas apropiaciones sino al cabo de varios años. Y cuando presentan su causa ante la justicia, les piden una documentación que jamás existió”, escribe Alejandro Torres, profesor de Derecho Eclesiástico en la Universidad pública de Navarra.

Sólo en Navarra, entre 1998 y 2007, la Iglesia católica hizo suyos un total de 1.086 bienes comunales. Esta prestidigitación fue posible gracias al artículo 206 de una ley franquista de 1946, que permite a una diócesis registrar lo que considere suyo sin necesidad de presentar el mínimo documento de propiedad y sin que el acto quede notarizado. Autorizando la matriculación de todo tipo de bienes “no religiosos”, Franco recompensaba a la Iglesia por su apoyo activo durante la Guerra Civil.

Y en 1998, fue el gobierno de Aznar que completó la tarea permitiendo también el registro de bienes religiosos”, señala Juan del Barrio en nombre de la Plataforma de Defensa del Patrimonio de Navarra –que agrupa 117 ayuntamientos, es decir la mayoría de los consistorios afectados por la toma de bienes considerados desde siempre comunales–.

Así, según el informe elaborado en 2008 por el Parlamento de Navarra a pedido de los partidos de izquierda, hasta 1998 la Iglesia había metido su larga mano “sólo” en propiedades rurales o urbanas, casas particulares, viñas, olivares, frontones. A partir de la ley Aznar de 1998, unos 1.200 bienes han sido registrados de los que el 60% son lugares de culto, pequeñas iglesias, ermitas.

El caso más extraordinario es el de San Miguel de Lizoain, un templo del siglo XIII “quemado y desacralizado donde el Ayuntamiento iba a montar un centro cívico. En 2003 la Iglesia la matriculó, el mismo día en que matriculó el resto de los templos del valle, y ahora el Ayuntamiento ha tenido que comprarlo para hacer el centro que planeaba. Un negocio redondo”, se indigna José María Esparza de la Plataforma.

Si bien su mantenimiento ha sido siempre cubierto por fondos públicos –con una primera aportación de 15 millones de euros en 2006– la catedral de Pamplona es hoy propiedad del arzobispado. “Sólo procedemos a registrar lo que es nuestro desde tiempos inmemoriales”, estima el delegado episcopal del Arzobispado. El hecho de que las propiedades hayan sido cuidadas casi siempre por los habitantes de las aldeas “no es sino la manifestación de una obra y una expresión admirables de las comunidades cristianas que, libre y voluntariamente y al precio de grandes esfuerzos, han querido crear y conservar estas instituciones”.

Para el Observatorio de la Laicidad “este privilegio medieval costaría unos 3.000 millones anuales al Gobierno español”. Esto es lo que aproximadamente lo que el Gobierno actual pretende economizar.

El año pasado, Juan José Tamayo citaba a Jan Crisóstomo acerca de la “ingente acumulación de bienes de la Iglesia”. En otro registro, se puede citar a Baudelaire:

“¿Habéis podido entonces creer, hipócritas,
Que uno se burla del amo y con él hace trampa
Y que sea natural el recibir dos premios
Ir al Cielo y ser ricos?”

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