Dos casos de muerte cerebral encienden el debate sobre los límites de la vida en EEUU y vuelven a poner sobre la mesa el derecho al aborto. El 12 de diciembre de 2013, Jahi McMath , una adoslecente sin funciones cerebrales, fue declarada legalmente muerta en un hospital de Los Ángeles. Hoy, casi dos meses después, esta niña de 13 años sigue respirando en la ciudad Oakland después de que su familia consiguiera una orden judicial para mantenerla con vida, atada a una máquina de respiración asistida, y en contra del consejo de los facultativos.
La historia de Jahi es tan sólo uno de dos los casos con muerte cerebral que estos días conmocionan a la sociedad estadounidense y que han vuelto a poner en las portadas la herida enquistada del derecho a la vida. Al contrario que los pacientes que están en coma o en estado vegetativo, las personas que sufren una muerte cerebral sólo pueden vivir con respiración asistida, y por eso la mayoría de los hospitales tienen derecho a desconectarlos. Tan sólo los estados de Nueva York y Nueva Jersey permiten que las familias participen en esta decisión, mientras que en el resto del país los médicos tienen la última palabra.
En realidad ninguno de los dos casos hubiera cobrado relevancia sino fuera porque decenas de asociaciones antiabortistas han aprovechado la ocasión para volver a lanzar a las masas una pregunta con trampa: ¿Es un cuerpo que late sin conciencia un ser humano, y por lo tanto, un ciudadano con derechos?
Definir la muerte es mucho más fácil que delimitar la vida y por eso ultraconservadores de todo el país han mostrado un interés especial en la polémica.
Fue en 1973 cuando el Tribunal Supremo de EEUU trató de contestar a esta pregunta legalizando la interrupción del embarazo en todo el territorio nacional. El caso, conocido en el país como Roe versus Wave, había llegado hasta la institución de la mano de una abogada de tan sólo 26 años y supuso el fin de una larga batalla, pero también el inicio de otra guerra que a día de hoy sigue marcado la agenda electoral de los políticos.
Según una encuesta realizada por la consultora Pew Research, uno de cada seis estadounidenses tiene en cuenta el tema del aborto a la hora de votar. Los lobbies antiabortistas se gastan anualmente alrededor de 4 millones de dólares en comprar las opiniones de los congresistas, y sólo en los últimos dos años EEUU ha aprobado más de 135 leyes “pro vida”, algunas de ellas tan extremas como obligar a una mujer embarazada a escuchar los latidos del feto antes de someterse a la intervención.
Tampoco los doctores que realizan estas intervenciones están ahora mismo libres de castigo. De hecho las amenazas y los intentos de asesinato han convertido en rutina que algunos médicos abortistas tengan que viajar hasta sus consultas en avión porque no pueden permitirse ejercer y vivir en el mismo lugar.
Este mismo año se espera que el Congreso no haga grandes reformas ni en la economía ni en la emigración, aunque el tema del aborto sí estará presente en al menos dos comités.
El debate sobre la muerte cerebral es tan sólo un camino más para forzar la reversión de un derecho que defienden el 60% de los estadounidenses, pero que cada vez resulta más difícil de ejercer incluso en los estados en los que sigue siendo legal.
Imagen de la ‘Marcha por la vida’ celebrada en Washington en enero del pasado año. / Sahw Thew (Efe)
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