La reforma sanitaria de Obama obliga a las empresas a contratar seguros para sus empleadas que cubran este gasto
El Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió este martes que una organización religiosa quede exenta de la obligación de proporcionar un seguro médico a sus empleadas que incluya el coste de los anticonceptivos. La decisión, anunciada en las últimas horas del 31 de diciembre, afecta solo al grupo demandante, pero podría extenderse a todas las organizaciones religiosas si el caso prospera en la corte.
La Juez Sonia Sotomayor, encargada de responder con carácter de urgencia a la petición de un grupo religioso de Denver, ha determinado que el Gobierno federal no puede obligar a una residencia de ancianos dirigida por una organización de monjas, a facilitar pólizas médicas con las condiciones que exige la nueva ley de salud. La legislación entra en vigor en su totalidad este 1 de enero y requiere a las empresas a contratar seguros para sus empleadas que cubran el coste de anticonceptivos y otros tratamientos de carácter preventivo.
Este requisito provocó un duro enfrentamiento entre la Administración Obama y las organizaciones religiosas, que alegan que el Gobierno les obliga a actuar en contra de sus principios, poco después de la aprobación de la ley en el Congreso. El episodio terminó con una concesión por parte del presidente: el coste de los medicamentos a los que se oponen los grupos religiosos no serían cubiertos por las organizaciones sino las aseguradoras.
No fue suficiente. Dos empresas privadas han logrado que su demanda llegue hasta el Tribunal Supremo para que éste determine si el Gobierno les está obligando a actuar en contra de su libertad religiosa. Little Sisters of the Poor Home, la organización de Denver a la que Sotomayor respondió este martes, es uno de los más de 100 grupos que han denunciado este apartado de la reforma sanitaria de Obama
La juez dictaminó que este grupo no tendrá que cumplir con la ley hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los otros dos casos, presentados por una librería y por una empresa del sector alimentario. La Administración Obama tiene de plazo hasta este viernes, día 3 de enero, para responder a la decisión de la juez.
Cuando el alto Tribunal aceptó estudiar las demandas de las organizaciones religiosas, la Casa Blanca emitió un comunicado en el que reiteraba que el requerimiento establecido por la reforma sanitaria es “legal y esencial para la salud de las mujeres” y que su intención es “garantizar que las decisiones sobre la salud de una mujer las decidan ella y su médico. El presidente considera que nadie, ni el gobierno ni las empresas deberían poder tomar esas decisiones por las mujeres”, agregaba el comunicado.
La corte escuchará los argumentos de este caso la próxima primavera y dictará sentencia a finales de junio de 2014. Los nueve jueces deberán determinar si empresas, organizaciones y ciudadanos pueden ejercer por igual la libertad de religión, protegida por la Primera Enmienda de la Constitución y por una ley federal de 1993.
Archivos de imagen relacionados
