La Eurocámara aprueba un texto alternativo al informe Estrela que reconoce la competencia de los estados en la educación sexual. La europarlamentaria que lo presentó pide que se retire su nombre. El informe ya fue vetado en octubre por europarlam
El pleno del Parlamento Europeo ha vuelto a rechazar este martes un informe sobre salud sexual y reproductiva que, entre sus disposiciones, defendía el derecho de la mujer al aborto seguro y pedía a los gobiernos europeos que asegurasen la educación sexual en la enseñanza obligatoria.
El documento, conocido como Informe Estrela —por el apellido de la europarlamentaria socialista portuguesa que lo ha redactado, Edite Estrela— pasaba su segundo test en el Parlamento Europeo, después de que en octubre las diferencias entre los grupos políticos sobre su contenido evitaron que sometiera a voto. Los europarlamentarios conservadores han presentado ahora un texto alternativo en el que se especifica que son los estados miembros los que tienen la competencia sobre la implantación de la educación sexual en las escuelas. La europarlamentaria Edite Estrela ha exigido que se retire su nombre del informe aprobado, porque no respeta el espíritu de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El texto revisado estipulaba que "los servicios de aborto de calidad deben ser legales, seguros y accesibles, dentro de los sistemas de salud pública de los Estados miembros". Y pedía también que las mujeres que se hayan sometido a un aborto ilegal no sean perseguidas por la Justicia.
El informe subrayaba que "en ningún caso" debe promoverse el aborto como método de planificación familiar y pide a los Estados miembros políticas y medidas adecuadas para evitar que se recurra al aborto "por razones sociales y económicas". Sí denuncia que se impida o retrase el acceso al aborto en los supuestos en que es legal, con "obstáculos" como "el uso extendido de la objeción de conciencia, periodos de espera médicamente innecesarios o asesoramiento parcial". Este informe llega en un momento en el que en España el Gobierno promueve una legislación restrictiva respecto al aborto. Para los colectivos defensores del derecho a decidir sobre el aborto, el texto su"supone profundizar en el compromiso de la UE en hacer accesible la anticoncepción, la educación sexual y la planificación familiar voluntaria ya que estos elementos empoderan a las mujeres para decidir el número de hijos que tienen, reduce los embarazos de adolescentes, y permite a las mujeres y las niñas reciban educación". El documento abarcaba otras cuestiones relacionadas con la salud sexual, incluida la necesidad de que las mujeres tengan acceso a revisiones ginecológicas y mamografías anuales. Por ello, considera "inaceptable" que con la "excusa" de los recortes para superar la crisis se reduzcan estas prestaciones en algunos Estados miembros.
Servicios públicos de fertilidad no discriminatorios
Además reclamaba servicios de fertilidad y opciones reproductivas "no discriminatorias" para que tengan acceso a los tratamientos todas las mujeres. Del texto revisado se quitó la exigencia a los Estados de garantizar dichos tratamientos a solteras y lesbianas. En España, el Ministerio de Sanidad ha establecido recientemente límites al acceso de mujeres solteras y mayores de 40 años a los servicios públicos de infertilidad. El informe se posiciona en contra de la "maternidad subrogada", también conocida como vientres de alquiler, considerando que "supone una mercantilización del cuerpo de las mujeres y de los niños y representa una amenaza para sus cuerpos y sus derechos".
Servicios públicos de fertilidad no discriminatorios Además reclamaba servicios de fertilidad y opciones reproductivas "no discriminatorias" para que tengan acceso a los tratamientos todas las mujeres. Del texto revisado se quitó la exigencia a los Estados de garantizar dichos tratamientos a solteras y lesbianas. En España, el Ministerio de Sanidad ha establecido recientemente límites al acceso de mujeres solteras y mayores de 40 años a los servicios públicos de infertilidad. El informe se posiciona en contra de la "maternidad subrogada", también conocida como vientres de alquiler, considerando que "supone una mercantilización del cuerpo de las mujeres y de los niños y representa una amenaza para sus cuerpos y sus derechos".
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