La Coalición Argentina por un Estado Laico (Cael) repudió “los graves retrocesos en el texto que unificará los Códigos Código Civil y Comercial ante la negativa a erradicar privilegios de la Iglesia Católica y a las modificaciones restrictivas en materia de familia y técnicas de fertilización, a lo que se sumó la decisión de otorgar el status de “persona” a los embriones fecundados fuera del cuerpo humano aun antes de ser implantados”.
.En un documento al que accedió AIM, desde la Coalición indicaron que como militantes de Derechos Humanos que abogan por un Estado argentino realmente laico y respetuoso de todas las personas, sin discriminación por sus creencias y convicciones, repudian “enérgicamente las concesiones hechas por el oficialismo y parte de la oposición en el texto que unificará los Códigos Código Civil y Comercial, así como el clericalismo que casi todo el arco político ha mostrado desde que Jorge Bergoglio se convirtió en papa católico y jefe de estado del Vaticano”.
En ese marco, advirtieron que “resulta irónico que quienes alzan la bandera de la soberanía nacional, subyuguen, recorten y modifiquen textos legales de suma importancia por las presiones del jefe de un Estado europeo, lo que pone en juego nada menos que la ampliación o cercenamiento de derechos de las personas que habitan nuestro país”.
Al respecto, indicaron que se unieron a todas las organizaciones de Derechos Humanos y a todas las instituciones y personas “que pugnan por el laicismo y los pilares básicos de la democracia, para oponernos a estas reformas clericales y llamamos a todas las fuerzas políticas a dar marcha atrás o a mantener el texto vigente del Código de Vélez Sarsfield que, con sus dificultades, al menos guarda en sus sucesivas reformas la huella de históricas luchas por la igualdad y el laicismo”.
Retroceso en las normas por la servidumbre voluntaria al Estado del Vaticano
El miércoles tuvo dictamen el proyecto de Código Civil y Comercial unificado, que será tratado la próxima semana en el recinto de la Cámara de Senadores. En la reunión de comisión, el bloque oficialista aceptó una modificación propuesta por la senadora puntana, supernumeraria del Opus Dei, Liliana Negre de Alonso, para definir como personas a todos los embriones, incluyendo a aquellos concebidos mediante técnicas de reproducción asistida, aún antes de ser implantados en el útero.
Esta última posibilidad no estaba contemplada en el borrador (sólo se lo consideraba persona tras la implantación), por lo que pone en grave riesgo los derechos adquiridos en materia de fertilización asistida, a la vez que podría conllevar grave responsabilidad profesional en la práctica médica.. En ese marco, desde Cael reiteraron la “oposición a que se considere a cualquier embrión como persona, lo cual niega el derecho de quien gesta a decidir sobre su proyecto de vida y busca en realidad bloquear -inútilmente, puesto que no se debaten aquí normas penales- el debate por la legalización del aborto”.
Esta modificación, “se suma a cambios que ya había hecho el bloque oficialista con respecto al texto elaborado por la comisión redactora con las modificaciones hechas por el Poder Ejecutivo Nacional. En efecto, el bloque del FpV presentó la semana pasada un borrador de dictamen en el que se eliminaba la regulación de la gestación por sustitución en todos los casos y en el que se imponía el principio de filiación por el parto, aun cuando no exista voluntad procreacional (lo cual cobra mayor relevancia mientras el aborto siga estando penalizado en la Argentina)”.
Por otro lado, en el reclamo que desde hace tiempo sostiene Cael de terminar con el privilegio de la Iglesia Católica de ser considerada persona jurídica pública -privilegio obtenido durante la dictadura de Juan Carlos Onganía-, el texto aprobado “no sólo mantiene dicho trato privilegiado, sino que acentúa el trato discriminatorio al aclarar que ‘las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas’ son personas jurídicas privadas (luego de decir lo contrario para la Iglesia Católica). Más aún, aquellas organizaciones reunidas en torno a creencias no consideradas como religiosas no son consideradas en pie de igualdad, lo que introduce un segundo nivel de discriminación por motivo de creencias o convicciones”.
En cualquier caso, “lo que nos preocupa más en general es la injerencia que el lobby de la jerarquía católica tuvo en el texto del que se proponía como el Código Civil del siglo XXI. De una Ley que prometía ser revolucionaria apenas quedan algunos avances y un mayor orden expositivo, lo que pone de manifiesto el renovado clericalismo de la política argentina, del que Cael viene alertando hace tiempo”, aseguraron.
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