Definir qué se entiende por "libertad religiosa" en la ley reglamentaria del Artículo 24 Constitucional será definitivo para mantener la laicidad del Estado, advirtió Felipe Gaytán Alcalá, coordinador de investigación en la Universidad La Salle (ULSA).
Actualmente la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público define el proceder de las organizaciones religiosas; sin embargo, es necesario hacer una nueva ley reglamentaria que defina los cómo de la reforma al Artículo 24, señaló el académico.
Para Rigoberto Mata Medina, presidente de la asociación civil Foro Intereclesiástico Mexicano, los operadores del clero católico buscan hacer una ley reglamentaria donde se avalen injerencias religiosas en funciones públicas.
Debido a ello, el Foro, indicó Mata, trabaja en una propuesta de Ley General para el Artículo 40 que permita generar "candados" a la reforma constitucional, pues, dijo, es necesario conservar el carácter privado de los actos religiosos.
"(La Iglesia católica) Busca invadir los espacios públicos donde el Estado ejerce sus funciones, como las escuelas, los hospitales, las cámaras legislativas, los Congresos locales, los tribunales, los centros de readaptación social, todos los espacios públicos", aseguró.
La reforma, que señala que la libertad religiosa incluye el derecho de participar en público en actos de culto, fue promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 17 de julio, pero aún falta definir el reglamento.
Neftalí Álvarez, de la coalición República Laica, integrada por organizaciones de la sociedad civil, académicos e investigadores que defienden el Estado laico señaló que también trabajan en una propuesta de ley reglamentaria que cuide los preceptos de dicho Artículo.
"Estamos preparando lo que es la ley general para blindar el Artículo 40, para que funcionarios de los tres niveles de gobierno que lo violen sean sancionados", dijo.
Para Eliezer Gutiérrez Avelar, vocero de la Iglesia de la Luz del Mundo, el término "libertad de convicciones éticas" podría ser aprovechado por la Iglesia católica para propagar sus intereses.
"De lo que nosotros vamos a estar ahora pendientes es de que no se utilice esta reforma para hacer que desde ahí se quiera imponer una visión moral a la totalidad de la sociedad, vulnerando aspectos tan importantes como la laicidad", dijo el vocero.
La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público ya no es suficiente, insiste Gaytán.
"Lo que exige la reforma es generar una nueva ley donde no solamente se establezcan las condiciones de operación jurídica de los Artículos 24 y 40 (donde se habla de laicidad del Estado), sino también que se establezcan sanciones muy claras y de responsabilidades, porque ha venido ocurriendo violaciones al estado laico de manera constante por parte de gobiernos municipales que se denuncian y Segob dice 'no es de mi competencia', y sí lo es", indicó el académico.
Piden sancionar violación a laicidad
La ley general que reglamente el Artículo 40 Constitucional debe incluir sanciones para los servidores públicos que violen el Estado laico, pues la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público no las contempla, señaló Jesús López Lobato, abogado del Foro Intereclesiástico Mexicano.
"El Estado debe someter a todas y todos, incluidos sus propios agentes -legisladores, juzgadores, funcionarios y servidores públicos- al régimen de laicidad que le es propio", señaló.
El Artículo 24 fue reformado en julio de este año para incluir la garantía del respeto a la libertad de convicciones éticas, la libertad de creencia y de religión; sin embargo, especialistas en religión y derecho insisten en la necesidad de crear la ley reglamentaria al Artículo 40, el cual se reformó el año pasado, para agregarle el carácter laico al Estado.
Para Pauline Capdeville, doctora en derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el principal reto que tiene el País es el permanente desajuste que existe entre lo que dicen la Constitución y la ley y la práctica social.
"Misas metidas en política, gobernantes entregando su ciudad o estado a una divinidad, prácticas discriminatorias por motivos religiosos, etcétera", indicó.
Para la académica es necesario que todo funcionario público suscriba una carta de laicidad para recordarles los principios básicos que deben seguir en cualquier orden de Gobierno que sirvan o vayan a servir.
La misiva debería señalar, explicó, "que el servidor público no puede favorecer o, por el contario, discriminar una religión; que no puede expresar de manera pública sus preferencias religiosas ni asistir de manera oficial a eventos de culto público; que comisiones religiosas del servidor público no lo pueden eximir en el cumplimiento de la ley y que éste debe velar por la estricta igualdad de todos los individuos ante la ley, rechazando todo acto de discriminación basado en las convicciones y creencias religiosas".
Recientemente varios Alcaldes fueron criticados por hacer declaraciones referentes a temas de corte religioso.
En junio pasado, en un evento organizado por la Alianza de Pastores de Monterrey, Margarita Arellanes, Alcaldesa de Monterrey, "entregó" simbólicamente el Municipio de Monterrey a Jesucristo.
Este también fue el caso de los Alcaldes de Guadalupe, César Garza, y de Juárez, Rodolfo Ambriz, quienes hicieron pronunciamientos similares en sus calidad de gobernantes.
