Las plataformas que luchan por el derecho de acceso a la información pública denuncian que la Ley de Transparencia aprobada ayer en el Congreso se queda corta y mantiene privilegios para la Iglesia y la Casa Real
La ley de transparencia que entró en vigor en marzo pasado en Ruanda es más avanzada que la que aprobó ayer el pleno del Congreso de Diputados. Así lo afirman las principales plataformas que luchan en España por el derecho de acceso a la información pública. Según el análisis que ha llevado a cabo la organización Access Info Europe, la normativa española se situará en los puestos de la cola del ranking internacional de los países que las tienen. De 95, tendrá la posición 72, con una puntuación de 68 sobre 150 puntos valorados.
La ley que debía garantizar el derecho de acceso a la información pública -es decir, que la información en manos de la administración esté al alcance de cualquiera que desee consultarla- era una asignatura pendiente de la Transición y una medida necesaria para echar luz en las sombras de la gestión pública, poner coto a males como la corrupción y ayudar al ciudadano en la toma de decisiones. España era el único país de la Unión Europea con más de un millón de habitantes -junto con los minúsculos Chipre y Luxemburgo- que no había regulado todavía este derecho fundamental reconocido por tribunales internacionales.
Por ello, la frustración de las organizaciones que trabajan en su defensa es todavía mayor. "Está muy bien que tengamos una ley, porque nunca la hemos tenido, pero una vez aprobada costará mucho cambiarla para mejorarla. No tenemos claro si es bueno tenerla así o no", se lamenta Eva Belmonte, responsable de Proyectos de la Fundación Ciudadana Civio, que ha puesto en marcha iniciativas de fiscalización del poder político tan interesantes como El Indultómetro, que sigue la pista y clasifica las más de 10.000 medidas de gracia "de carácter excepcional" que el Rey ha concedido a propuesta del ministro de Justicia desde 1996. El gobierno había prometido una "ley vanguardista" y la que ha acabado aprobando el Congreso, para Civio, "es muy floja". "Servirá para limpiar la imagen de opacidad, pero no supone grandes cambios", considera.
"Una vez aprobada, costará mucho cambiar la ley para mejorarla", denuncian las asociaciones La plataforma Acces Info Europe, que trabaja desde 2006 con una coalición de 63 asociaciones de la sociedad civil para que se garantizara por ley la transparencia, ha llevado a cabo un análisis en profundidad del texto que fue aprobado a finales de julio en la Comisión Constitucional con los votos del PP, CiU y el PNV tomando como referencia el conjunto de indicadores del llamado Global Right to Information Rating. La principal deficiencia que denuncia es que la norma no reconoce el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental y lo regula como un derecho ordinario, lo que implica su subordinación a cualquier ley orgánica, como la de protección de datos de carácter personal. Otras limitaciones que subraya son que excluye mucha información, no obliga por igual a todas las instituciones y no crea un órgano de supervisión totalmente independiente del poder político.
Vicky Anderica, investigadora legal y coordinadora de campañas de esta ONG, afirma que, aunque se han hecho algunos avances, la ley pone el acento en la cuestión económica. "Es una ley que se queda en la superficie; la transparencia es otra cosa, es publicitar toda la actividad pública. Sabremos los presupuestos y la ejecución de gastos, pero no de qué manera se han tomado las decisiones para gastar ese dinero", subraya.
"Sabremos los presupuestos, pero no de qué manera se toman decisiones para gastar ese dinero", lamentanLo mismo denuncia Civio, que considera que uno de las principales déficits de transparencia es que excluya del escrutinio público los informes, borradores y materiales de trabajo que usan las administraciones públicas para tomar decisiones, un tipo de información que en Ruanda sí puede reclamar la ciudadanía.
Por poner un ejemplo, Belmonte menciona el supuesto de privatización de hospitales públicos bajo el argumento de que sale más barato. "Si no nos dejan valorar si la decisión que se ha tomado es correcta, tendremos que sospechar que quizá no lo sea tanto", sugiere. Anderica, por su parte, recuerda una petición de información pública solicitada por un periodista a través de Tu derecho a saber, una web puesta en marcha a cuatro manos por las dos organizaciones para facilitar que cualquier ciudadano pueda pedir información a cualquier institución pública española. Se trataba del informe completo de 2.000 páginas que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría presentó en junio al Consejo de Ministros sobre la reforma de las administraciones públicas, con la que el gobierno asegura que se ahorrarán más de 37.000 millones de euros hasta el 2015. La solicitud se denegó por indicación del Ministerio de la Presidencia.
¿Podrá el Gobierno de Rajoy realmente reducir el gasto público o son sólo suposiciones? No está claro si con la ley se tendrá acceso al informe y se podrá valorar. La ley formula con vaguedad qué tipo de información "auxiliar" y de "régimen especial" continuará siendo secreta, lo que concede un margen de maniobra a las instituciones para operar con opacidad. El alcance que tendrá, afirma Anderica, dependerá de cómo se aplique. "En Tu derecho a saber tenemos más de la mitad de silencio administrativo. Veremos si con la ley cambia y habrá más respuestas", añade Belmonte.
La Casa Real y la Iglesia no tendrán que detallar sus gastos y donaciones, respectivamente
Lo que sí se sabe ya es que la Casa Real no tendrá que hacer públicas sus actividades -viajes y reuniones, por ejemplo- ni el detalle de sus gastos, aunque sí su presupuesto de una forma más amplia que las cifras que ha publicado hasta ahora en su página web. Por omisión, se da también un trato de favor a la Iglesia, puesto que no se menciona expresamente, aunque debería quedar incluida, en la obligación de todas las entidades privadas de dar explicaciones de las subvenciones públicas que reciban si éstas superan en un año los 100.000 euros o al 40% de sus ingresos.
La ley sí incluye a los partidos políticos, las organizaciones patronales y los sindicatos en este supuesto. Eva Belmonte, sin embargo, no considera que ello sea un avance. "No es nada nuevo, ya que en el BOE ya se publican este tipo de subvenciones", recuerda esta periodista, que lleva tiempo fiscalizando la actividad pública desayunando cada mañana con el Boletín Oficial del Estado y publicando sus hallazgos en el blog "El BOE nuestro de cada día".
Cuentas pendientes
De la misma opinión son los responsables de Cuentas Claras. Para esta plataforma ciudadana nacida en 2011 para proyectar un poco de luz sobre la opaca financiación de los partidos políticos, hay tres puntos clave que la ley no ha resuelto: el destino del dinero público que reciben, el origen y la cantidad de las donaciones privadas que engrosan su presupuesto y su endeudamiento y condonaciones de deuda por parte de los bancos. Consideran este último punto muy importante, ya que recuerdan que según el último informe del Tribunal de Cuentas (del 2008) dos tercios de los partidos están en números rojos.
La nueva Ley no obliga a los partidos a publicar las donaciones privadas
Lo que más les preocupa, sin embargo, es que la ley española no obligue a hacer públicas las donaciones privadas, como sí pasa en Estados Unidos, donde la web Influence Explorer, de la Sunlight Foundation, recoge al dedillo el quién y el cuánto de las contribuciones a campañas políticas. Avisan, además, de que las fundaciones vinculadas a los partidos también pueden recibir donaciones y que lo único que se hace público (también ya en los boletines oficiales) es el importe de las ayudas públicas. "Las fundaciones son la forma más fácil de atraer ingresos, puesto que tienen el nivel más bajo de supervisión y sanción. Sospechamos que son el principal canal para financiar a los partidos sin control", sostienen.
"Las fundaciones son el principal canal para financiar partidos sin control"
Eva Belmonte subraya otra diferencia con la ley ruandesa, una de las más avanzadas en este punto, y es que la española no obliga a las empresas privadas a rendir cuentas cuando su presupuesto se obtiene mayoritariamente con contratos públicos, lo que ayudaría a supervisar las relaciones entre poder político y sector privado. "En Ruanda, en cambio, deberán responder a las peticiones de información todas las empresas y organismos privados cuyas actividades estén relacionadas con el "interés público, las libertades y los derechos humanos'", explica. O sea, un espectro muy amplio.
No sólo la ley de Ruanda, cuya legislación se basa en la Declaración Universal de Derechos Humanos, es más avanzada que la española. Civio considera que también lo es la ley foral de la Transparencia y del Gobierno Abierto que entró en vigor el año pasado en Navarra, la comunidad autónoma pionera en el Estado en destapar por ley los secretos de la administración pública. Cometieron un error en su aplicación, sin embargo, puntualiza Belmonte: la ley obliga a identificarse a quien solicita algún dato con el DNI electrónico, cuando ni siquiera eso haría falta.
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