El Parlamento andaluz vota hoy la ley, la primera en España sobre la materia
El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, ha dicho hoy que su partido está dispuesto a apoyar el proyecto de ley sobre muerte digna que se debate esta tarde en el Parlamento de Andalucía si el PSOE acepta sus enmiendas relativas a la objeción de conciencia y a la composición de los comités de ética. Está previsto que los populares voten a favor de la norma o se abstengan, toda vez que el voto en contra se da por descartado.
Durante su intervención ante los medios de comunicación con motivo de una reunión del grupo parlamentario popular, Javier Arenas ha confiado en que el PSOE no aplique el "rodillo" y tenga en cuenta la posición "constructiva" del PP en esta cuestión, que, según ha señalado, obedece a la "racionalidad y al sentido común". Para Arenas, no se puede invitar a la oposición a que haga propuestas y que luego esas iniciativas sean "laminadas" por la mayoría del PSOE. En su opinión, existe un aspecto positivo en la futura ley, como es que se pronuncia en contra de cualquier tipo de eutanasia.
La portavoz del grupo popular en el Parlamento andaluz, Esperanza Oña, aseguró ayer que su grupo apoyará el proyecto de ley salvo que surjan "escollos muy dramáticos". "No creo que haya problemas, porque el PP está de acuerdo con la muerte digna que recoge el Estatuto de Autonomía. Casi sería sorprendente que no aprobáramos la propuesta. Tendría que haber escollos muy dramáticos", dijo Oña, que agregó que su partido apuesta "por alcanzar el máximo consenso posible". Con todo, manifestó que su grupo "siempre" espera "hasta el final" para decir el sentido de su voto.
Los populares se abstuvieron en la votación del dictamen sobre las enmiendas, que contó con el voto a favor de PSOE e IU.
La futura ley, primera que se aprobará en España sobre la materia, reconocerá el derecho de los ciudadanos andaluces a declarar su voluntad vital anticipada, que deberá respetarse tal y como se establece en el Estatuto de Autonomía. El proyecto, redactado con el acuerdo y las aportaciones de más de 60 colectivos, reconoce el derecho a recibir, o no si así lo desea el paciente, información clínica veraz y comprensible sobre su diagnóstico, con el fin de ayudarle en la toma de decisiones. También se regula el derecho del paciente a recibir tratamiento para el dolor, incluyendo la sedación paliativa y cuidados paliativos integrales en su domicilio siempre que no estén contraindicados. La persona afectada podrá igualmente rechazar o paralizar cualquier tratamiento o intervención, aunque ello pueda poner en peligro su vida.
