Las familias no podían pensar que sus hijos sufrirían abusos sexuales
La Iglesia católica tiene en sus manos, desde hace siglos, buena parte de la educación de la infancia, la adolescencia y la juventud. Durante ese tiempo, millones de familias han depositado su confianza en los colegios religiosos, a los que han encomendado el desarrollo intelectual y la formación de la conciencia moral de sus hijos, convencidos de que iban a recibir una adecuada educación en valores éticos y en actitudes morales, acordes con el evangelio y con el ideario confesional de los centros. Han dejado en manos de las parroquias la educación en la fe y la iniciación sacramental de los niños y adolescentes con la seguridad de que los sacerdotes contribuirían a orientarlos por la senda del seguimiento de Jesús.
Han canalizado la vocación de sus hijos enviándolos a los seminarios regidos por el clero diocesano o por congregaciones religiosas con la confianza de que encontrarían allí una verdadera familia que los acogiera y les diera un trato humano afable. El propio Estado ha canalizado la atención a personas con limitaciones físicas y psíquicas a través de instituciones religiosas especializadas, convencido de que dedicarían sus mejores energías y su profesionalidad al cuidado de los colectivos humanos que no podían valerse por sí mismos, a su rehabilitación e integración social.
A dichas familias y al propio Estado ni siquiera se les pasó por la imaginación que esa confianza pudiera ser traicionada hasta llegar a los brutales y reiterados abusos sexuales que ahora estamos conociendo y que cada día que pasa adquieren dimensiones más dantescas. Pero, tristemente, así ha sido: la confianza se ha tornado indignación, rabia, impotencia, y las víctimas, tras años –e incluso décadas– de silencio por miedo a represalias, han dado a conocer los hechos, han puesto rostro, nombres y apellidos a los clérigos pederastas y los han llevado a los tribunales de justicia, que no siempre han demostrado la eficacia que cabía esperar e impuesto las penas que merecían.
Las víctimas, finalmente, han denunciado también los hechos ante las autoridades eclesiásticas (párrocos, obispos, arzobispos, cardenales, congregaciones religiosas, Vaticano…), quienes durante mucho tiempo hicieron oídos sordos, unas veces no escuchando a los denunciantes, otras negando los hechos, otras ocultándolos y, en la mayoría de las ocasiones, resistiéndose a colaborar con la justicia y poniendo trabas a la investigación. Preferían proteger a los pederastas del peso de la ley imponiendo un ominoso silencio sobre los hechos delictivos y trasladándolos a otro destino, donde algunos volvían a delinquir.
Los clérigos abusadores no solo defraudaron la confianza de las familias, sino que utilizaron su situación privilegiada, su supuesta aura de ejemplaridad, el prestigio de la institución y el peso de lo sagrado para abusar sexualmente de sus víctimas, personas especialmente vulnerables e indefensas, con nocturnidad, alevosía e impunidad, y con la protección, al menos tácita, y el silencio cómplice de las jerarquías eclesiásticas, incluidas las del Vaticano.Corruptio optimi pessima.
Los medios de comunicación, generalmente los no confesionales, están prestando un excelente servicio al conocimiento y esclarecimiento de los hechos. Son ellos los que han roto el silencio que se cernía sobre tamaños actos criminales, los que recogen los dramáticos y estremecedores testimonios de las víctimas y los que están dando publicidad a las sentencias condenatorias. Solo entonces, y forzados por la veracidad de las informaciones, el Vaticano y algunos dirigentes eclesiásticos locales han decidido hablar, reconociendo al fin los hechos, pidiendo perdón, asumiendo la responsabilidad en el encubrimiento y, en algunos casos, dimitiendo de sus cargos.
¿Asumirá también su responsabilidad y dimitirá Benedicto XVI, señalado con el dedo, desde muchos frentes, como silenciador, encubridor y cómplice de algunos actos criminales que él mismo ha condenado?
¿Qué dice la cúpula de la Conferencia Episcopal Española (CEE) sobre los casos de pederastia producidos en España desde hace siete décadas? Mientras otros episcopados de todo el mundo han pedido perdón a las víctimas, la CEE guarda silencio. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo?
