Sin embargo, la ley orgánica se queda corta y respeta silenciosamente el tabú de la financiación de la Iglesia católica.
EL Gobierno sigue teniendo un pie siempre listo para introducirlo en un charco. Quizá sea un síntoma de vitalidad. O de senectud, no sé. Cuando no hay charco a la vista lo fabrica y un segundo después se le oye chapotear alegremente para regocijo de sus difamadores. Unos y otros ríen; el Gobierno por tener un charcal; los detractores por disponer de más metralla para llenar sus cargadores. La futura ley orgánica de Libertad Religiosa es lo más parecido a un charco artificial. El Gobierno se prepara para tramitar en la Cortes una ley tremendamente lógica y justa (pero insuficiente e inoportuna) que regula la presencia de los símbolos religiosos en los espacio públicos y limita la presencia de autoridades en las celebraciones litúrgicas confesionales. El borrador contiene artículos que constriñen el protagonismo religioso en los actos civiles. Por ejemplo, "los actos y celebraciones oficiales (sobre todo los funerales de Estado) organizados por los poderes públicos se llevarán a cabo de forma que no integren ceremonias de carácter religioso". Aunque ya estaba establecido por una sentencia de los tribunales europeos, el proyecto prohíbe la presencia de crucifijos y otros símbolos en colegios y hospitales públicos. La participación de los militares en actos confesionales será voluntaria. Además, las compañías no tendrán que rendir honores a los santos. Nada de lo que contienen dichos artículos contraviene la Constitución. Al contrario, desarrolla su carácter aconfesional con una serie de pautas coherentes por más que resulten ofensivas a algunos practicantes religiosos.
Sin embargo, la ley orgánica se queda corta y respeta silenciosamente el tabú de la financiación de la Iglesia católica. No se trata de quitar prebendas pero sí de regularlas. La ley pasa de largo sobre la constitucionalidad de los acuerdos de 1979 que permiten, por ejemplo, que la Iglesia ingrese en exclusiva el 0,7% de la renta. La normalización de las ayudas que recibe la Iglesia es un punto crucial en una ley orgánica. Tanto si entendemos que vivimos en un Estado aconfesional (el que no está adscrito a ninguna confesión religiosa) como en un Estado laico (el que es independiente de cualquier organización o confesión religiosa). En ambos casos debe prevalecer las neutralidad por encima de simpatías o indulgencias.
Y por último, en el ámbito de las objeciones, está el asunto de la oportunidad. ¿Es procedente introducir en este difícil trance el debate sobre los símbolos religiosos? A mi juicio no. Las religiosas son discusiones que consumen mucha energía calórica que además puede contaminar con su pasión otros enredos donde la frialdad es un valor básico.
