Izquierda Socialista ha emitido un comunicado en el que reclama del Gobierno regional que investigue la situación legal en que se encuentra la Universidad Católica de Murcia, institución sobre la que planean serias dudas desde su misma creació
Desde la puesta en marcha de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), existen más que fundadas sospechas de que esta institución se encuentra en una flagrante ilegalidad que empieza por quién es su propietario; este hecho crucial fue cerrado en su día en falso al “autoconcederse su propiedad” a la Fundación San Antonio, o lo que es lo mismo, a Mendoza, cuando por ser una universidad de la iglesia debería ser del obispado, como reivindicó en su día Monseñor Reig Pla. Recordemos que la disputa entre el obispo y Mendoza la resolvió el Vaticano concediéndole la UCAM a Mendoza y “desterrando” al Obispo a Alcalá de Henares, ante la inhibición total de los poderes públicos que, teniendo mucho que decir, optaron por dar una injustificada callada por respuesta.
En sus inicios, sus muros impidieron conocer la realidad de lo que pasaba dentro, pero su crecimiento ha conducido a un enriquecimiento de su dueño, pero la masificación ha sacado hacia fuera numerosas irregularidades que nunca se han querido investigar.
Por todo ello, y con el fin de aclarar la situación en la que se encuentra la UCAM, y para que no se produzca una más que posible expansión ilegal de la misma, Izquierda Socialista (IS), tiene a bien dirigirse al gobierno regional para que realice las siguientes acciones que deben redundar en una mejora en la situación jurídica de nuestro Sistema Universitario, y del principio de igualdad y libre competencia:
Pedir a la Consejería de Educación los informes justificativos de la implantación de los títulos de Medicina y Derecho, en los que se deben recoger quiénes son los profesores, indicando aquellos que tienen título de doctor y que están a tiempo completo como exige la Ley.
Comprobar con la Seguridad Social de aquellos que dicen estar contratados a tiempo completo realmente lo están.
Revisar si existen incompatibilidades entre funcionarios públicos y quienes constan como profesores de la UCAM.
Estudiar la legalidad del convenio firmado entre el Servicio Murciano de Salud (SMS) y la UCAM.
Ver si la UCAM ha pagado, en tiempo y forma, las obligaciones económicas que tiene con el SMS, según el convenio firmado para las prácticas de Enfermería.
Verificar si la UCAM pretende impartir otras titulaciones y, sobretodo, si piensa expandir sus estudios hacia las enseñanzas primaria, secundaria y de Formación Profesional (FP). Desde IS consideramos que no es adecuado que una universidad sectaria, en el sentido etimológico de la palabra, extienda su oferta a esos niveles educativos por su gran sensibilidad, al tratarse de estudiantes jóvenes susceptibles de manipulación.
Finalmente, rogamos que los datos que se deriven del estudio que proponemos, se pongan en manos del Consejo Interuniversitario y de la Sociedad que, con sus fondos, a través de la Comunidad Autónoma o los ayuntamientos de Murcia y Cartagena, ha subvencionado parcialmente a la UCAM.
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