El colectivo demandó ayer que la Iglesia pague el Impuesto de Bienes Inmuebles y asegura que «no existe» una demanda social para la reforma de la Ley del Aborto de Gallardón
«Avanzan los movimientos a favor de la laicidad, pero los políticos no hacen todo lo que deberían hacer. La Conferencia Episcopal está ganando posiciones y pretenderá cobrar favores». Alternativa Laica presentó ayer en el Palacio de Benacazón su informe anual correspondiente a 2012, un balance que en esta ocasión ha dado protagonismo a la «corriente de petición pública» que demanda que la Iglesia pague el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), como aseguró Yolanda García, coordinadora del colectivo. En este sentido, aseguró que la Iglesia «no puede estar por encima del bien y del mal en esta época de crisis, todos tenemos que contribuir».
Pero este documento también refleja las reformas del Gobierno central de Mariano Rajoy en la Ley del Aborto y la Ley Educativa. Alternativa Laica, como pusieron de manifiesto, considera que «no hay una demanda real» para los cambios que propone el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en relación a la interrupción del embarazo. «Ahora mismo contamos con una ley de plazos, más o menos acorde con el resto de legislaciones de los demás países europeos, pero no hay una demanda real para que se produzca este retroceso».
El colectivo también quiere dar un toque de atención al ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, porque están preocupados por el tratamiento que se dará a la asignatura de Religión dentro de las escuelas. La coordinadora se mostró contraria a que el Ejecutivo central quiera dar a estos estudios «más relevancia» de la que tienen. «Actualmente es evaluable con una nota que no cuenta para nada mientras que la propuesta del ministro de Educación es que compute para hacer media del expediente y esté en el mismo nivel del resto de asignaturas».
Además, Alternativa Laica considera que los poderes públicos «no deberían estar siempre del lado de la misma confesión religiosa» y de ahí que sigan estando en contra de que los políticos desfilen en las procesiones o juren sus cargos ante un crucifijo. En este sentido, recordaron la visita que realizaron la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, a Roma para la canonización de Juan de Ávila y también cómo todos los años piden a los representantes políticos que no participen en la procesión del Corpus, que «lo hagan a nivel personal».
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