La llamada “Ley Wert” debería ser conocida como “Ley Wertgüenza”. Y no solo ni principalmente porque constituye un ataque frontal y sin precedentes a un modelo pedagógico de inmersión lingüística como el que se lleva aplicando en Cataluña desde hace más de treinta largos años, sin ningún problema, con el beneplácito prácticamente unánime de la comunidad educativa e incluso con el reiterado elogio de un organismo tan prestigioso como la Unesco, que lo ha puesto como ejemplo y modelo a seguir. Con ser esto ya de una gravedad enorme, tan enorme que en Cataluña ha concitado un rechazo casi unánime y ha dado de nuevo argumentos a quienes ahora se plantean la independencia como única solución posible para el mantenimiento de la identidad nacional catalana, lo más grave de este proyecto de ley es su extraordinaria carga ideológica, de un tono no ya uniformista y conservador sino descaradamente reaccionario.
Como ocurre con la contrarreforma de la ley del aborto planteada por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, el proyecto de nueva ley de educación aprobado ya por el consejo de ministros a propuesta del ministro José-Ignacio Wert revela una pulsión reaccionaria que puede suponer un retroceso de décadas en el conjunto de la educación de nuestro país. De entrada, al suprimir la Educación para la Ciudadanía y devolver a la mal llamada asignatura de Religión –debería ser denominada Catequesis Católico-Romana, ya que de esto se trata y sus profesores, aunque pagados por el Estado, están sometidos a la jerarquía de esta confesión religiosa- el carácter de materia troncal y con el mismo valor académico que las restantes asignaturas, se da de bruces con el carácter aconfensional del Estado fijado por la Constitución, retrotrayéndonos a los años de la dictadura fascista del general Franco, esto es a la época de aquel nacional-catolicismo que creíamos definitivamente superados. Pero no se trata solo de esto. Este infumable proyecto de ley nos retrotrae también a aquellos funestos años de la historia de nuestro país por su concepción uniformista y centralista, de imposición pura y dura de los temarios de todas las materias troncales sin tomar en consideración las distintas identidades que configuran la evidente pluralidad de lenguas, culturas, historias, geografías, tradiciones y costumbres que, por mucho que disgustan a los ultranacionalistas españolistas, existen en esta realidad diversa que sigue siendo España.
Si añadimos a todo esto el trato privilegiado dado a la enseñanza privada y el menosprecio claro demostrado hacia la educación pública como instrumento básico para conseguir la necesaria cohesión social y una efectiva igualdad de oportunidades, la imposición de exámenes de reválida concebidos como criba que dificulte el acceso a la educación superior de los sectores económicamente más débiles, solo nos queda constatar la Wertgüenza de un proyecto de ley que nunca debería entrar en vigor.
Jordi García-Soler es periodista y analista político
