Hasta ahora, ningún Gobierno, tampoco el de Aznar, había legislado a satisfacción plena de los obispos
La toma de poder ha sido ocupación preferida de las jerarquías cristianas desde que Constantino hizo del Cristianismo la religión oficial del imperio a cambio de servirle para doblegar a revoltosos. En premio, el emperador se empleó a fondo (y con fuerza bruta) para derrotar al obispo Arrio e imponer la idea de que Jesús era hijo de Dios y él mismo Dios. Modernamente, tras perder el poder terrenal salvo el minúsculo Estado del Vaticano, que fue un regalo del dictador Mussolini —a cambio, hubo también servidumbres, no la menor la de alabar Pío XI al líder fascista como “un enviado a nosotros por la Divisa Providencia”—, la jerarquía católica actúa mediante un método que los trotskistas popularizaron como entrismo, es decir, formando a minorías selectas destinadas a dirigir la vida pública entrando en los grupos que detentan el poder.
En la España moderna, el programa entrista consta por escrito en un boletín de la poderosa Asociación Nacional de Propagandistas Católicos (ahora ACdP, sin la palabra Nacional), de enero de 1950: “Nos interesa el jefe de una empresa, el director de un periódico, el hombre que se dedica a la vida pública; hoy, subsecretario, mañana, ministro. Con un fin, y es que sirvan a Dios y sirvan a la Iglesia, muy atentos a los consejos de Roma”. Marcelino Oreja, el ministro que en 1976 y 1979 firmó en el Vaticano la reforma del Concordato franquista de 1953, consolidándolo aunque con el nombre melifluo de Acuerdo, fue ejemplo perfecto de propagandista, a la manera en que los quería el cardenal Herrera Oria.
El Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede de 3 de enero de 1979, sobre Enseñanza y Asuntos Culturales es el que permite (pero no obliga) al Gobierno Rajoy ceder a los obispos cuanto le pidan. Dice el artículo dos: “Los planes educativos incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los centros de educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales. Dicha enseñanza no tendrá carácter obligatorio para los alumnos. Se garantiza, sin embargo, el derecho a recibirla”.
Hasta ahora, ningún Gobierno, tampoco el de Aznar, había legislado a satisfacción plena de los obispos, empeñados en que su asignatura de catolicismo debía tener la misma categoría que, por ejemplo, las Matemáticas, y contar por tanto, para sacar nota media, para repetir, incluso para obtener una beca. Rajoy se lo da ahora, en plenitud, los dioses saben a cambio de qué servidumbre episcopal. Ya les regaló en 1998, cuando el hoy presidente era ministro de Educación con Aznar, nada menos que el meter en plantilla del Ministerio de Educación a los decenas de miles de profesores que hasta entonces cobraban de los obispos porque actuaban como sus catequistas. Rouco se ha salido con la suya.
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