Máster en chanchullos por la Universidad Católica

• Apalabraron su llegada al Centro Príncipe Felipe con el entorno de Camps
• El ex jefe del Consell participó en un máster de investigación como docente
• La Católica de Murcia recibió 50.000 m2 de suelo público, cortesía del PP
• Compite con una 'empresa fantasma' por hacer un hospital en Valencia y gana

Aunque en la oferta de titulaciones de la Universidad Católica no constan estudios sobre el trato y la relación institucional con las Administraciones públicas para abrir facultades prácticamente sin coste económico, lo cierto es que lleva a cabo la tarea con unas probabilidades de éxito desconcertantes. Su expansión por un territorio es prácticamente viral y, a menudo, inicia su actividad aun sin haber recibido autorización oficial o sin haber entregado la documentación necesaria.

El último episodio del que ha tenido noticia ELMUNDO.es ocurrió durante los años 2011 y 2012, cuando se produjo un acercamiento interesado de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir (UCV) al Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) con un propósito terrible.

Terrible, ahora se sabrá por qué. En varias reuniones con los responsables del centro de distintas directivas, los representantes de la institución académica tantearon la posibilidad de establecer una colaboración permanente que permitiría a la universidad disponer libremente de parte del espacio y del equipamiento técnico del centro. Lo terrible: que era a cambio de nada. La Católica se propuso ser las alas del CIPF cuando el CIPF ya tenía la cara a un palmo del suelo.

En el convenio que se presentó, Juan Morote, como gerente de la Católica, planteaba (julio de 2012)_a la entonces directora, Rosa Valenzuela, las condiciones que regirían el acuerdo entre ambas instituciones. Más que un contrato, lo que la Católica solicitaba era la firma de una carta de privilegios. El CIPF cedería una de las torres de 540 metros cuadrados, con dos laboratorios de 250 metros cuadrados cada uno, y varios laboratorios ubicados en el sótano.

En ningún caso se especifican cantidades de arrendamiento. Esto es: la UCV iba a disponer de la novena parte del espacio total del CIPF (3 torres de 3 plantas), más las salas que quedarían a su disposición, por lo que el acceso de los investigadores del CIPF quedaría si no restringido, limitado. Además, en una cláusula especialmente llamativa —"[…] la UCV_tendrá capacidad de arrendamiento de equipos tecnológicos"— la universidad aún podría obtener beneficio del subarriendo del equipamiento tecnológico del CIPF a terceros. Tampoco se haría cargo del coste de los servicios generales (luz, agua, limpieza, seguridad…). Para esto ya estaba el CIPF.

La propuesta fracasó porque la entonces directora general del complejo, Rosa Valenzuela, calificó las cláusulas de "abusivas" y consideró que los fines de la Católica se alejaban demasiado de la estrategia que su equipo había definido. En cualquier caso, la Ley de Fundaciones impedía ofrecer suelo sin contraprestaciones. Las negociaciones continuaron, esta vez sin seguir el orden lógico, que hubiera sido escuchar las correcciones de la directora, Rosa Valenzuela, para que informara a su equipo y elevar después la propuesta y las conclusiones a Conselleria. Pero no.

La llegada de la Católica (fuentes de la junta de gobierno manifestaron el claro interés por las instalaciones, aunque prefieren no comentar nada relacionado con el convenio) a los laboratorios del CIPF se apalabró directamente con Presidencia. Una adherencia simpática que se explica por el ideario católico que comparten el ex jefe del Consell Francisco Camps y la universidad vinculada al Arzobispado de Valencia, por la que la UCV resultó también muy beneficiada en la cesión de terrenos de titularidad pública (más de una quincena de sedes en suelo valenciano), en su disputa con el CEU y en la homologación de títulos que en un primer momento el Gobierno le denegó (Medicina). El ex presidente Camps, tras ser forzado a dimitir en julio de 2011 por su procesamiento en el caso de los trajes, del que resultó absuelto, participó como docente en un máster universitario en formación en investigación académica.

Con el relevo en la dirección (el conseller de Sanidad Luis Rosado fue destituido, y con la llegada de su recambio, Manuel Llombart, también la máxima responsable del CIPF, Rosa Valenzuela), la Católica vio el camino despejado para recuperar su ambicioso proyecto. Al frente del centro de investigación se situó Isabel Muñoz, miembro de la junta de gobierno de la Católica. Con ella se produjeron más despidos, que se sumaron a los del ERE, y aún hoy se desconoce un plan de viabilidad creíble que permita la pervivencia del que en su día fue el centro de referencia en investigación biomédica de la Comunidad Valenciana.

Según algunas fuentes, la Católica, tras ver complacido su anhelo de entrar en el CIPF con sus condiciones (una lotería ganadora sin número), su propósito sería acaparar el servicio de diagnósticos patológicos para proveer a clínicas y hospitales. Además, la UCV tiene intención de levantar un hospital en la zona de Campanar. Acudieron dos interesados a la convocatoria. La otra firma (se desconoce cuál) abandonó a última hora. Fuentes municipales del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia confirmaron a ELMUNDO.es que el nombre no se podrá consultar hasta que el expediente llegue a la mesa de contratación, siempre que el equipo de Gobierno quiera.

50.000 metros como estímulo al emprendimiento

Otro de los casos en los que la Administración benefició a la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) ocurrió en Sant Joan. El gobierno local cedió 50.000 metros cuadrados de suelo público sin contraprestaciones. Además, la UCAM pretendía ampliar su campus negociando personalmente con los propietarios de los terrenos que lindan con la parcela regalada.

También en Alicante, la Conselleria de Agricultura puso en manos de la Universidad Católica de Valencia el control de la investigación pesquera, que hasta ese momento coordinaba el Instituto Ecológico Litoral de Alicante. A pesar de que el convenio encareció los trabajos de investigación (de 54.000 a 170.000), a la UCV le resultó muy ventajoso el trato del Gobierno valenciano para conseguir créditos en uno de los títulos que acababa de incorporar a su oferta: Ciencias del Mar.