Solo el Navarra han sido inmatriculadas más de 1200 propiedades por la Iglesia. Las comunidades tratan de contabilizar los inmuebles adquiridos tras estos privilegios fiscales

“La Iglesia es un paraíso fiscal”. Así valora Juanjo Picó, responsable de comunicación de Europa Laica, los diferentes privilegios que el Estado español otorga a los eclesiásticos. Aunque algunos de estos beneficios se remontan décadas, incluso predemocráticas, es ahora, cuando la crisis ha dejado las arcas municipales tiritando, cuando numerosos pueblos españoles se han topado con la congregación religiosa y el derecho que la ampara. Varias regiones han descubierto que algunas propiedades que creían de su patrimonio, en ocasiones construidas o conservadas por los propios vecinos, son ahora dominio de la Iglesia.

Pocos conocían el artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946 hasta ahora, que ha pasado a ser la causa de un auténtico revuelo. Esta ley, que amplió sus atribuciones con el gobierno de José María Aznar en 1998, legitima el poder de la Iglesia de inscribir como dominio suyo cualquier inmueble o terreno que no tenga propietario registrado. Cualquier ciudadano se vería obligado a acudir a un notario, pero en este caso la Iglesia se vale por sí misma, ya que un obispo puede ejercer como fedatario público, es decir, puede dar fe de este certificado de propiedad y hacerlo efectivo. Gracias a esta particularidad la Iglesia ha procedido a la inmatriculación de cerca de 1.200 bienes que se encontraban sin registrar desde 1998 hasta 2007.

Según ha descubierto la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, las inmatriculaciones son una práctica muy habitual para la curia. Precisamente esta organización fue la que destapó la polémica costumbre de la Iglesia de vincular a su nombre propiedades sin registrar. Tras un proceso parlamentario, en Navarra han logrado que se realice un inventario de los bienes pertenecientes al arzobispado de Pamplona y obispado de Tudela y el resultado ha sido tan sorprendente como controvertido. Entre 1998 y 2007, además de lugares de culto, han pasado a sus manos fincas, terrenos de pasto, viñas, almacenes, viviendas, trasteros, etc. La lista de propiedades de las que se ha adueñado la Iglesia supera el millar de terrenos, muchos sin ningún fin religioso. “Extienden a lugar de culto todo tipo de propiedades”, asevera Picó, “de esta manera legitiman el registro de cualquier terreno”.

Lo mismo ocurrió en Aragón, donde buscaron hasta con tres preguntas parlamentarias en el Congreso el listado de bienes adjudicados a la Iglesia. No se obtuvo resultado. La respuesta del Ministerio de Justicia a la consulta del diputado Chesús Yuste, miembro del partido nacionalista aragonés Chunta Aragonesista, fue tajante: “En el Ministerio de Justicia no se dispone de dato alguno relativo a la inmatriculación de bienes a favor de la Iglesia Católica al tratarse de una cuestión ajena al ámbito de sus competencias”. Esta es la primera traba con la que se ha encontrado la comunidad, que ha paralizado todo el proceso por considerar que hacer dichas averiguaciones es como “buscar una aguja en un pajar, tendríamos que consultar finca por finca”, asegura Jorge García, portavoz de Movimiento Hacia Un Estado Laico de Aragón. “El hecho de que una religión tenga atribuciones estatales es contradictorio e ilegítimo”, añade. García cree que este ocultismo de los datos supone una barrera importante. “Es una trampa”, asegura García, “existen intereses enfrentados y una gran falta de transparencia”.

"La mayor propietaria de España"

En este asunto, la Conferencia Episcopal Española remiten al monográfico sobre su financiación, aunque los datos más recientes que ofrecen son de 2010. “No tenemos constancia de los conflictos sobre IBI o inmatriculaciones”, se limitan a asegurar, y añaden que no es un tema de su competencia "sino de la diócesis correspondiente”. Así mismo, Isidro Catela, director de la Oficina de Información de la CEE, sostiene que los privilegios son “una medida de incentivo fiscal con la que el Estado reconoce las actividades de interés general que realizan muchas instituciones”, y considera que “es lógico que el Estado promueva e incentive, también fiscalmente, a quienes trabajan a favor del bien común.”

“La Iglesia Católica es la mayor propietaria en España, incluso por encima del Estado”, asegura Picó. Entre sus inmuebles se encuentra la Mezquita de Córdoba, declarada patrimonio de la humanidad, que ha sido inmatriculada, con el coste mínimo de tasas notariales. Sin embargo, para visitar este edificio hay que pagar entrada,  “con lo que recaudan hasta ocho millones de euros anuales”, cuenta el responsable de comunicación de Europa Laica.

En Guipúzcoa, el obispo ha registrado el solar de la catedral del Buen Pastor a su nombre, a pesar de haber sido un terreno cedido para la construcción del edificio en un acuerdo en 1887, donde quedaba claro que la propiedad del suelo era municipal y que, en el supuesto de que la Iglesia abandonase el uso, volvería a manos del ayuntamiento.

En una batalla legal se vieron envueltos también los vecinos de Ribadulla, una aldea gallega donde el Obispado de Lugo ha puesto en venta el terreno en el que se erige la pequeña capilla, que ellos mismo han conservado y financiado. Ante la negativa de los vecinos, el obispo les ha denunciado, además de dejarles durante cuatro meses sin misa. Algo parecido sufrieron los residentes de Lerga, Navarra, cuando en septiembre de 2011 el Obispado trató de inmatricular la iglesia de Albaiz. Tras las reiteradas quejas de los vecinos, se rectificó y el edificio pasó a ser propiedad municipal.

Otro de los inmuebles registrados según este procedimiento, fue el Hogar del Peregrino en Pamplona, que el ayuntamiento de la localidad tuvo que comprarle a la Iglesia para recuperar su uso público. El coste de este inmueble sostenía cifras cercanas al medio millón de euros, además de 2.000 metros cuadrados de terreno para la construcción de una parroquia.

Archivos de imagen relacionados