Resulta curioso, en vistas de la grave situación que, de insumos y de personal, enfrenta el sistema de salud pública de la Ciudad, que el Estado destine fondos a sostener a miembros de un culto específico con el objetivo nominal de prestar asistencia religiosa sólo a determinadas personas.
En el día de hoy la Diputada del Movimiento Evita (FPV), María Rachid, presentó un proyecto de Ley que tiene por objeto garantizar el carácter laico del Estado de la Ciudad de Buenos Aires en lo relativo al empleo público y a la asistencia espiritual, psiquica y moral de las personas en circunstancias de encierro, internación o movilidad restringida en general.
Mediante este proyecto de ley se pretende terminar con una práctica que atenta contra el carácter laico del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. La presencia de representantes religiosos/as de la iglesia católica empleados/as por el Estado de la Ciudad de Buenos Aires en su carácter de tales, bajo consignas de brindar apoyo espiritual en hospitales, fuerzas de seguridad, o bajo cualquier otro pretexto, constituye una grave afrenta al principio de laicidad del Estado y libertad religiosa. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires les paga el sueldo a representantes de un solo culto religioso para que brinden asistencia espiritual, en detrimento de otros cultos o creencias y muchas veces imponiendo asistencia religiosa a quien no la solicita y/o necesita. Por la normativa citada, la CABA designa a los capellanes que cumplen dicha tarea en su planta permanente, cobrando un sueldo mensual de, aproximadamente $ 5.000, y se les garantiza "alojamiento independiente y amueblado", "atención doméstica a cargo de los servicios generales del establecimiento" y "alimentación, aseo y planchado de ropa".
Resulta curioso, por cierto, en vistas de la grave situación que, en materia edilicia, de insumos y de personal, enfrenta el sistema de salud pública de la Ciudad, que el Estado destine fondos a sostener a miembros de un culto específico con el objetivo nominal de prestar asistencia religiosa sólo a determinadas personas.
Es tal el privilegio de la Iglesia Católica, que son los capellanes designados como empleados públicos quienes tienen la autoridad dentro de los hospitales porteños para autorizar a los/as representantes de otros cultos a brindar asistencia espiritual a los/as pacientes. En tanto que las religiosas tienen, entre sus funciones, la de "velar por el mantenimiento de la moral dentro del establecimiento".
Con esta iniciativa no se busca eliminar la posibilidad de que una persona pueda acceder a la asistencia espiritual o religiosa, sino que se busca que, en el marco de la libertad religiosa, todos/as los/as que lo soliciten puedan ejercer su derecho a recibir esa asistencia de la religión o culto en el que crean y no se les imponga ninguno.
Varios representantes de diversas religiones se expresaron sobre este tema en diversas oportunidades. Por ejemplo el pastor Lisandro Orlov, de la Iglesia Evangélica Luterana, quien ha dicho: «Entramos, pero no tenemos un espacio institucional. Puedo ir en el horario de visita. Es inaceptable. Va contra el respeto de la diversidad de identidades religiosas. Tendría que haber un acompañamiento ecuménico de los pacientes (…) Pediría que no tengan sueldo los capellanes, porque ser empleados del gobierno porteño les quita libertad frente al compromiso con el paciente. Como cualquier médico del sistema público; no pueden hacer declaraciones públicas si ven injusticias».
En tanto, el rabino de la Comunidad Bet El, Daniel Goldman, ha expresado claramente: «Me opongo a que el Estado tenga que mantener determinadas tradiciones religiosas. No debe sostener a ninguna».
En el mismo sentido, el Profesor de la UBA y de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Juan Esquivel, ha dicho: «La presencia de capellanes en hospitales públicos es un eslabón más de la larga cadena que sujeta al Estado con la Iglesia Católica argentina (…) Todos los argentinos y las argentinas contribuimos a través de nuestros impuestos para el sostenimiento de estos sacerdotes católicos (…) No se trata de prohibir la asistencia espiritual en los hospitales públicos, sino de implementarla cuando surge la petición de un/a interesado/a en pleno uso de la libertad de conciencia».
La legisladora porteña dijo: “El estado laico es uno de los elementos de la organización socio-política actual indispensable para que las sociedades modernas, caracterizadas por su creciente pluralidad y diversidad, se desarrollen en un marco de libertad y convivencia pacífica. En aquellos países donde el mismo está legislativamente reconocido y es llevado a la realidad diariamente, sus principios se han convertido en los garantes de un régimen social de convivencia con instituciones políticas legitimadas por la soberanía popular y ya no por medio de dogmas y elementos extraídos de la religión”
Y agregó: "Este proyecto pretende preservar el carácter laico del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, garantizando al mismo tiempo la libertad de conciencia y el derecho a la asistencia religiosa, espiritual, filosófica o moral de todas aquellas personas que por uno u otro motivo se encuentran en una situación de movilidad restringida, en forma mucho más amplia de lo que hoy ocurre, al establecer que ninguna organización religiosa, filosófica o moral se encuentre en una posición de privilegio que le permita restringir el ejercicio de este derecho o imponer sus dogmas".
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