42 propiedades del Obispado y 30 del Ministerio de Defensa no pagan este impuesto en el municipio
En el pasado mes de junio el pleno ordinario de La Laguna trató una moción defendida por Juan Miguel Mena, concejal de Sí se puede, en la que se solicitaba que se iniciaran medidas para proceder al cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a todas aquellas entidades que actualmente no lo pagan, quedando exentas aquellas que tienen fines sociales, educativos o religiosos.
Ante el rechazo mostrado a esta propuesta por parte de CC, PSOE y PP, los ecosocialistas laguneros decidieron solicitar un censo de propiedades que actualmente no tributan por el IBI en el municipio. De este censo se desprende que actualmente el Obispado posee 42 propiedades con diversos usos que no pagan este impuesto, con un valor catastral de 19.833.745,81 euros.
Entre los usos de estas propiedades nos encontramos 5 propiedades destinadas a obras de urbanización por valor de 1.048.523,09, 3 propiedades industriales por valor de 517.206 euros y oficinas con un valor catastral de 1.114.379 euros.
El Ayuntamiento alega que se deben acoger a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, así como el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Desde Sí se puede consideran que la aplicación de estas normativas en este tipo de propiedades que pueden generar beneficios económicos no se ajusta a la legalidad, que por otra parte por sus características no deberían tampoco acogerse al acuerdo con la Santa Sede sobre Asuntos Económicos de 1979.
Mena considera que “si el obispado tributara por estos casi 20 millones de euros en propiedades se obtendrían unos interesantes recursos para el municipio, que ahora mismo no se están cobrando, significando un trato diferenciado difícil de explicar ante el conjunto de la ciudadanía”. El concejal cree que el Ayuntamiento ha optado por aplicar la exención del pago de este tributo a todas estas propiedades “sin realmente conocer a que están dedicadas o si las mismas tienen algún fin que pueda acogerse la legislación actual”, resaltando que “esto no sucede en otros obispados donde estas propiedades que no deberían acogerse a estas leyes si tributan”.
El edil ecosocialista recuerda que este caso no queda reducido sólo al Obispado ya que existen también más de 30 propiedades del Ministerio de Defensa con un valor similar, que aunque la legislación actual permite que queden exentos creen que “desde los municipios se debe reclamar que se pague por los mismos como compensación”.
Desde Sí se puede consideran que es necesario que se estudie nuevamente la fórmula que se ha seguido a la hora de aplicar las exenciones en el cobro del IBI, ya que en el momento actual todos los ingresos se hacen necesarios para mantener los servicios básicos municipales.
