Golpe a golpe, esta derecha ultramontana está arrasando con las bases de una sociedad moderna que lideraba en Europa la defensa de los derechos laborales y sociales
José Ignacio Wert se ha convertido en la estrella de la división acorazada mediática del país. Cuando fue nombrado ministro, parecía que iba a representar el ala más liberal del Gobierno. Pero no ha sido así. Al contrario. Desde el primer día, ha añadido el calificativo ultra a su liberalismo de tertulia radiofónica.
Dos de sus primeras hazañas le granjearon la simpatía de los sectores más reaccionarios de la derecha: la anulación de la asignatura Educación para la Ciudadanía y las subvenciones a los colegios concertados (ultra) religiosos que segregan a sus alumnos por sexo. Su última proeza ha sido afirmar que los niños catalanes necesitan ser españolizados.
Estas decisiones de Wert no son fruto de la casualidad o de su inexperiencia política. Él mismo ha reconocido que no improvisó su andanada anticatalanista. Y días después afirmó: “No rectifico ni una coma”.
Bajo el paraguas de la crisis, el Gobierno del PP está introduciendo profundos cambios que afectan a todos los ámbitos de la vida española: la reforma laboral, que entrega todo el poder al empresario; la recentralización del modelo autonómico; las reformas que desvirtúan el derecho al aborto y endurecen el Código Penal… Pero lo más peligroso son las reformas ideológicas en la educación.
Como afirma Wert, nada es improvisado. Forma parte del programa oculto que se fragua en la FAES de Aznar. Golpe a golpe, esta derecha ultramontana está arrasando con las bases de una sociedad moderna que lideraba en Europa la defensa de los derechos laborales y sociales.
El control casi absoluto que ejerce en el Estado el PP, tras las elecciones autonómicas, municipales y generales, al que suman el apoyo incondicional de buena parte de los medios de comunicación, públicos (tras el asalto a TVE) y privados, hacen casi imposible que se pueda plantar cara a esta oleada ultraconservadora.
Por ello, es importante observar lo que sucede en reductos como el andaluz, donde gobierna una coalición de izquierdas. El Gobierno de José Griñán, al que no le queda más remedio que cumplir con determinados mandatos de Madrid (ajuste del déficit), intenta dañar lo menos posible en sus ajustes los dos pilares del Estado de bienestar, la sanidad y la educación.
En ese sentido, el Gobierno andaluz contrarresta la ofensiva conservadora con medidas aparentemente menores, pero que tienen un gran simbolismo en estos tiempos. En primer lugar, y en el uso de sus competencias, recuperando las partes que Wert censuró del contenido de la antigua Educación para la Ciudadanía. Así, los niños andaluces podrán seguir estudiando la división social y sexual del trabajo y los prejuicios sociales, racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos que imperan en la sociedad.
Y frente al revisionismo centralista y reaccionario de la historia, según la cual Franco no fue un dictador, la Junta prepara una Ley para la Recuperación de la Memoria Democrática en Andalucía, que permitirá el estudio en los institutos de la II República, la sublevación militar fascista del 36, o la larga dictadura franquista.
Al tiempo, se aprobarán unas ordenanzas según las cuales los Ayuntamientos que incumplan la vigente Ley de la Memoria Histórica de 2007, y no retiren los símbolos franquistas de sus municipios, dejaran de percibir ayudas y subvenciones de la Junta.
Porque la eliminación de los nombres de calles y plazas de personalidades como García Lorca (caso de Berja, Almería) son algo más que una anécdota. Son el reflejo que llega a los alcaldes de remotos pueblos de que en la España del PP, en esta Wertlandia de pacotilla, se vuelve al pasado.
